El ex capellán policial rosarino Eugenio Segundo Zitelli, deberá sentarse finalmente en el banquillo de los acusados, en un juicio oral y público. Es que mediante el Acuerdo del 1 de junio de este año, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario en pleno resolvió rechazar las nulidades interpuestas por su defensor particular, Eduardo Romera, contra las acusaciones públicas y privadas en el marco de la mega causa Feced. Así se confirma el juicio por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de condiciones tormentosas de detención y asociación ilícita en perjuicio de 14 víctimas. Ellos son María Inés Luchetti de Bettanín, Eduardo Bracaccini, Patricio Pedro Downes, Tomasa Verdum, José Raúl Villarreal, María del Rosario Ortíz de Villarreal, Miguel Angel López, María de las Mercedes Sanfilippo, Olga Delfina Cabrera Hansen, Elba Juana Ferraro de Bettanín, Darío Castagnani, María Herminia Acevedo de Fernández, Mónica Cattoni, Graciela Borda Osella.

La decisión de la Cámara sobreviene después que se solicitara al juez federal Marcelo Bailaque la elevación a juicio, medida pedida por los fiscales Gonzalo Stara y Mario Gambacorta, la Secretaría de DDHH de la Nación, la APDH y los distintos grupos de querellantes particulares, representados por las abogadas Jesica Pellegrini, Gabriela Durruty, Luciana Censi y Nadia Schujman. El pedido ha sido confirmado por la Cámara.

En palabras de los camaristas: "en el requerimiento de la fiscalía se sostiene que está comprobado en grado probable que el acusado concurría asiduamente al Servicio de Informaciones de la Unidad Regional II de Policía donde había gran cantidad de personas privadas ilegalmente de la libertad, por lo que debía considerárselo responsable de todos los delitos cometidos allí en el marco del plan sistemático..., los acusadores expresan que en virtud de haber contribuído a mantener las privaciones de libertad en tan penosas e inhumanas condiciones, Zitelli debe ser juzgado también por el delito de tormentos".

En consecuencia la Cámara consideró que "Eugenio Segundo Zitelli debe responder en juicio oral por los hechos de tormentos consistentes en las condiciones crueles e inhumanas en que tuvo lugar la privación ilegítima de la libertad de las víctimas."

Esto, sumado a los delitos de privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita conforman la imputación por la cual Zitelli se sentará en el banquillo de los acusados, junto con el resto de la patota de Feced.

De todas maneras la responsabilidad de Zitelli no se limita a las 14 víctimas por la que será enjuiciado, resta aún que Marcelo Bailaque resuelva el pedido de indagatoria por el homicidio del abogado César Raúl Tabáres interpuesto por las abogadas Gabriela Durruty y Jesica Pellegrini que representan a su viuda Alicia Ferrero y sus hijos Leandro, Federico y Julieta Tabares.

La Iglesia y el estado terrorista.

La Iglesia como tal constituyó un eje fundamental a la hora de desplegarse el accionar genocida impetrado durante la última dictadura. Acorde al trabajo realizado por los investigadores Lucas Bilbao y Ariel Lede a partir del análisis de la agenda personal de quien fuera enlace fundamental entre la Iglesia Católica y el gobierno dictatorial, Monseñor Bonamín, se pudo documentar en todo su alcance el grado de implicancia que tenía la jerarquía eclesiástica con la represión ilegal. La Iglesia contaba con capellanes en todas las regionales de policía del país y en todas las unidades castrenses, lo cual les permitía manejar día a día toda la información atinente a las víctimas del genocidio. Rosario no fue la excepción.

La responsabilidad de Eugenio Zitelli como Capellán de la Policía de Feced es sólo un ejemplo emblemático de ello. También existen numerosos testimonios de familiares de personas desaparecidas que eran recibidos por el "Padre García" en la misma sede del Arzobispado en calle Córdoba y España. El cura, hoy fallecido, hablaba de "campos de reeducación". En el caso particular de los familiares de las víctimas del hecho conocido como la Masacre de los Surgentes donde resultaron asesinados luego de sufrir horribles tormentos en el Servicio de Informaciones, Cristina Márquez, Cristina Costanzo, Sergio Jalil, Analía Murgiondo, José Antonio Oyarzábal, Daniel Laus y Daniel Barjacoba, llegaron a recibir la sugerencia del Padre García de "agregar un plato en la mesa familiar de las fiestas navideñas porque podrían regresar".

También se encuentra acreditada en la causa donde se investigan los delitos en derredor de la gesta popular conocida como el Villazo, la participación activa en la represión allí desplegada del cura Samuel Martino, quien hacía sonar las campanas de la iglesia para ocultar los gritos de los secuestrados y colaboraba en la confección de las listas de obreros perseguidos.

Estos dos últimos integrantes de la curia murieron impunes, pero resta aún responsabilizar penalmente a numerosos eclesiásticos que a lo largo del país cometieron delitos de lesa humanidad.

Rodolfo Yaquinto, secretario de monseñor Bolatti.

El hermano Yaquinto era un ex estudiante del seminario que fue contratado por el entonces Arzobispo de Rosario Bolatti como "secretario privado". Según revela la abogada Durruty "Yaquinto tuvo una activa participación en la relación entre la Iglesia y los familiares que desesperados acudían a ella entre las múltiples gestiones que realizaban ante la desaparición de sus seres queridos".

En esta línea se cuentan los testimonios de María Carey, querellante en la causa que investiga los delitos sufridos por Santiago Mac Guire, junto con sus hijos Federico, Martín, Lucas y Bárbara Mac Guire, quien declaró que personalmente Yaquinto la acompañó y le posibilitó el ingreso al batallón de Comunicaciones 121 donde Santiago permaneció secuestrado en condición de detenido desaparecido y donde fue torturado.

También se suma la palabra de Magdalena Pérez, cuya hermana Marisol permanece aún desaparecida, quien también testimonió ante la Conadep cómo Yaquinto oficiaba de intermediario entre los carceleros de su hermana y la familia.

Por todos estos testimonios las abogadas Durruty y Pellegrini, en representación de la familia Mac Guire formalizaron un pedido de detención e indagatoria de Yaquinto al juez Marcelo Bailaque, que aún no fue resuelto.

La lucha colectiva.

"El enjuiciamiento de Zitelli es producto de una lucha encabezada por sobrevivientes del Si que con gran valentía denunciaron ante la justicia y ante el arzobispado la responsabilidad del represor con sotana que cometió delitos gravísimos contra sus congéneres" apunta Pellegrini. Tal es el caso de Elba Juana Ferraro de Bettanín, María Inés Luchetti de Bettanín, Mónica Cattoni, Gladis Bracaccini y la abogada Olga Cabrera Hansen.

Las organizaciones de derechos humanos APDH, Familiares de Rosario y UMANO de Casilda presentaron una denuncia que recopilaba toda la prueba colectada durante dos décadas que fue tomada por los fiscales Stara y Gambacorta que presentaron el pedido de indagatoria iniciando un proceso que hoy culmina con Zitelli acusado en audiencia oral y pública.

Los archivos.

Durante el papado de Ratzinger, Benedicto XVI, una Delegación de Familiares y Madres de Plaza 25 de Mayo se reunió con el Secretario de Culto, Guillermo Olivieri, a fin de tramitar un formal pedido al Estado Vaticano para que se entreguen los archivos relativos a la represión en Rosario y zona.

Idéntico pedido de formalizó ante el juzgado federal 4, lográndose que el arzobispado rosarino entregara dos dossiers de documentación obrante en sus archivos, prueba cabal de que los mismos existen y se encuentran prolijamente conservados. Como corolario de toda esta lucha, la APDH en su carácter de querellante en la causa Feced, representando a las víctimas de Zitelli que no cuentan con querella particular, impulsó, con éxito, la elevación a juicio oral y público del represor eclesiástico.

La responsabilidad de la Iglesia es un tema crucial para las organizaciones de derechos humanos que hicieron su aporte para desandar la impunidad con la que se cometieron los delitos que avergüenzan al estado argentino.

Para la abogada Durruty "la larga lucha de las organizaciones de derechos humanos y los sobrevivientes de la dictadura que representamos con Jesica Pellegrini, no deja lugar a dudas acerca de la complicidad de la jerarquía eclesiástica de nuestra región en el accionar genocida. Pero muy preocupante resulta también -agrega- la actitud de las actuales autoridades de la iglesia, que no parecen ser permeables al cambio de época, a las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al reclamo del pueblo todo".

En esta misma línea la letrada recuerda que "el párroco de la Iglesia catedral de Rosario, Raúl Giménez, en los primeros momentos de la detención de Zitelli, ensayó una encendida defensa del represor desde el púlpito mismo, que no fue desmentido por los máximos responsables del arzobispado. Además -cabe recordar- que Eugenio Zitelli no fue sometido a una dispensa (al menos preventiva) por lo cual puede ejercer su sacerdocio libremente a pesar de las gravísimas acusaciones que pesan sobre él, y que fueran confirmadas por la Cámara de Apelaciones".

En el mismo sentido Durruty destaca que "tampoco se manifestó la voluntad de abrir sus archivos a la investigación y colaborar en la búsqueda de la verdad y la justicia que les negaron a sus fieles en los peores momentos. Espero sinceramente -concluye la abogada- que al momento del juicio oral se ponga blanco sobre negro y se adopte una actitud distinta. Zitelli pasa hoy sus días en una propiedad de la iglesia, gozando de todos los beneficios que la protección de la misma le brinda".