Desde Santa Fe

La Cámara Federal de Rosario (sala B) confirmó el procesamiento de nueve de los diez imputados en una estafa en gran escala en el mercado bursátil, entre ellos el líder del grupo y dueño de Bolsafe Valores y BV Emprendimientos, Mario Rossini y sobreseyó a una de sus colaboradoras y ex vicepresidenta de Bolsafe, Flavia Sánchez, por considerar que los hechos que se le atribuyeron en la indagatoria, entre marzo de 2004 y abril de 2006, ya prescribieron. Rossini está procesado como presunto "autor responsable" de "administración fraudulenta" y "captación de ahorro público e intermediación no autorizada en el mercado de valores". Su hermano y ex vicepresidente de Bolsafe, Omar Santos Francisco Rossini (que desistió de la apelación) y María Mercedes Leiva como supuestos "coautores". Y otras seis mandatarias o empleadas de la empresa: Marisa Laura Valdez, Carolina Pavarín, Daniela Reatti, Patricia Berrino, Maria Lorena Molinas y Miriam Sabella como presuntas "partícipes" en distintos grados, por lo que la Cámara consideró un "aporte esencial" a la operatoria.

En el primer voto del juez José Toledo, al que adhirió su colega Edgardo Bello, la Cámara reveló cómo operaba Rossini. "La modalidad delictiva - así la llama- consistió en captar clientes" que "entregaban sus valores a Bolsafe" y luego éstos "eran transferidos sin consentimiento de sus titulares" a la segunda empresa, BV Emprendimientos, con o sin "contratos de alquiler de títulos". Los inversionistas "perdían la titularidad" de los bonos que después pasaban a otra "cuenta comitente a nombre de BV Emprendimientos o del propio imputado en el Banco de Galicia, Galicia Valores o Valfinsa Bursátil (dos sociedades de bolsa que operaban en Buenos Aires), para ser liquidados finalmente en el mercado, sin restituir a los comitentes sus especies", a pesar de los reclamos.

Las pruebas - dice la Cámara- "dan cuenta del ofrecimiento que se hacía a los clientes de Bolsafe", ya "sea en forma electrónica o por teléfono" sobre "el alquiler de títulos, el asesoramiento para invertirlos bajo locación" y hasta la "persuasión personal de Rossini a los clientes para concretar la operatoria".

"El sistema interno" del grupo "emitía resúmenes de cuentas periódicos, de los cuales surgían las supuestas tenencia de títulos de los clientes que ya habían sido desapoderados de los mismos. También Rossini habría convencido a los comitentes para reinvertir el producido del supuesto alquiler en la compra de nuevos títulos, que no eran adquiridos", explicó la Cámara.

Por lo tanto, "el presunto mecanismo defraudatorio, habría operado a través de contratos de locación de títulos que a veces se firmaban en Bolsafe", según el testimonio de "una de las empleadas de la empresa". Y "Rossini habría ordenado la transferencia de títulos de las cuentas de los comitentes damnificados sin que hubiere mediado contrato de alquiler.

"Bajo tal mecanismo, las cuentas de los comitentes de Bolsafe no fueron restituidas a sus titulares", dice la Cámara y vuelve a citar a otras tres empleadas de Rossini que admitieron que "BV Emprendimientos era operadora de alquileres de títulos".

Rossini y personas "habrían utilizado Bolsafe para captar clientes" y ofrecerles "inversiones" en "la empresa BV Emprendimientos y a través de su estructura de sociedad anónima efectuar los contratos de alquiler, y transferir títulos", dos operaciones que "no estaban autorizadas", expresa el fallo.

La Cámara señala también la pantalla. Las dos sociedades, Bolsafe Valores y BV Emprendimientos, tenían "una denominación similar" dice , lo cual es "susceptible de generar desorientación" en los inversores. Y ese vínculo, "condujo a los depositantes a operar en una u otra 'como si' se tratara de la misma empresa, llevándolos a la confusión dado que cada cliente entendía que BV Emprendimientos era una 'sucursal o agencia' de Bolsafe". Más, cuando "funcionaban en el mismo inmueble y los clientes eran atendidos por Rossini y los mismos empleados" de Bolsafe.

La resolución repasa los roles que cumplieron las otras imputadas y desestima sus descargos. Según la Cámara, tres de ellas que operaban como "mandatarias de la sociedad de bolsa (...) no podían desconocer que el alquiler de títulos estaba prohibido en el mercado de valores". Y otra, que era "productora" y "explicaba a los clientes el funcionamiento del mercado" "resulta poco probable que hubiera desconocido que la oferta de locación de títulos estaba prohibida", concluyó.