Desde Santa Fe.

El juez Reinaldo Rodríguez cerró la causa por el vaciamiento del Banco Provincial de Santa Fe frenada durante más de 20 años sin develar los dos secretos que guarda al expediente: ¿Por qué estuvo 14 años en un Juzgado de extraña jurisdicción, en el fuero civil y comercial de la provincia? ¿Y por qué pasó otros cinco años en un armario del Tribunal Federal? El fiscal Walter Rodríguez apeló esta semana el fallo del punto final, que rechazó su pedido de nulidad de una resolución del ex juez Víctor Brusa que había dictado el "sobreseimiento provisorio" del trámite en 1993, lo que significaba mandarlo al archivo. Veintitrés años después, el juez Rodríguez coincidió que la causa está prescripta, pero el fiscal insistió que se trata de "una cosa juzgada fraudulenta" porque "existió un plan de acción" operado por tres jueces federales: Brusa, Héctor Tripicchio y el subrogante Gerardo Yebra para "simular el curso de un proceso penal con el fin de garantizar la impunidad de los posibles autores de los hechos". Así que ahora deberá resolver la Cámara Federal de Rosario.

El fiscal Rodríguez pidió la nulidad de dos resoluciones: una, de Tripicchio del 25 de abril de 1991 y otra, de Brusa del 11 de junio de 1993, que interpretó como la arquitectura de "una actividad jurisdiccional fraudulenta". El planteo es que se declare "la cosa juzgada írrita" o "fraudulenta", es decir que se deje sin efecto una sentencia firme cuando se comprueba que se dictó de manera ilegal y continúe la investigación, que es lo que el juez Rodríguez rechazó.

Concretamente, el fiscal Rodríguez y su colega Carlos Gonella a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) pidieron la nulidad de todo el procedimiento porque "existió un plan de acción común entre los jueces Tripicchio, Brusa y el sucesivamente juez y fiscal subrogante Yebra, dirigido a simular el curso de un proceso penal con el fin de garantizar la impunidad de los posibles autores de los hechos investigados".

Uno de los misterios es por qué y quién mandó la causa a la justicia ordinaria, donde estuvo 14 años. La secuencia comenzó el 11 de junio de 1993, cuando Brusa decretó "el sobreseimiento provisorio", lo que significaba mandarla al archivo. Pero al año siguiente, en 1994, la enviaron al Juzgado Civil y Comercial de la 6ta Nominación de la provincia, "donde estuvo paralizada durante 14 años", recordó el fiscal Rodríguez. Recién el 4 de febrero de 2008, fue devuelta al Juzgado Federal N°1, ya a cargo del juez Rodríguez. El 28 de mayo de 2008, el magistrado corrió vista a la fiscal Cintia Gómez, quien le pidió que cierre la causa por "extinción de la acción penal".