Ahora que al sistema de enjuiciamiento penal le quedan unas pocas semanas de vigencia, el procurador general de la Corte Suprema de la provincia, Jorge Barraguirre, encomendó a los 44 fiscales a su cargo que enfoquen su trabajo en tres líneas de investigación: el origen y circulación de armas de fuego en la sociedad civil, el accionar de los violentos del fútbol y sus relaciones con el delito organizado, y las denuncias contra policías por enriquecimiento ilícito. Les ordenó que no trabajen los expedientes por separado, sino entrecruzando y acumulando causas vinculadas para que un árbol no les tape el bosque. "Considero que en estos tres temas está buena parte de la base de todas las economías delictivas que dan sustancia a la Justicia penal", explicó el jefe de los fiscales que desde el 10 de febrero irán dejando lugar paulatinamente al nuevo Ministerio Público de la Acusación.

ARMAS

El procurador firmó el 27 de diciembre la Instrucción 74, por la cual encomienda a las fiscales de Cámara Liliana Lauxmann, en Santa Fe, a María Eugenia Iribarren, en Rosario, y a los de las otras tres circunscripciones judiciales de la provincia dirigir el esfuerzo investigativo en poner especial atención a la procedencia de las armas de fuego secuestradas en los procedimientos policiales que lleguen a cada fiscalía, y sacar conclusiones acerca de cómo y de qué manera circulan de mano en mano, en la calle. Esto supone dedicarle atención fiscal a la actividad de "armeros artesanales" que operan en la clandestinidad vendiendo o alquilando, pero también las armerías legales, ante la posibilidad de que alguna tenga vínculos con el mercado negro.

La resolución manda a implementar una línea telefónica gratuita y buzones para denuncias anónimas en las fiscalías y en instituciones civiles de los barrios con mayor incidencia delictiva. En la misma cuerda, insta a los fiscales a involucrar a las municipalidades, parroquias y templos de todo culto con inserción territorial. "El objetivo es generar una red de información propia, que hasta hoy el Poder Judicial no posee", dijo Barraguirre. Procura un dispositivo ajeno al entramado de "dateros" o soplones que la policía cultiva para hacer sus investigaciones.

El dictamen pide a los fiscales que entrecrucen la información sobre causas en las que aparecen policías como víctimas del robo de sus armas reglamentarias, y las relacionen con otros expedientes sobre homicidios o lesiones con armas de fuego. Es decir, que no sólo se ocupen de descubrir al delincuente, sino también de saber cómo y dónde consiguió la pistola. Asimismo, recomienda promover "juicios abreviados, suspensiones de juicio a prueba y otras salidas transitorias en casos de menor gravedad" para "direccionar las actividades investigativas hacia la detección y persecución de conductas de mayor gravedad relacionadas con el tráfico y comercialización de armas y municiones de origen ilegal". Esto es, no demorarse en las puntas de la cadena delictiva, si a cambio se puede avanzar hacia el proveedor del armamento.

También pide al Ministerio de Seguridad que le asigne 10 oficiales y equipamiento adecuado para reforzar el brazo investigador de las Oficinas Judiciales de Causas con Imputados No Individualizados de Santa Fe y Rosario. Esto en el nuevo sistema penal sería función de la flamante Policía de Investigaciones. Además, dispone establecer convenios con las universidades nacionales de Rosario y del Litoral para que sus especialistas realicen "análisis delictivo, inteligencia criminal y mapas del delito", también por fuera de la policía.

BARRABRAVAS

El mismo 27 de diciembre, el procurador también despachó la Instrucción 75, que apunta a dirigir el cuerpo de fiscales sobre las actividades de los miembros de las llamadas "barras bravas" de los principales clubes de la provincia.

La inquietud del funcionario por intervenir en las tribunas se forjó con distintos episodios que tuvieron a barrabravas como protagonistas. Desde la reventa de entradas en la hinchada de Colón, hasta los crímenes en Rosario del chico Walter Cáceres, de Roberto "Pimpi" Caminos, Maximiliano "Quemadito" Rodríguez o Juan "Chaperito" Bustos, pasando por la detención del jefe de la barra de Atlético Rafaela con medio kilo de cocaína.

En la instrucción 75, el procurador exhorta a sus fiscales a averiguar a través de los organismos públicos correspondientes los medios de vida y el patrimonio de los líderes de cada barrabrava, de sus familiares y allegados.

"Es evidente que la mentada pasión y el folklore que caracteriza al hincha de fútbol argentino deben encontrar un límite cuando pierden su esencia y se transforman en conductas delictivas, y cuando se los pretende utilizar como excusas para legitimar el accionar de grupos organizados y líderes cuyo fin primordial es obtener réditos y privilegios económicos que se encuentran al margen de la ley", argumentó Barraguirre.

El mandato del procurador centraliza la supervisión de este frente de acción en los fiscales de Cámara Guillermo Camporini, en Rosario, y Carlos Romero, en Santa Fe. Les pide que prioricen la investigación de causas originadas en hechos de violencia relacionados con barrabravas y que investiguen las denuncias de manera integral. Además, les encomienda que requieran a las comisiones directivas de los clubes información real sobre capacidad de estadios, cantidad de entradas vendidas y de las destinadas a protocolo e invitados. También Barraguirre quiere que Newell's, Central, Colón, Unión y Atlético Rafaela presenten sus tres últimos balances. Que expongan sin evasivas en qué estado tienen las videocámaras de seguridad y brinden con regularidad registros fílmicos de la hinchada.

El texto de la resolución conmina a tres fiscales santafesinos activar causas dormidas sobre esta temática, y manda en general a todos a que acumulen causas e interpreten el mundo de los violentos del fútbol por encima de los hechos individuales que llegan a sus despachos en forma de expedientes.

POLICIAS

La tercera línea investigativa que Barraguirre encomendó priorizar corresponde a la Instrucción 55, que expidió en octubre pasado, y señala un cúmulo de denuncias contra policías, muchos de ellos de alto rango, que no han sido desarrolladas por la Dirección de Asuntos Internos de la fuerza. El fiscal de Cámara Guillermo Camporini advirtió en agosto la inmovilidad de tantas denuncias, y con eso promovió la orden del procurador. Son 120 denuncias que en su mayoría refieren al incremento patrimonial presuntamente injustificado de varios jefes y suboficiales de distintas unidades regionales. Hay expedientes dormidos que se abrieron en 2004. En la lista aparecen nombres conocidos en la agenda periodística, empezando por la causa del ex jefe de policía Hugo Tognoli, en la que hay varios efectivos señalados. El procurador exigió información acerca del estado de esas denuncias que pasaron por Asuntos Internos y que, en su mayoría, no llegaron a ser investigadas por la Justicia.