Desde Santa Fe

La comisión investigadora del alzamiento policial de diciembre de 2013 ya tiene una lista de veinte testigos que serán citados a declarar en las próximas semanas en la Cámara de Diputados, entre ellos el secretario de Seguridad, Matías Drivet; el jefe de Policía de la provincia, Omar Odriozola y el líder de Apropol, Alberto Martínez. Un dictamen del presidente de la comisión y diputado de la UCR, Maximiliano Pullaro (foto), al que tuvo acceso Rosario/12, informó a sus colegas sobre "el avance de la investigación", reveló que el gobernador Antonio Bonfatti, el fiscal de Estado, Pablo Saccone; el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto y el presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez, "aún no respondieron los informes solicitados" y propuso avanzar en "un cronograma de audiencias" con los que serán convocados, entre funcionarios, jefes policiales y dirigentes y abogados de Apropol.

En su última sesión, la Cámara votó por unanimidad una prórroga de 60 días, hasta el 31 de diciembre próximo, para que la investigadora pueda concluir su tarea. Es la única comisión integrada por diputados del oficialismo y el arco opositor, que componen las comisiones de Seguridad y Derechos y Garantías. Porque las otras dos, que investigan la manipulación de la computadora de la Mac del empresario Luis Medina y los manejos en el Puerto de Santa Fe, sólo se integraron con legisladores del PJ y el Pro.

El diputado Pullaro propuso un "plan de trabajo" de cuatro etapas: la primera, de "recolección de la prueba documental" y luego, su "análisis"; una tercera, de "declaraciones testimoniales" y la última de "elaboración de las conclusiones".

En la primera etapa, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, remitió una copia del dictamen de la comisión de fiscales federales -de 400 páginas- que encuadra el alzamiento policial de diciembre en la figura de "sedición". Y el fiscal federal Walter Rodriguez, despachó una copia simple de la causa que se inició por una denuncia por "sedición" del fiscal de Estado Saccone, pero que hoy está congelada por un conflicto de competencia.

La comisión solicitó otros informes a Bonfatti, Lamberto, Saccone y Gutiérrez, pero ninguno de ellos "remitió la información solicitada", dice el dictamen de Pullaro. El único que contestó fue el procurador general de la Corte, Jorge Barraguirre, quien sí "aportó la información requerida". Por lo tanto, "se entiende pertinente, a los fines de contar con todos los documentos e información necesaria, insistir con las solicitudes" al gobernador, el ministro de Seguridad, el fiscal de Estado y el presidente de la Corte.