De no ocurrir un imprevisto, la Cámara de Senadores de la provincia convertirá en ley en pocos días más la expropiación del ex centro clandestino de detención durante la última dictadura militar Quinta de Funes para su reconversión en espacio de memoria y escuela pública. La iniciativa que llegó de Diputados fue incluida en la Orden del Día de la próxima sesión y caminaría sin obstáculos hasta obtener su sanción. En la Cámara Alta es impulsada por el legislador del Frente Para la Victoria Raúl Gramajo y el vicegobernador Jorge Henn, mientras que en la Baja fue diseñada por la diputada del Frente Progresista Alicia Gutiérrez.

El avance del proyecto, en su recorrido en la Legislatura, se encontró con una dificultad en el inicio. Por el lado de Diputados, Gutiérrez impulsaba su propia propuesta, la que sostiene desde hace varios años y nunca tuvo aprobación, similar a la expropiación La Calamita, otro ex centro clandestino de la región, que sí consiguió sanción a fines del año pasado. Pero en Senadores, Gramajo, a instancias de Henn, recibió al concejal de Funes Mauro Miguez, quien es el autor de una ordenanza local que tiene pequeñas diferencias con la iniciativa esbozada por la legisladora frentista. El senador peronista tomó la propuesta del edil funense y la convirtió en proyecto de ley.

Había que avanzar solo con uno de los dos proyectos. Por ese motivo, superado ese leve inconveniente, Diputados aprobó el proyecto de Gutiérrez y lo derivó a la otra Cámara. Tuvo el visto bueno en comisiones y obtuvo despacho de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presidida por el propio Gramajo, por lo que pasó al Orden del Día. Es decir, tendrá prioridad de tratamiento en la próxima sesión y probablemente se convierta en ley para que Funes, en un futuro cercano, tenga un centro cultural de memoria histórica y una escuela pública en la finca ubicada en Ruta 9 y Diagonal San José.

El senador por el departamento 9 de Julio reconoció que la ciudad de Funes "ha iniciado, hace más de una década, un proceso de recuperación de su memoria histórica, expresado en movilizaciones, celebraciones públicas, actos de reivindicación bajo la consigna Memoria, Verdad y Justicia, y concretado en la Marcha Multipartidaria, la señalización de la Quinta de Funes, la constitución de la Comisión por la Memoria y el Colectivo Funes por la Memoria, y la restitución de la identidad, militancia y compromiso de la ciudadana desaparecida Ana María Gurmendi, docente funense secuestrada que permaneció en la Quinta de Funes en 1977 y asesinada en la Intermedia en 1978". Por ese motivo, consideró que existe el "consenso público" entre organizaciones militantes y la sociedad acerca de la "necesidad" de recuperar para el patrimonio público la Quinta de Funes.

Una vez sancionada la ley de expropiación, el Ejecutivo, seguramente a cargo de Miguel Lifschitz, deberá realizar la gestión de registro dominial del inmueble a favor del Ministerio de Educación de la Provincia. El gasto que demande el cumplimiento de la ley se atenderá con un crédito pertinente. En caso de no contarse con dicho empréstito, el gobierno provincial quedará autorizado a efectuar las adecuaciones que resulten "necesarias".

Apenas se logró la media sanción de Diputados, el concejal Miguez se mostró "contentísimo". "La expropiación en sí es una enorme noticia, era algo que parecía imposible y por eso es para celebrar", remarcó para luego cerrar: "El hecho histórico por el que se trabajó era recuperar la quinta. Es un hecho que yo lo evalúo como de los más trascendentales de la historia de Funes, y muchísima gente lo hizo posible, pero sobre todo, la voluntad política de hacerlo y pedirlo".