Desde Santa Fe.

"No es que sea profeta, pero tenía razón". El juez Roberto Reyes (Correccional 8ª) se jactó ante la comisión de Acuerdos de la Legislatura -que trata su pliego de camarista- por haber anunciado que la policía no requería "órdenes precisas" de los funcionarios de Carlos Reutemann para reprimir la revuelta del 19 y 20 de diciembre de 2001 que dejó siete muertos y decenas de heridos en Rosario. La tesis exime de responsabilidad al ex ministro de Gobierno, Lorenzo Domínguez y al ex subsecretario de Seguridad Pública, Enrique Alvarez, quienes ya fueron absueltos en dos causas que se tramitaban en Santa Fe: una, a cargo del propio Reyes por la supuesta falta de pertrechos para reprimir y, la otra, en el juzgado de la jueza Alicia Doldán (Correccional 1ª) por presuntas omisiones funcionales.

Reyes pasó el jueves por el Senado para defender su ascenso a vocal de la Sala IV de la Cámara Penal de Santa Fe y explicar su actuación en las causas de diciembre trágico. Distinguió la responsabilidad penal, civil y política de los funcionarios, insistió que sólo se limitó a investigar si las fuerzas represoras tenían pertrechos y proyectiles de goma para reprimir y aclaró que no fue él sino la jueza Doldán la que indagó a Domínguez y Alvarez por la presunta omisión de órdenes a la policía. "La doctora Doldán llegó a la misma conclusión que yo había anunciado. No es que sea profeta, pero me dio la razón: que la policía, si tiene que actuar, no requiere instrucciones precisas de los funcionarios políticos", dijo Reyes, según la versión taquigráfica a la que accedió Rosario/12.

En la entrevista con el juez participaron cinco legisladores del PJ: los diputados Mario Esquivel -primo de Lole que preside la comisión- Danilo Kilibarda, Mario Lacava, Darío Scataglini y el senador Juan Carlos Mercier. Y uno solo de la oposición: el diputado del ARI, Aldo Strada. Los otros no asistieron.

La causa de diciembre trágico que involucró a los funcionarios de Reutemann es una obra de ingeniería judicial. Pasó por las manos de cuatro jueces -dos de Rosario y dos de Santa Fe-, la Corte Suprema dividió la competencia territorial para que los policías sean juzgados en Rosario y los políticos en Santa Fe y terminó pulverizada.

Comenzó cuando el juez de Rosario, Osvaldo Barbero (Instrucción 13ª) indagó a cuatro comisarios de la plana mayor de la Unidad Regional II por supuesto incumplimiento de órdenes, pero después se declaró incompetente. El segundo juez, Juan José Alarcón (Correccional 2ª) absolvió a los jefes policiales con el argumento que no podían cumplir una orden que no recibieron. "Mal se les puede atribuir el incumplimiento de órdenes que jamás existieron", dijo.

Y llegó hasta allí: declaró su incompetencia y despachó el expediente a Santa Fe para que se investigue a los funcionarios políticos.

Un ping pong entre Alarcón y Reyes terminó con un fallo de la Corte que ordenó seguir la causa al juez de Santa Fe. Reyes se limitó a investigar sobre los pertrechos, absolvió a Domínguez y Alvarez, pero no se privó del retruque a Alarcón. "Entiendo que jefes policiales de alta jerarquía -como los cuatro imputados y sobreseídos en la causa- deben tener suficiente preparación y entrenamiento para no necesitar instrucciones especiales de un médico como el ex ministro Domínguez o de un licenciado en Ciencia Políticas como el ex subsecretario Alvarez", afirmó en la sentencia.

Un incidente de recusación a Reyes llevó la causa -por primera vez- a la Sala IV de la Cámara Penal que ordenó investigar las órdenes y el plan represivo, pero como el juez ya había opinado se tuvo que excusar. Y así llegó a manos de la jueza Doldán, quien coincidió con la tesis de su antecesor y también absolvió a Domínguez y Alvarez. El fiscal Ricardo Favaretto no apeló ninguna de las resoluciones de los jueces santafesinos.

El jueves, en su paso por la Legislatura, Reyes insistió en la suya. "Yo dije que la Policía tiene suficiente capacitación, entrenamiento y conocimiento para actuar por sí misma, sin necesidad de indicaciones precisas sobre operatividad por parte de funcionarios políticos. Todos sabemos que para ingresar a la Policía, ascender y alcanzar la jerarquía de comisario general hay que hacer cursos. Los funcionarios políticos, ya sean ministro de Gobierno o subsecretario de Seguridad Pública, carecen de esos conocimientos, pueden ser médicos, abogados, ingenieros porque no necesitan pasar por la Escuela de Policía para llegar a esos cargos. Entonces ¿qué quiero decir? Que la Policía tenía suficiente capacidad, conocimiento y entrenamiento para actuar por sí misma, salvo que desde las altas esferas gubernamentales les bajen una orden de no actuar. Pero si tiene que actuar, sabe cómo hacerlo", insistió Reyes.

-Pero el 19 y 20 de diciembre de 2001 en Rosario hubo siete muertos -retrucó el diputado Strada.

-Entonces, estamos hablando de una responsabilidad política -replicó el juez.

-¿Y qué pasó en el medio? -insistió Strada. Reyes contestó con lo que Domínguez le había dicho en la indagatoria: "El ministro recomendó que se respetara a ultranza la vida humana. Por razones humanas, morales y políticas. Humanas, porque no se puede matar a nadie; morales, por lo que representa moralmente, y políticas porque al gobierno no le convenía que haya muertos".

Y en pasaje, Reyes se preguntó: "¿Se les puede reprochar a Domínguez y Alvarez no haberles dicho a la Policía 'no maten'?, más allá de que Domínguez insiste a ultranza que él dijo: 'Hay que respetar la vida humana'. Lo aclaró en su indagatoria y en los medios.

Me pongo a pensar si cada uno de nosotros, cuando le prestamos el auto a un hijo le recomendamos que no pase el semáforo en rojo, que respete al que viene por la derecha, al peatón que cruza", reflexionó el juez

-Porque sabe que lo tiene que hacer -contestó Kilibarda.

-Entonces, si un hijo comete un accidente de tránsito por una grave irresponsabilidad. Bueno, mío será el resarcimiento, pero no la responsabilidad penal -afirmó Reyes.

-Pero doctor, estamos hablando del Estado, no de su familia. Con su criterio, abrimos la mano a situaciones que nos han traído serios problemas, porque la Policía debe responder siempre al poder político, porque si no... -lo corrigió Strada.

-Debe responder de acuerdo a lo que legalmente corresponda, porque no siempre el poder político en cada caso particular le va a decir a la Policía cómo tiene que actuar. Es decir, no se puede pretender que el secretario de Seguridad Pública... -dijo Reyes. El murmullo de los legisladores tapó el final de la frase.