Un colectivo de trabajadoras del equipo socioeducativo del Ministerio Educación alerta sobre la precariedad laboral que afecta su labor, enfocada justamente en la inclusión escolar y la resolución de conflictos derivados de la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. El equipo está integrado por 39 trabajadoras, todas mujeres, que cubren la región VI de Educación, aunque no todas forman parte de este colectivo cuyas identidades se omiten por pedido expreso de las integrantes que llegó a reunirse dos veces con el vicegobernador Jorge Henn para plantearle la situación que atraviesan. "El reclamo entrelaza nuestra situación laboral, porque es justamente esa condición la que hace que una sea bombera en cada situación e impide que se puedan abordar las complejidades de los problemas que surgen en las escuelas. No podemos sostener de manera ética y seria el trabajo que nos encomiendan", dice una de las convocadas. En el grupo hay psicólogas, psicopedagogas, trabajadoras sociales y politólogas, pero su retribución se realiza a través de 17 horas cátedra, como docentes. "No se nos reconoce como profesionales y tampoco se paga todo lo que estamos trabajando", apunta otra de las trabajadoras. La secretaria general de Amsafé, Sonia Alesso, aseguró que ya plantearon la inclusión en paritarias de la creación de equipos multidisciplinarios con estabilidad laboral e ingreso por concurso.

El recurso al anonimato se explica cuentan las trabajadoras por el hostigamiento que sufren de las autoridades cuando piden por sus derechos. Aseguran que en 2011 hubo siete despidos a personas que quisieron sindicalizarse, y fueron reincorporados unos meses después, en julio, cuando el tema fue parte de la discusión paritaria. A la hora de explicar su función, dicen que "la importancia de estos equipos estriba en que es la primera intervención a partir de la demanda de la escuela respecto de la familia, del niño, para hacer la articulación con las instituciones barriales, con la Dirección de Niñez". En realidad, la escuela recurre al equipo al Ministerio de Educación cuando los recursos propios se agotan. Las trabajadoras perciben que desde el Ministerio, la intención es dilatoria, y por eso afirman que "a fin de año se acumulan muchísimos más pedidos, porque siempre la respuesta que reciben las escuelas es que traten de resolver por las suyas".

En su afán de lograr respuestas ministeriales, las trabajadoras sostuvieron reuniones con Carolina Bitter, directora provincial de Innovación Educativa y con Oscar Di Paolo, secretario de Innovación Educativa. La última vez que las recibieron fue en septiembre. "Nos cansamos de pedir que nos escuchen, siempre apostamos al diálogo", afirmó una de las integrantes del colectivo.

A la hora de contar situaciones concretas, se agolpan las anécdotas. "La escuela pide intervención en octubre, y recién estamos haciéndolo a fin de año. Desde el ministerio se les dice que agoten todos los recursos y en última instancia llaman al socioeducativo. Entonces, a fin de año nos llueven un montón de situaciones problemáticas sumamente complejas", relata una de las seis entrevistadas.

"Las escuelas son las instituciones que están resistiendo a distintos problemas muy serios, y muchas veces por las limitaciones que tenemos, terminamos haciendo seguimientos por teléfono, cuando lo óptimo sería que fuéramos, hiciéramos nuestra labor de manera presencial para generar cambios. En las escuelas aparece un malestar que no podemos acompañar como necesitan", agrega otra de las convocadas.

Un documento realizado en octubre, da cuenta de los objetos de intervención de los Equipos Socioeducativos. Situaciones que afectan a la convivencia en la escuela, de violencia, de sospecha o presencia y/o consumo de sustancias tóxicas, conflictos en las redes sociales, discriminación u hostigamiento por orientación sexual o identidad de género, maltrato infantil y abuso sexual son algunas de las problemáticas por las que las escuelas convocan a los equipos.

El relevamiento que realizaron en octubre sobre la cantidad de intervenciones de cada distrito indica que en el distrito centro y Villa Gobernador Gálvez, donde trabajan 9 integrantes, tenían asignadas para intervenir 255 situaciones. En el Distrito oeste, con 8 integrantes, les asignaron 175 situaciones (incluye Soldini, Zavalla, Pérez, Cabin 9, Roldán, Funes y Nueva Fisherton). En tato, el distrito norte noroeste, con siete integrantes, interviene en 160 situaciones. San Lorenzo tiene tres integrantes, que debieron intervenir hasta octubre de 2014 en 85 situaciones. El área de Ruralidad, con dos integrantes, tuvo asignadas 41 situaciones mientras en Villa Constitución, con una sola integrante, la convocatoria fue para 30 demandas.

Una de las "niñas bonitas" de las intervenciones que realiza este equipo es el programa "Vuelvo a estudiar", que detecta a chicos y chicas que abandonaron la escuela secundaria y los reinserta en el sistema. Justamente, las integrantes del equipo son las encargadas de hacer el primer contacto con esas chicas y esos chicos. "Ese programa lo sostienen con más precarización laboral", señala una de las trabajadoras, quien afirmó que en los dos meses que están afectadas al "vuelvo a estudiar" aparecen "los recursos que todo el resto del año se retacean" para movilidad y materiales de trabajo. "Ahí aparecen remises y mientras tanto dejamos de lado el resto de las intervenciones", se quejó otra de las convocadas. Considera que el público al que apuntan con las dos visitas que tienen estipuladas es una población que hace tiempo que no está en el sistema escolar. Y que si bien la demanda es importante, también la falta de escuelas, e incluso la lejanía con las instituciones disponibles, atentan contra el programa. "No hay Eempas y si el chico tiene que salir del barrio para cursar a la noche, muchas veces no puede volver a su casa", describieron.

Para las integrantes de este programa, la precariedad es determinante. "Todas tenemos que tener otros trabajos para sostenernos", subrayan. "La sobrecarga de situaciones hace que siempre trabajemos con lo emergente y nunca se pueda desarrollar una tarea institucional más seria", agrega otra entrevistada. "Terminás postergando situaciones cuando son todas importantes porque, ¿cómo decidís qué pibe tiene los derechos más vulnerados?", agrega una de sus compañeras.

Desde el sindicato docente, la secretaria general de Amsafé y Ctera apuntaló el reclamo de equipos multidisciplinarios, y pidió que cuenten con estabilidad laboral en el marco de "un proyecto de trabajo a largo plazo". Alesso subrayó que Amsafé viene "planteando es la necesidad de que estos equipos se concursen, y sean de planta. Además, entendemos que hay que crear más equipos para poder intervenir en las escuelas con eficacia ante situaciones muy complejas". La sindicalista subrayó que se trata de una "vieja demanda" gremial. "Creemos que tienen que ingresar por concurso como todos los cargos, y con proyectos de trabajo que se sostengan a lo largo del tiempo, por eso es importante la estabilidad", agregó.

Las profesionales se esperanzaron con el proyecto de ley de Verónica Benas para crear "Equipos Interdisciplinarios de apoyo escolar", una figura que formalizaba a las integrantes del equipo, y que tuvo media sanción en noviembre de 2013, pero en Senadores no prosperó. En cambio, el senador Danilo Capitani hizo otra propuesta, que también tuvo media sanción. Los dos proyectos perdieron estado parlamentario y tienen una promesa de que el año próximo habrá una iniciativa de consenso. "Ante la irregularidad de nuestra situación laboral, la ley nos dará una figura para reclamar", subrayó una de las más activas del colectivo.

Las trabajadoras señalan que también existe una resolución del Consejo Federal de Educación, del 3 de julio de este año, en la que se establece que "cada jurisdicción designará un equipo destinado a la atención conjunta, intervención y/o derivación de las situaciones que informen a través de la línea" telefónica gratuita para la atención de violencia en las escuelas coordinada por el Ministerio de Educación.