Desde Santa Fe

La Administración Provincial de Impuestos (API) intentará cobrar más de 100 millones de pesos por un "adicional" del inmobiliario rural a 6 mil terratenientes morosos que deben entre 80 mil y 100 mil pesos cada uno desde hace tres años, según anunció ayer el subsecretario de Ingresos Públicos, Sergio Beccari. Se trata de dueños de campos de 1.000 a 5.000 hectáreas en la zona norte y de 600 hectáreas en los departamentos del sur de "gran productividad" y valores millonarios en dólares, pero que se resisten a regularizar su situación con el fisco santafesino. "No son montos que no se puedan pagar, al contrario, el impuesto no es alto", advirtió el funcionario. Esta semana, la API comenzó otro operativo para detectar la "elusión" del impuesto de sellos en operaciones inmobiliarias que se registran por montos inferiores al real.

Beccari dijo que ya hace seis meses la API informó a los morosos el monto de su deuda y reclamó el pago, pero ante la falta de respuesta ahora comenzará con las intimaciones y los embargos. "En el mes de marzo enviamos notas a alrededor de 6 mil cuentas de grandes propietarios para que regularicen sus deudas con la provincia. Pero como no obtuvimos respuestas, ahora procederemos a intimación extra judicial y luego al embargo correspondiente", explicó.

El "adicional" fue aprobado por la Legislatura en 2012, en el arranque del gobierno de Antonio Bonfatti, que termina su mandato en diciembre. Y en estos tres años, más del 12 por ciento de los dueños de grandes extensiones de tierra no lo pagaron. "Es una serie de cuentas de partidas que nos deben los grandes propietarios rurales que fue instrumentado con la reforma tributaria de 2012", dijo Beccari por LT8. "Somos la única provincia que estamos tratando de lograr mayor progresividad con el impuesto. La Legislatura ya aprobó la gravabilidad de aquellos grandes terratenientes que conforman el 12 por ciento del total", agregó. "De esos hay bastantes que nos adeudan ese adicional completo, que son cerca de 100 millones de pesos de los tres años que lleva esto vigente. Los hemos intimado en marzo, ahora vamos con las medidas que corresponden: los embargos preventivos y juicios de apremio", adelantó.

La deuda de cada contribuyente oscila entre 80 y 100 mil pesos por cabeza y en total suma más de 100 millones, insistió Beccari. "Son 6.000 partidas del impuesto inmobiliario rural. Propietarios de 1.000 a 5.000 hectáreas en la zona norte y de 600 hectáreas en la zona sur, de gran productividad. No son valores que no se puedan pagar, sino por el contrario, de un impuesto que no es alto".

"Santa Fe es la única provincia en el país que les cobra a los grandes terratenientes. Desde el organismo vamos a aplicar el peso de las normas y llegaremos hasta los embargos preventivos, que es el paso posterior a la intimación, en caso de que los contribuyentes no cancelen sus deudas", aseguró Beccari.

En tanto, la API comenzó esta semana con acciones en toda la provincia destinadas a combatir la elusión y verificar el cumplimiento del pago del impuesto de Sellos en operaciones inmobiliarias. "Más de 60 inspectores del organismo saldrán a controlar operaciones realizadas en los aglomerados más poblados de las cinco regiones de toda la provincia", indicó el secretario de Ingresos Públicos.

"Cruzamos datos de operaciones inmobiliarias que se realizan por importes menores a los establecidos por las disposiciones pertinentes y detectamos elusión del impuesto de Sellos". Por lo tanto, "el operativo apunta a controlar que los contratos de estas operaciones cuenten con el sellado correspondiente como marca la norma y para ello se trabaja con un listado preventivo", concluyó.