Desde Santa Fe

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió explicaciones al Estado argentino ﷓-y por lo tanto a Santa Fe-﷓ por el acoso al defensor provincial Gabriel Ganón, a quien un lobby político quiere echar del cargo desde hace dos años. El último pedido de remoción de Ganón fue impulsado el 22 de mayo en la Legislatura por 17 senadores del PJ y el Frente Progresista, por lo que ahora la CIDH pretende saber "cuál sería el procedimiento" para dejarlo cesante y si el funcionario cuenta con "recursos" defensivos para "cuestionar" una eventual "suspensión" o "destitución". El requerimiento debe ser contestado en "un plazo de 15 días". Lo que más molestó a los legisladores fueron las críticas de Ganón al gobernador Antonio Bonfatti y al presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez. El Estado debe asegurar "el ejercicio de la libertad de expresión" del defensor y no intentar sancionar "de manera ilegítima sus expresiones", advirtió la CIDH.

"Los defensores públicos desempeñan un rol esencial" en el estado de derecho y su "estabilidad" es el correlato de la "obligación del Estado de garantizar" a los ciudadanos "la defensa en juicio" y "el debido proceso", agregó. Por lo tanto, "los actos dirigidos a sancionarlos por motivos atribuibles a su conducta deben observar el principio de legalidad y las garantías del debido proceso".

El pedido de informes tiene fecha 2 de octubre. Lo firma el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Alvarez Icaza y está dirigido al canciller Héctor Timerman, a quien le pidió que adopte "las medidas necesarias" para que el gobierno responda "en un plazo de 15 días" desde la notificación.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén envió la nota a Santa Fe por dos vías: una, al vicegobernador Jorge Henn y la otra, al presidente de la Corte, quien también la derivó al Senado. La primera copia ingresó a la mesa de entradas de la Cámara el martes 21 y la segunda -﷓que despachó Gutiérrez-﷓ el miércoles 22. Ambas, fueron incluidas en los asuntos entrados en el recinto, el jueves 23. Por lo que, la Legislatura debería responder en la primera quincena de noviembre.

La CIDH fundamentó el requerimiento "en el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos" que la faculta a "solicitar informes" a los Estados miembros de la OEA, en este caso por la "situación" del doctor Ganón.

"El 22 de mayo de 2014 -﷓recordó la CIDH-﷓ un grupo de 17 senadores provinciales solicitó ante la comisión bicameral de Acuerdos que se abriera un procedimiento de remoción contra Ganón por la causal de 'mal desempeño', a raíz de una serie de críticas que el defensor provincial habría efectuado tanto al Poder Judicial como al Poder Ejecutivo".

"La solicitud estaría pendiente de ser resuelta por la comisión bicameral de Acuerdos y en caso de ser aprobada, pasaría a conocimiento de una sesión conjunta de Diputados y el Senado. Dicha sesión conjunta podría decidir la remoción de Ganón por medio de mayoría absoluta de votos de ambas Cámaras".

Ganón fue designado en 2011 por un período de "seis años de inamovilidad en el cargo". "El artículo 20 de la ley 13.014 dice que el defensor sólo podría ser removido 'a solicitud del Poder Ejecutivo o de un legislador por las causales de mal desempeño o comisión de delito doloso'".

Por lo tanto, "existe incertidumbre" por el "procedimiento de remoción" de Ganón abierto en la Legislatura, planteó la CIDH. Porque si la ley exige que el pedido "lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo o un legislador, la solicitud presentada por la mayoría de los senadores podría reflejar una predisposición que iría en contra de una evaluación imparcial sobre el desempeño del defensor provincial", explicó.

"Además, esta no es la primera vez que el Poder Judicial y el Poder Legislativo intentan remover" a Ganón por sus críticas al "accionar" de jueces y policías en "diversas causas en trámite". En 2013, la Corte Suprema remitió a la Cámara de Diputados "actas referidas a procesos judiciales en los cuales intervino el defensor provincial, haciendo referencia, 'a los fines de lo dispuesto en el artículo 20 de la ley 13.014'" y en 2012, remitió "una nota sobre lo expresado por el defensor en el ejercicio de sus funciones". Mientras que en la Legislatura, también en 2013, diputados de la UCR presentaron "una solicitud de remoción, que no prosperó".

"De igual forma, la CIDH ha señalado que los Estados deben asegurar el ejercicio de la libertad de expresión de los operadores de justicia, a través de regímenes disciplinarios que no sancionen de manera ilegítima sus expresiones. En ese sentido, las causales disciplinarias deben cumplir con el principio de legalidad, ya que en caso de contemplar causales amplias o ambiguas se permite un alto grado de discrecionalidad, lo que podría traer como consecuencia la sanción indebida a la libre expresión de los operadores de justicia".

La CIDH pidió informes sobre cuatro puntos:

1) Cuál sería el procedimiento contra del defensor provincial ante la comisión bicameral de Acuerdos, en la Legislatura de Santa Fe.

2) Una copia de la solicitud de remoción de Ganón presentada por los 17 senadores del PJ y el oficialismo.

3) Si el defensor provincial contaría con algún recurso para cuestionar una eventual decisión de suspensión.

4) Y si existen recursos en el ordenamiento jurídico argentino para cuestionar una eventual decisión de destitución y cómo estaría compuesto el órgano que conocería en ese eventual recurso.