Desde Santa Fe

Una de las pruebas que valoró el fiscal federal Walter Rodríguez (foto) para imputar y pedir el procesamiento del jefe de Apropol, Alberto Martínez y de tres policías en actividad por "el movimiento sedicioso" de diciembre de 2013 - como lo califica- es que en los piquetes frente a la Casa Gris y la Jefatura de Policía de Santa Fe había efectivos con "armas de fuego", en las "cartucheras" o en "la cintura" si estaban de civil. "Hubo un plan criminal", dice el dictamen del Ministerio Público que se conoció esta semana y solicita los procesamientos de Martínez por supuesta "instigación a cometer delitos" y de los oficiales Fabricio Abasto, Claudio Patiño y Mauricio Pagani por presunta "sedición", mientras que desvincula de la causa a otros dos indagados, Oscar Aguirres y Alejandro Zamaro, por "falta de mérito".

El fiscal repasó los roles que cumplió cada uno en lo que consideró "un plan delitivo", entre el 4 y 10 de diciembre de 2013. Martínez -dijo- "instigó públicamente el inicio y la radicalización del conflicto", mientras que Abasto, Patiño y Pagani se movilizaron "en forma organizada y conjunta" para el "alzamiento" de la Policía de Santa Fe que arrancó "medida y concesiones" al gobierno de Antonio Bonfatti.

Según el fiscal, Abasto "desempeñó un papel influyente" en los hechos y hasta lo consideró "el engranaje operativo del alzamiento en la ciudad de Santa Fe". "Oficiaba de contacto" con el gabinete de Bonfatti y el ministro de Gobierno, Rubén Galassi. "Era el real operador de Apropol en el terreno". En tanto que Patiño operó como "vocero de prensa" y era uno de los "negociadores" con la Casa Gris.

Acerca de los piquetes armados, Rodríguez citó la indagatoria de Patiño. "Yo no vi a ningún efectivo ostentar armas. Quiero aclarar que ostentar es muy diferente a portar un arma. Ostentar es esgrimir el arma. Yo no vi a ningún oficial esgrimiendo el arma. También hay personal policial de civil que como no tiene cartuchera porta el arma en la cintura", se defendió Patiño.

Sin embargo, el fiscal hizo otro encuadre jurídico. En "concordancia con lo que manifestaron dos testigos" (los cabos Pamela Príncipe e Iván Locadito), Abasto reconoció la existencia de personal policial armado en la plaza de Mayo, aunque refirió que a su juicio no hubo ostentación porque las armas no fueron 'esgrimidas', sino que permanecieron en las 'cartucheras' que porta personal uniformado o 'en la cintura', si se trataba de personal de civil", sostuvo Rodríguez. Y explicó que "el uso de armas (confiadas por el Estado a integrantes de la fuerza pública) que requiere el alzamiento no es el empleo efectivo de ellas, sino simplemente su disposición u ostentación". Lo que sanciona la ley "no es la petición en sí (en este caso de mejoras laborales) sino la fuerza con la que se intenta imponer el reclamo".

"La existencia de un plan criminal que implicó la distribución de tareas, no exige que quienes tomen parte en su ejecución, desarrollen la totalidad de la conducta típica, por lo que es irrelevante el hecho de que Abasto no haya poseído materialmente un arma por sí mismo", agregó.

"El alzamiento supone actividad grupal, movimiento relativamente organizado, al menos con relación a determinadas finalidades" y basta que se trate de una "irrupción violenta, con uso de la fuerza", la cual "puede informarse en cualquier manifestación de fuerza que signifique hostilidad contra los poderes públicos", dijo el fiscal al citar al tratadista Carlos Creus.

"Quienes se alzan tienen que disponer de armas para afectarlas al levantamiento aunque en los actos de fuerzas realizados no hayan llegado a utilizarlas (...) Lo que se pretende lograr mediante el alzamiento es que los titulares del órgano del poder adopten determinadas resoluciones, impartan determinadas ordenes u otorguen algo", apuntó al completar la cita de Creus.

El fiscal dijo que Martínez "también esbozó argumentos en defensa de los manifestantes que portaron armas". Según Martínez, "el policía debe portar el arma entre sus obligaciones básicas. Imagínese en un paro que los policías se pongan de acuerdo para entregar las armas", dijo en la indagatoria. Y agregó: "Además, no hubo ninguna orden (del gobierno de Bonfatti) de entregar las armas".