Desde Santa Fe

La causa que investiga al ex presidente del Ente Administrador del puerto de Santa Fe, Marcelo Vorobiof se quedó sin juez. Su abogado defensor Roberto Busser recusó al juez Jorge Pegassano con una batería de argumentos que apuntan más contra el camarista Sebastián Creus que al propio recusado. Sin embargo, Pegassano decidió apartarse porque a su criterio "perdió la confianza" de las partes. "¿Qué argumento es ese?", se preguntó el juez Darío Sánchez, que seguía en el orden de subrogancias y rechazó la inhibición de Pegassano. El conflicto de competencia deberá resolverlo ahora la Cámara de Apelaciones, ya no Creus, sino posiblemente su colega, Roberto Reyes, según fuentes judiciales consultadas por Rosario/12. El operativo de la defensa volvió a frenar la investigación del fiscal Nº 7 Jorge Andrés que tiene bajo la lupa a los coautores y partícipes de las maniobras que se le reprochan a Vorobiof.

Pegassano procesó a Vorobiof el 29 de agosto último y Creus confirmó el procesamiento el 19 de febrero. Le imputan cuatro hechos: supuestas "negociaciones incompatibles" con dos empresas que manejaban sus parientes: Rumbos Portuarios SRL (administrada por su yerno, Sergio Vázquez) y Casco Felipa (a cargo de su cuñado Gustavo Banchik) y presunto "peculado" por contratos con otros dos grupos: Caro Engler y Mundo Construcciones, que "comprometieron las finanzas del Ente hasta el año 2020". Un funcionario "no puede favorecer a familiares", sintetizó la resolución de Creus

Busser contratacó con dos recursos: apeló "la confirmación del procesamiento de Vorobiof" porque a su criterio el fallo de Creus "completó" el de Pegassano en una supuesta "violación de la competencia" del juez de Cámara. Y recusó al propio Pegassano, a quien ponderó por su "inobjetable desempeño" y "probada idoneidad como juez", pero lo ubicó bajo una "ilegítima influencia" de Creus.

Pegassano aceptó la recusación y se apartó porque había "perdido la confianza de las partes". "¿Qué argumento es ese?", se preguntó Sánchez y rechazó la inhibición de Pegassano, así que ahora el incidente deberá ser resuelto por otro juez de la Cámara, posiblemente Reyes.

Uno de los puntos más llamativos de la recusación de Busser a Pegassano es el quinto. "Desde una posición objetiva -dice- y sin que ello signifique inspeccionar su inobjetable desempeño o probada idoneidad como juez, una trama entre argumentos legítimos y arbitrariedades necesita ahora de un tribunal que se presente definitivamente con independencia crítica para desvincular unos y otras y evitar no sólo la ilegítima influencia del desvío cometido por el juez de Cámara (Creus), sino la excedencia de poder no sea vista como aprobación de una línea de investigación planificada de oficio".

Busser agregó: "Frente a esta situación", Vorobiof "está persuadido que la garantía del pleno servicio de justicia está condicionada a que la dirección del procedimiento sea asumida por otro juez (...) que tendrá libertad funcional e independencia intelectual para revisar y cambiar" las imputaciones "provisorias" que pesan sobre el imputado y "cuestionar la legalidad de las consideraciones expresadas" en el fallo de Creus.

En su defensa, Busser llegó a considerar a Vorobiof como víctima de "una cacería penal" porque fue el único imputado que declaró en la causa y hasta insinuó "un absoluto desinterés" sobre la situación de los demás. Creus le contestó que "el fiscal solicitó la indagatoria de muchas personas más", lo que desmiente a Busser. "No es cierto que sólo Vorobiof haya sido llamado a indagatoria y que ello signifique que es el único que sufre la persecución penal", dijo Creus. Y mencionó la situación de otros siete imputados: cuatro directores del Ente: Antonio Santiago López, Luis María Lazzaroni, Herbert Norman y José María Chemes (delegado del intendente de Santa Fe, José Corral) citados a prestar "declaraciones informativas" y otros tres: Rodrigo Carelli (que vive en la casa donde figura el domicilio de Rumbos Portuarios) y los gerentes del Ente, Sebastián Alonso y Fernando Molinari que "han comparecido y designado abogados". "La declaración informativa tiene las mismas garantías que la indagatoria porque significa atribuir hechos, tal vez con un menor grado de imputación, pero imputación al fin" y la designación de defensores es porque están "imputados" en la causa. En consecuencia, "no es cierto que sólo Vorobiof haya sido objeto de persecución penal".