El ex jefe de la Brigada de Homicidios, Héctor Lanche, compareció ayer ante la comisión investigadora de Diputados, que analiza si existió "intromisión" de funcionarios políticos en la pericia judicial sobre la computadora portátil del empresario Luis Medina, asesinado el 29 de diciembre, con su novia, en el Acceso Sur. El subcomisario, que ahora se desempeña en la seccional 16, dio detalles de las actuaciones iniciales en el marco del crimen, dijo que redactó el pedido de allanamiento a la habitación del hotel Pullman, donde se hospedaban las víctimas, y fue consultado --al igual que dos policías que comparecieron a principio de mes-- sobre la "inusual" reunión entre funcionarios políticos y policiales, la tarde del homicidio. El diputado Héctor Acuña consideró que hubo "desesperación del gobierno", y habló de una "urgencia en hacer, por primera vez en tantos homicidios que hubo, reuniones en las que participa un ministro y un jefe de policía, por este hecho. Es llamativo". El diputado Eduardo Toniolli agregó: "Para ser cautos, la impresión es que no aparece con claridad la orden de la justicia" para que los funcionarios intervinieran.

La audiencia de ayer, de la que participaron los diputados Acuña, Toniolli, Germán Mastrocola, Avelino Lago y Oscar Urruty, es la continuación de las declaraciones tomadas a principio de mes, cuando fueron citados otros dos policías. Ayer, de los tres citados, dos justificaron estar de licencia.

El diputado Acuña expresó: "Hay una respuesta que el gobierno nunca dio y creo que no la va a poder dar, a la pregunta de por qué estuvo desesperado en saber qué había en la computadora de Medina. Y esta frase incomodó durante mucho tiempo, decían que era una chicana, pero cada vez me convenzo de que es la expresión más prudente. Esto me hace pensar de la misma manera que pensé el 30 de diciembre, y los días siguientes, cuando vi cómo actuó el gobierno".

En ese sentido, señaló que "de estas entrevistas surge que es la primera vez en la historia que un ministro, jefe de policía o funcionario del gobierno participa de una investigación, de un peritaje, con una desprolijidad de los actores judiciales y una acción clara, según el acta oficial, de que no hubo orden judicial para actuar".

El legislador recordó que la cuestión central de la que da cuenta el acta policial sobre el inicio de la pericia a la Mac Ultrabook, de Medina, es que "marca que (el funcionario de Informática del gobierno, Martín) Degrati, quien abre la computadora, llega invitado por (el ministro de Seguridad, Raúl) Lamberto, sin solicitud de la justicia y que al momento en que hablan con la jueza (Raquel) Cosgaya ya habían iniciado sesión", en la computadora. "No hubo pedido judicial", sostuvo Acuña. Y completó: "La fiscal (de Cámaras María Eugenia) Iribarren llegó a las 0.20, y la jueza dijo que la llamaron alrededor de las 0.40; mientras que la máquina había sido tocada a las 23.59".

Por su parte, el diputado Toniolli indicó que durante la entrevista a Lanche "se habló de la reunión que hubo aquel día, alrededor de las 19, con funcionarios policiales y políticos, donde aparentemente se definieron pasos a seguir en la investigación. Esto lo indagamos en todas las entrevistas", señaló sobre el encuentro en el que habrían estado "el ministro de Seguridad con funcionarios de segunda línea y la cúpula policial".

Para el legislador, que junto con Gerardo Rico y Mariana Robustelli hicieron una denuncia penal por la supuesta "intromisión", "hay cuestiones que llaman la atención, como que se tomen definiciones en materia investigativa sin que exista algún tipo de actor judicial, direccionando esa cuestión. Lo de la noche (del 29 de diciembre) en Pericia Informática, también lo consultamos, porque hay cosas que no están claras y queremos indagar un poco más", dijo.

Lanche aportó también algunas cuestiones relacionadas con el allanamiento en el country de Pilar, donde vivían las víctimas. Es que él "participó del allanamiento oficial ordenado por la jueza Alejandra Rodenas, no del intento anterior que hizo personal de Judiciales", los primeros días de enero, y que derivó en otro escándalo en torno a la causa.

La declaración de Lanche se suma a las de Nicolás Llanes, ex jefe de la Sección Pericias Informáticas de Rosario, quien renunció a su cargo luego de manejo de la computadora personal del sindicado narco asesinado; y el comisario Javier Leiva, ex subjefe de la Agrupación Unidades Especiales. Ambos plantearon que nunca les había pasado en su carrera una intervención de estas características, según publicó en su momento este diario.

"En cuanto a conclusiones preferimos ser cautos, pero la impresión es que no aparece con claridad la orden de la justicia. Si me preguntan por algo que haya hecho cambiar la impresión inicial con lo que surge de actas y declaraciones de (el ministro de Justicia, Juan) Lewis y (el de Gobierno, Rubén) Galassi, en Legislatura, no hay elementos". La semana que viene, en reunión de comisión se definirán las próximas citaciones.