Desde Santa Fe

Cuando el empresario Mario Rossini se acomodó ayer frente al juez federal Francisco Miño para ampliar su indagatoria por la megaestafa de Bolsafe Valores, el fiscal Walter Rodríguez lo esperaba con un pliego de 200 preguntas. "No voy a contestar", se atajó el imputado. Y no respondió ninguna. Rossini fue indagado durante dos horas por los cuatro cargos que le reprocha el fiscal: "operaciones bursátiles no autorizadas", "administración fraudulenta" en 408 casos, "lavado de activos" y "asociación ilícita". "Corresponde imputar a Rossini el haber organizado y liderado en calidad de jefe una asociación ilícita destinada a la comisión de una indeterminada cantidad de delitos financieros y patrimoniales", decía el requerimiento de instrucción. Rossini ya estaba procesado por "administración fraudulenta" en 62 casos, así que ahora Miño deberá resolver su situación procesal sobre los otros 408 y el resto de las imputaciones.

Rossini cerró una tanda de indagatorias que había comenzado el 9 de setiembre, en la que el juez Miño interrogó a 23 operadores financieros, todos socios o empleados de Bolsafe Valores y BV Emprendimentos, las dos empresas que operaba Rossini. El fiscal Rodríguez había pedido las indagatorias de los 49 imputados en la causa, pero Miño sólo convocó a los 23 más cercanos al empresario. Los que zafaron son directivos del Mercado de Valores del Litoral (entre ellos el ex ministro de Economía de la provincia, José María Candioti y el secretario de la Producción de la Municipalidad de Santa Fe, Pablo Tabares) y funcionarios del Banco de Galicia, que siguen vinculados a la causa.

Al finalizar la audiencia, Rossini le pidió a Miño ampliar la indagatoria de ayer, que quedó pendiente hasta que el juez fije un nuevo día y hora de audiencia. Si Miño lo convoca, el plazo de diez días para resolver su situación procesal se podría extender, aunque la otra alternativa es que el imputado presente sus aclaraciones por escrito y en este caso, si correría los diez días.

El fiscal Rodríguez se quedó con el pliego de las 200 preguntas en la mano. Rossini no respondió ningún interrogante ni despejó las dudas de la acusación. Las preguntas apuntaban al funcionamiento interno de las dos sociedades que operaba Rossini: Bolsafe Valores y BV Emprendimientos y cómo se relacionaban con los órganos de control y las entidades financieras que liquidaron las acreencias de las víctimas.

La investigación se inició en diciembre de 2012, cuando el juez Diego Aldao, a cargo de la quiebra de la empresa Tool Research SA, comprobó que los bonos públicos de la compañía que estaban bajo custodia de Rossini, en Bolsafe Valores, se habían esfumado. Rossini los liquidó a favor de la Obra Social de la Universidad Nacional del Litoral, ajena a la masa de acreedores que tenían legítima pretensión de cobro de esos activos, lo que originó "un grave daño social" a los ex trabajadores de la empresa concursada.

La denuncia del juez Aldao fue el principio del fin de Rossini, que terminó preso. En diciembre de 2013, el juez Nicolás Falkenberg lo procesó por "administración fraudulenta" en 62 casos.

Unos meses después, la causa pasó al fuero federal, donde el juez Miño le rechazó un pedido de prisión domiciliaria, que -sin embargo﷓ la Cámara Federal de Rosario se la concedió el 30 de junio de este año con el argumento de la "angustia", la "tristeza" y las "crisis de llanto" que padecía Rossini.

Ayer, Rossini llegó al despacho de Miño a bordo de un patrullero que lo trasladó desde su casa. Eran las 7. La audiencia estaba prevista para las 8 y los estafados de Bolsafe Valores aún no habían llegado a las puertas del Juzgado Federal. Así que Rossini entró por la cochera del Tribunal.

-¿Y alguien pudo verlo?-, preguntó una colega.

-Unos pocos, ya no tiene la cara que aparentaba cuando nos mentía a todos-, contestó María Gabás, vocera del grupo de víctimas.