Mar 11.10.2005
rosario

SANTA FE

"Confiamos en que los ciudadanos no elijan un parlamento monocolor"

Carlos Favario es el candidato a diputado nacional por el
PDP. Confía en ser elegido para garantizar "una representación
pluralista". Criticó la "obsecuencia inadmisible" de Reutemann.

› Por Alicia Simeoni

El primer candidato a diputado nacional por el Partido Demócrata Progresista, Carlos Favario, confía en obtener un lugar entre las 9 bancas de diputados que se elegirán entre los candidatos santafesinos. "Entre las dos fuerzas mayoritarias -dice- una es incondicional del Presidente Néstor Kirchner y la otra plantea una oposición limitada al espacio provincial. Creemos que la ciudadanía va a saber ver esto para que no quede un parlamento monocolor". Favario tiene 67 años, fue concejal rosarino entre 1973 y 1976 y diputado provincial entre 1987 y 2003 y ahora secretario general de la junta provincial del PDP "que sale de su crisis y se presenta con listas propias". Para Favario la provincia de Santa Fe no puede depender de lo que llama "humores" del presidente o de algún ministro para "darle a Santa Fe lo que le corresponde". Favario dijo que será oposición para controlar al Ejecutivo.

Favario plantea que el PDP sale de una profunda crisis que hizo que en las elecciones del 2003 se resolviera dejar en libertad de acción a los afiliados para no provocar un cisma interno. Sin hacer nombres Favario plantea que "se produjeron las renovaciones necesarias que deben darse en todos los partidos, las mismas que la ciudadanía reclama y que ubican a la estructura donde está ahora, con la presentación de lista propia" porque de lo contrario hubiese estado "en alguna alianza con la UCD, con el menemismo o con (Ricardo) López Murphy". De hecho en las listas no aparecen los nombres de Alberto Natale, diputado nacional hasta fin de año o de Rafael Martínez Raymonda.

--¿Qué expectativas tiene para el próximo 23, cuando aparecen muy claros los espacios mayoritarios que ocuparán los frentes que encabezan Agustín Rossi y Hermes Binner? El 8º o 9º lugar están muy disputados con la presencia del ARI y del Frente por la Justicia y el Progreso Social.

--Entre las dos fuerzas que nuclean las mayores adhesiones ciudadanas, el Frente para la Victoria y el Frente Cívico y Social pueden tener entre 6 y 7 legisladores. Eso hace a la posibilidad de que queden dos o tres lugares que garanticen una representación pluralista. Los antecedentes de todas las elecciones demuestran que en las parlamentarias la ciudadanía actúa con mayor libertad y el PDP, desde 1985 hacia acá, obtuvo 1 o 2 representaciones nacionales. No tenemos duda de que vamos a lograr una representación legislativa. En cuanto a las dos fuerzas mayoritarias, una es incondicional del Presidente y la otra plantea una oposición limitada al espacio provincial. Confiamos en que los ciudadanos pueden ver esto para no elegir un parlamento monocolor.

--¿La postura es la de oponerse a las iniciativas que lleguen desde el Ejecutivo nacional?

--Oposición no significa impedir la gobernabilidad ni marcar de manera negativa todas las propuestas que haga el gobierno. Ser opositor es establecer el necesario control legislativo y dar una óptica distinta a la del gobierno. Vamos a señalar una defensa clara de los intereses santafesinos. No concebimos que esta provincia que pagó más de 6.200 millones de pesos en concepto de tributos nacionales esté pendiente de los humores del presidente o de la buena voluntad de algún ministro que se le ocurra darle a Santa Fe lo que le corresponde. La ciudadanía debió rebelarse ante las manifestaciones del senador (Carlos) Reutemann que dijo que si no se vota a los candidatos del presidente no podemos ir a pedir nada. Esta es la negación del sistema y una actitud de obsecuencia inadmisible.

--¿En qué temas piensa cuando se ubica en el Congreso nacional?

--Vamos a sostener y sin duda será una de nuestras primeras iniciativas que a la provincia de Santa Fe se le reintegre por lo menos un 10 por ciento de las retenciones que cobra la Nación. Aclaro que estamos en contra de las retenciones. Con sólo el 10 por ciento de esas retenciones cobradas en un año, la provincia está en condiciones de mejorar sustancialmente una red vial importante en el caso de las rutas de tierra provinciales que quedan en la provincia. Se daría fuente de trabajo a mucha gente y se trabajaría para el transporte de los productos del sector agropecuario.

--Esta preocupación por las cuestiones relacionadas con la actividad agroexportadora no incluye planteos respecto de temas como pobreza e indigencia que afectan a toda la provincia.

--Este es un tema aparte y nadie puede ignorar que se profundizaron los márgenes entre indigentes y pobres. Me parece que hay cada vez más sectores sumidos en la pobreza sin posibilidades de salir. Esto requiere de diseño de políticas de Estado con acuerdos y consensos.

--Y desde el Congreso...¿cómo aportar a esas políticas?

--No, no me arrogo facultades para darle soluciones a la gente. Desde el Congreso podemos contribuir a mejorar la legislación, controlar y ser voceros de sectores que han sido postergados, como por ejemplo el sector pasivo que desde la pesificación para acá y a excepción de los aumentos en las jubilaciones mínimas que tuvieron aumentos, quedó con jubilaciones más atrasadas en el tiempo.

--El Movimiento de Mujeres Autoconvocadas de Rosario le preguntó a usted como a los otros candidatos su postura sobre la despenalización del aborto y otros subtemas relacionados. ¿Por qué no contestó?

--No la contesté pero no tengo ningún reparo en dar a conocer mi posición. En principio soy partidario de la despenalización del aborto en determinados casos y por supuesto con toda la prudencia que exige una norma de esta naturaleza. Es un tema que hay que instalar en la sociedad y plantear el debate, no es un cuestión de que un legislador presente un proyecto y si existe la mayoría indispensable se apruebe. Este es uno de los temas en los que hay que hacer un debate. Hay que dilucidar también si la adhesión constitucional a pactos internacionales puede generar una interpretación por la que una norma de este tipo podría transformarse en inconstitucional.

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