Desde Santa Fe

Un compromiso incumplido del director de Vivienda de la provincia, Pablo Abalos, con la Asamblea de Vecinos de Rouillón y doctor Riva, en Rosario, para promover la compra de cuatro hectáreas en la zona y adjudicar 48 lotes para otras tantas soluciones habitacionales, derivó en la Legislatura en un debate sobre la "criminalización de la protesta social". Los diputados del Frente para la Victoria responsabilizaron al gobierno de Antonio Bonfatti por haber "quebrado el diálogo" con los pobladores del barrio que "viven en condiciones infrahumanas y reclaman una vivienda digna", lo que genera "incertidumbre y violencia social", advirtió el diputado del PPS, Oscar Urruty. Mientras que los vecinos acusaron al fiscal regional de Rosario, Jorge Baclini, por las represiones policiales a un piquete -﷓el 4 de abril-﷓ y a una sentada en la vereda -﷓el 6 de junio-﷓ que terminaron con el arresto de manifestantes, entre ellos mujeres y niños. "Baclini judicializa el reclamo social. Para el socialismo, el que no tiene casa es un delincuente", denunciaron.

El debate arrancó con un pedido de Urruty para que el secretario de Hábitat, Gustavo Leone, informe sobre "el trámite de adquisición de los terrenos ubicados en calle Rouillón entre Rivero y Espinosa", en Rosario. El proyecto fue aprobado por la Cámara por unanimidad. Y acompañado desde la barra por los propios vecinos y sus hijos: "Inseguridad es no tener donde vivir", decía uno de los carteles.

"Es un grupo de familias que desde hace muchísimos años intenta conseguir soluciones habitacionales que le ponga fin a una historia de precariedad y de lucha", relató Urruty. "A partir del 14 de febrero, comenzaron a reunirse con el arquitecto Abalos para que la provincia compre cuatro hectáreas en la zona oeste de Rosario, sobre calle Rouillón, entre Rivero y Espinoza", un espacio que permitiría "soluciones habitacionales, no sólo para esas 48 familias, sino también para otras".

"Lamentablemente, desde hace tres meses, ese diálogo quedó interrumpido, a pesar del acuerdo entre esas familias y el director de Vivienda. La relación se ha quebrado. Y apareció otro interlocutor, que ya no es el arquitecto Abalos, sino (el ex subsecretario de Prevención y Seguridad Ciudadana) Luis Baita, quien fue eyectado de la Municipalidad de Rosario por sus cuestionamientos" y ahora ocupa un cargo provincial. "Baita cortó el diálogo con estas familias con el estilo autoritario que le conocemos -﷓dijo Urruty-﷓ y desde entonces, ellas han perdido la relación con la provincia y el seguimiento de este acuerdo de comprar estas tierras".

"Hay un acuerdo que debe cumplirse", insistió Urruty. Y le pidió a Abalos que "retome el diálogo" con los vecinos. "Que el gobierno cumpla el compromiso asumido y podamos reparar el sufrimiento y la lucha de tantos años de estas familias para lograr una solución habitacional".

La sesión pintaba tranquila, hasta que intervino el diputado de la UCR, Julián Galdeano, quien admitió el "quiebre del diálogo" entre el gobierno y los vecinos y hasta "las expectativas no cumplidas de los funcionarios", pero dijo que el "conflicto" -﷓como lo llamó-﷓ no justificaba el método del reclamo. "Nadie está fomentando la criminalización de la protesta y la represión, pero en muchas ocasiones, cinco, seis o siete vecinos han paralizado el centro de Rosario con piquetes permanentes y agresivos frente a la Dirección Provincial de Vivienda", tiró Galdeano. "Mentiroso!", le gritaron desde la barra. El presidente de la Cámara, Luis Rubeo intentó llamar la atención con el timbre. Y le contestaron con clásico de marchas rosarinas, pero adaptado al dolor: "Ni socialistas, ni popular. Es la derecha que reprime en la ciudad!", cantaron grandes y chicos.

Urruty también retrucó: "Hubo un diálogo con el gobierno, se firmaron compromisos y si el proyecto cambia, lo que hay que hacer es hablarlo con los vecinos. No cortar el diálogo, porque eso genera incertidumbre y violencia social". Su colega, Leandro Busatto reprochó al gobierno "su concepto de lo público" y "los funcionarios que se esconden". "No me llama la atención que traten de incriminar a los vecinos. Y aunque lo nieguen, lo cierto es que criminalizan la protesta. En Santa Fe, cada vez que alguien se manifiesta atenta contra el orden democrático y cuando alguien piquetea, obstruye a los vecinos del centro. Dejen de preocuparse sólo por el centro y miren más al conjunto de la sociedad!", les pidió Busatto.

Uno de los líderes de la Asamblea de Vecinos, Guillermo Piccolo, apuntó al fiscal Baclini por las dos represiones. El 4 de abril, -﷓dijo-﷓ él fue detenido en la Jefatura de Policía de Rosario y "otros compañeros en la seccional 4". La jueza (Raquel) Cosgaya firmó "una orden de restricción por 60 días para que no nos acercáramos a reclamarle al gobierno un compromiso firmado". Y el 6 de junio, ante una sentada en la vereda, "Baclini volvió a criminalizar la protesta y mandó una orden de desalojo. Leone nos acusó de extorsionadores y terroristas ideológicos por reclamar viviendas y la policía reprimió: se llevaron presos a mujeres y a chicos a la seccional 3. Ese es el gobierno y la justicia que tenemos", reveló.