La Cámara Penal de Rosario estudia un recurso de hábeas corpus presentado por el defensor público provincial, Gabriel Ganón, para que los presos santafesinos procesados y condenados puedan votar a partir de las próximas elecciones nacionales. Según indicó el funcionario, las personas sin condena firme, y con derecho a votar, "fueron excluidas del padrón electoral" en las Paso y en las generales provinciales, cuando solo votaron 80 detenidos, de 6 mil que hay en los penales de Santa Fe. La solicitud reclama que el mismo derecho se aplique a los condenados. A principio de junio, el juez de primera instancia Héctor Núñez Cartelle rechazó el planteo in limine. Pero tras la apelación de la Defensoría, la decisión está en manos de la camarista Carina Lurati, que ayer escuchó a las partes y adelantó que el martes dará a conocer su resolución. En la audiencia oral, la fiscalía no planteó objeciones. Ganón fue duro contra Núñez Cartelle porque consideró que "actuó con desconocimiento supino del derecho". La Defensoría indicó que en la ciudad de Santa Fe una presentación de las mismas características salió favorable, con lo que se espera que la provincia comience a implementarlo.

La finalidad de la presentación es "incorporar a todos los detenidos a los padrones de futuras elecciones, a modo de garantizar tanto el derecho a votar de los procesados como así también de las personas condenadas y sancionadas", con la idea de garantizar "condiciones de igualdad para todos los ciudadanos". Según se indicó, el recurso está relacionado con que en los últimos comicios "el Tribunal Electoral confeccionó un Registro de Electores Privados de Libertad; pero ese padrón solo contiene un número reducido de 463 procesados en los centros de detención".

En su oportunidad, la Defensa Pública inspeccionó todos los centros de detención de la provincia y las conclusiones del monitoreo arrojaron que "el total de personas procesadas (que esperan condena) asciende a aproximadamente 2075, una cifra abultada en comparación con la informada por la autoridad electoral provincial".

En rigor, el Servicio Público de la Defensa solicita que "se le informe a la Dirección Nacional Electoral y Secretaría Electoral Federal con asiento en Santa Fe para la elaboración completa de los padrones respectivos". A la vez que requiere "al Ministerio de Seguridad de Santa Fe, que en el plazo oportuno envié los listados de los privados de libertad tanto procesados como condenados al Tribunal Electoral santafesino para que prepare los padrones especiales, y la totalidad de los privados de libertad puedan hacer efectivo su derecho al voto".

Todos esos planteos llegaron, en primera instancia, al juez Núñez Cartelle, que ni siquiera permitió que la cuestión llegara a audiencia oral. "Es una resolución absolutamente infundada, inconstitucional y vergonzosa, sobre todo a esta altura del estado de derecho, después de haber pasado más de 30 años de democracia. Que un juez hoy tome una decisión del mismo tenor que en la dictadura es espeluznante y revela que este tipo de magistratura es la que no queremos. Un recurso de habeas corpus, desde 1983 no puede rechazarse in limine", se quejó Ganón. El defensor dijo que la jueza debe hacer una pormenorizada fundamentación.