Desde Santa Fe

La sala de audiencias del Tribunal Oral de Santa Fe es la misma. En diciembre de 2009, Silvia Suppo, dejó allí el testimonio de su martirio en los chupaderos del terrorismo de estado, en el juicio que convirtió a Víctor Brusa en el primer juez de la Argentina condenado por delitos de lesa humanidad. Tres meses después, en marzo de 2010, la mataron en un ataque despiadado cuando estaba sola e indefensa. Hoy, en el mismo ámbito, comenzará el otro juicio, a los detenidos en las horas siguientes del crimen: Rodrigo Sosa ("Sosita") y su primo, Rodolfo Cóceres. Los dos están presos desde hace cuatro años por "homicidio agravado" en ocasión de robo porque la otra hipótesis del crimen político sigue varada en primera instancia, a pesar de que ya pasó por tres jueces. "Ninguna hipótesis se investigó con medidas serias", advirtió ayer la organización Hijos al criticar el desdoblamiento de la causa.

La declaración de un testigo de identidad reservada, en agosto de 2010, originó un conflicto de competencia que escaló hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación y radicó el proceso en el fuero federal, en marzo de 2011.

Un mes después, en abril de 2011, el juez federal Reinaldo Rodríguez, desdobló la causa y elevó a juicio sólo la acusación a "Sosita" y su pariente. El Tribunal la rechazó dos veces, en junio de 2011 y en setiembre de 2013, cuando Rodríguez ya había sido separado de la investigación por la Cámara Federal de Rosario y reemplazado por su colega, Marcelo Bailaque. El argumento del Tribunal para rechazar el juicio fue el mismo: la imposibilidad de juzgar un "homicidio en ocasión de robo" de competencia de la justicia ordinaria.

Sin embargo, en setiembre de este año, el Tribunal Oral de Santa Fe modificó el criterio y aceptó juzgar a los dos imputados por el asesinato de Suppo. En el cambio tuvo su peso el dictamen del fiscal Martín Suárez Faisal. "La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió el 29 de marzo de 2011 que 'conozca en estas actuaciones la justicia federal' por lo que la cuestión de competencia ya ha sido resuelta y no cabe que los tribunales inferiores cuestionen lo resuelto por ese tribunal", dijo Suárez Faisal.

El giro tiene su secuencia: el 22 de setiembre, el Tribunal rechazó la recusación de uno de sus integrantes, el juez Luciano Lauría, impugnado por Hijos por su amistad con Brusa. Y tres días después, el 25 de setiembre, el Tribunal ya integrado por Lauría, desestimó el segundo planteo de la querella y resolvió juzgar a Sosa y Cóceres, que tienen -dijo el derecho de ser "juzgados en un plazo razonable". El mismo 25 de setiembre, el Tribunal prorrogó la prisión preventiva de los dos imputados por un año más. Y el 31 de octubre, denegó un recurso de casación que intentó la querella para frenar el debate que arranca hoy.

El Tribunal Oral cambió el criterio, pero también su integración. En las resoluciones que rechazó el juicio a Sosa y Cóceres, en 2011 y en 2013, estaba integrado por la presidenta, María Ivón Vella, José María Escobar Cello y el juez del Tribunal Oral de Paraná, Roberto López Arango. En 2014, cuando convocó al juicio, ya estaban Vella, Escobar Cello y Lauría.

"A las dificultades y negativa de los jueces a investigar el asesinato de Silvia Suppo, se le sumó la nueva conformación del Tribunal Oral con Lauría", dijo ayer Hijos. Lauría fue "impugnado por los organismos de derechos humanos de Santa Fe" y por los querellantes en la causa en "todos los expedientes donde se tramitan delitos cometidos contra perseguidos políticos".

"Lauría es amigo de Brusa, a quien le debe su ingreso al Poder Judicial, según el mismo reconoció" y ahora "es parte del Tribunal que juzgará el asesinato de una de las testigos que logró que su amigo vaya a la cárcel el 22 de diciembre de 2009. Tres meses después, Silvia fue asesinada de nueve puñaladas en la ciudad de Rafaela", agregó Hijos.

"En contradicción a lo resuelto dos veces antes, el Tribunal ahora aceptó el expediente que no tiene ninguna medida investigativa, ni ha cambiando en nada respecto de las anteriores oportunidades y decide imponer el juicio oral con sólo dos de los imputados. Como lo advertimos en muchas oportunidades, la parcialidad de Lauría comienza a mostrar los dientes. Una medida probatoria básica como es la reconstrucción del hecho, es negada por el Tribunal con el argumento de superabundancia de pruebas y testigos".

"En el expediente que la policía de Rafaela armó, que es a lo único a lo que se ha dado valor, no existe ningún testigo del hecho. No hay, en las distintas pericias realizadas, huellas, pelos, rastros que indiquen la forma de cómo mataron a Silvia. Esto implica que, además de ser incierto quiénes son todos responsables de haber matado a nuestra compañera, se nos niega la posibilidad de saber cómo la mataron", concluyó Hijos.