Desde Santa Fe

El Tribunal Oral de Santa Fe dará hoy su veredicto en el juicio por el asesinato de Silvia Suppo. A las 11, los dos imputados, Rodrigo Sosa y Rodolfo Cóceres, tendrán el derecho de decir sus últimas palabras y después se conocerá la sentencia. Los abogados de la acusación pidieron que se los condene a prisión perpetua, aunque por diferentes móviles: el fiscal Martín Suárez Faisal los acusó por "homicidio en ocasión de robo" y los querellantes, Lucila Puyol, Guillermo Munné y Lucía Tejera, por "homicidio agravado" por ensañamiento y alevosía. Mientras que el defensor oficial, Martín Gesino, solicitó que los absuelvan porque las pruebas de la causa fueron "plantadas" y son "ilegales", pero si llegaran a condenarlos por la hipótesis que planteó el fiscal, solicitó la pena menor de diez años de cárcel, de la cual Sosa y Cóceres ya cumplieron la mitad.

En la sentencia, el Tribunal deberá resolver sobre otras demandas de las querellas. Puyol y Munné denunciaron la "trama de encubrimiento" y solicitaron que se investigue al juez de Rafaela que instruyó la causa, Alejandro Mognaschi, a la ex fiscal Cristina Fortunato (ascendida a jueza en 2014) y a más de 25 policías que intervinieron en el expediente, entre ellos el ex jefe de la Unidad Regional V, Juan José Mondino (hoy secretario de Seguridad del municipio de Rafaela) y el ex subjefe, Leandro Amaya. En tanto, Tejera, que representa a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, propuso que esa investigación avance sobre "la responsabilidad institucional de la Policía de la provincia".

En cambio, el petitorio de los fiscales Suárez Faisal y Natalia Palacín se limitó a que se investiguen las denuncias de sólo dos testigos que declararon en el juicio: Juan Ramón Vázquez y Marcela Cóceres, ex concubina de Rodolfo Cóceres. Vázquez reveló que lo torturaron con una bolsa de nylon en la cabeza y le quebraron el tabique para que se hiciera cargo del crimen, pero resistió y zafó. Y Marcela Cóceres dijo que la amenazaron con quitarle su bebé de 9 meses si no denunciaba a su ex pareja, la "manotearon" y luego la tuvieron presa y esposada casi 20 horas.

El domingo, en Rafaela, en una marcha a cinco años del crimen, los familiares de Silvia insistieron que "se trata de un asesinato político que se llevó la vida de una testigo y querellante en causas por delitos de lesa humanidad".