Desde Santa Fe

El subsecretario del Ministerio de Seguridad, Diego Poretti; el ex jefe de Policía, Hugo Tognoli y el juez Jorge Pegassano (Instrucción 1º), comenzaron a zafar en una causa en la que están imputados por supuesto "allanamiento ilegal", "abuso de autoridad" e "incumplimiento de deberes". Un fallo de la Cámara Federal de Rosario (Sala A) ordenó mandar el expediente -que se tramitaba en el fuero de excepción- a los Tribunales de la provincia, donde ahora habrá que ver cómo sigue el proceso: si hay algún juez dispuesto a investigar a uno de sus colegas, a un funcionario del gobierno de Antonio Bonfatti y a Tognoli por lo que el Ministerio Público consideró "hechos de gravedad institucional" o comienza una cadena de inhibiciones. El cuarto imputado es el ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR), Marcelo Bustamante.

El origen de la investigación es una razzia en Colastiné Norte, el 27 de junio de 2012, dirigida por Tognoli y Poretti. Hubo más de 25 requisas para "dar con objetos mal habidos o armas de fuego" y una de ellas derivó en un procedimiento por supuesta infracción a la ley de estupefacientes y la detención de dos personas, con conocimiento del juez federal Francisco Miño.

Poco después, el fiscal Walter Rodríguez intentó avanzar en el juicio por drogas, pero no pudo porque descubrió que la requisa del domicilio de los detenidos se realizó sin "orden escrita fundada", ni "expediente judicial". Por lo tanto, pidió la "nulidad" de las actuaciones y el sobreseimiento de ambos imputados, que estuvieron presos 48 horas. El 19 de setiembre de 2013, el juez Miño anuló todo y sobreseyó a los imputados por considerar que el allanamiento había sido "ilegal". Las pruebas de cargo no se pueden obtener "desconociendo garantías constitucionales", porque eso significa "una violación al debido proceso y la defensa en juicio", dijo Miño.

El fiscal Rodríguez abrió entonces una investigación preliminar y el 25 de febrero, en un dictamen que firma el jefe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procurar), Félix Crous, denunció a Poretti, Tognoli, Pegassano y Bustamante para que se los investigara por supuesto "allanamiento ilegal", "abuso de autoridad" e "incumplimiento de deberes". "Un esquema de actuación policial en el que funcionarios encargados de velar por la seguridad de la sociedad pueden ingresar por la fuerza a un domicilio particular desoyendo las normas mínimas de procedimiento y de manera prácticamente ilegal es un elementos propio de regímenes totalitarios", dice la denuncia. Y consideró el hecho de "extrema gravedad institucional, si se tiene en cuenta que los nueve efectivos de la Policía de Santa Fe que intervinieron en el procedimiento" eran dirigidos por Tognoli y Poretti.

El 24 de abril, el juez federal Reinaldo Rodríguez rechazó la posibilidad de investigar a Tognoli, Poretti y Pegassano al declarar la "incompetencia" de su Juzgado. "Es de mi convicción ûdijo- que en las presentes actuaciones no surge la comisión de delitos de competencia de este fuero de excepción" porque se trata de "delitos ajenos a la afectación de intereses federales".

La Cámara coincidió con el juez Rodríguez y ordenó que la causa pase entonces a los Tribunales de la provincia. El primer voto fue del juez Fernando Barbará. "Las competencia material de los tribunales federales en el interior del país no puede ser ampliado a costa de la jurisdicción de los tribunales locales", dijo Barbará. "La competencia federal es expresa y excepcional, por ello de interpretación restrictiva en su alcance, que está siempre inexorablemente delimitado por aquellas facultades que las provincias no delegaron al gobierno nacional y se reservaron para sí", agregó.

En el segundo voto, el juez Carlos Carrillo, sostuvo que los presuntos delitos de "allanamiento ilegal" e "incumplimiento de deberes", que "motivan la denuncia" del fiscal Rodríguez "habrían sido realizados por funcionarios provinciales en el marco de actuaciones dispuestas de algún modo ûsin abrir juicio sobre ello- por una magistratura local, en el contexto de una serie de procedimientos similares realizados en forma simultánea, todo lo que fue previo al hallazgo de los estupefacientes que dio lugar a la formación de un sumario bajo la órbita del fuero federal".

"En tal situación se advierte que no concurre algún supuesto que habilite la competencia federal porque el eventual mal desempeño habría sido de funcionarios provinciales obrando en la esfera propia", apuntó Carrillo. "Queda claro entonces que las irregularidades en cuestión y la eventual prolongación de la detención de esas dos personas bajo supuesta disposición de autoridades provinciales, después de que el Juzgado Federal las liberara para el proceso allí seguido, exceden la competencia material de este fuero, tal como lo decidió" el juez Rodríguez. Por lo tanto, "corresponde confirmar el pronunciamiento apelado".