La Cámara de Diputados aprobó ayer un pedido de informes presentado por Eduardo Toniolli, que solicita saber "el monto de los honorarios de los estudios jurídicos porteños que llevaron la causa provincial contra el estado nacional por los fondos detraídos destinados al Anses. El escrito también apunta a revelar "si por contrato se fijó un pacto de cuota litis que establecería el cobro del 30% del monto total de la demanda", que ronda los 25 mil millones de pesos. Por su parte el Procurador de la Corte Jorge Barraguirre, quien era fiscal de Estado cuando Santa Fe presentó la demanda, reconoció que los estudios de Gil Lavedra y Bouzat "han cobrado unos dos millones de pesos en honorarios hasta el momento". El igual sentido negó que fueran a cobrar "el 30 por ciento de la suma total por contrato", aunque aclaró que "no está cerrada la negociación" final con los bufetes. "Falta la regulación judicial", afirmó.

Ayer, la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe aprobó el texto que rezaba que se "vería con agrado que el poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, informe acerca de los decretos 3165/08 y 0560/09 mediante los cuales se establece el patrocinio de dos estudio jurídicos (Bouzat, Rosenkrantz y asociados y Gil Lavedra y asociados) en la demanda de la provincia de Santa Fe contra el Estado nacional por la coparticipación de la ley del cheque, de la retención del 15% de la coparticipación federal para el financiamiento del sistema de previsión social centralizado en ANSES y los fondos de la coparticipación federal para el financiamiento del ente autárquico AFIP, contratos que fueron establecidos por decreto sin la correspondiente licitación pública por los montos implicados".

En ese sentido el escrito de Toniolli pedía saber "cuál fué el monto destinado en el presupuesto provincial para pagar los honorarios de los mencionados estudios jurídicos desde el año 2008 a la fecha, por llevar adelante el patrocinio de la provincia de Santa Fe en las citadas causas contra el Estado nacional".

También pretendía saber "si en los mencionados decretos se establece por contrato un pacto de cuota litis o pacto de honorarios que establecería el cobro del 30% de los recursos líquidos que recibiría la provincia en el caso de que la demanda prospere favorablemente o que se resuelva en una transacción favorable".

Por este tema fue el procurador general de la Corte Suprema de la provincia, Jorge Barraguirre, quien salió al cruce y reconoció que Santa Fe contrató dos estudios privados para llevar adelante el juicio a la Nación por el pago de deudas por detracciones pero negó que se puedan llevar el 30 por ciento de los cerca de 25 mil millones de pesos que llegarían a las arcas locales. "Fue absolutamente limpia", aseguró.

El funcionario, que era fiscal de Estado cuando se realizó la denuncia ante la Corte nacional en la gestión de Hermes Binner, defendió la utilización de abogados especializados para el trámite y señaló: "Habitualmente en las litigaciones ante la Corte se hace así por dos o tres razones: por la calidad que pueda recibir, por la capacidad al límite que pueda tener una Fiscalía de Estado como la nuestra, donde había más de cinco mil reclamos de policías, mil de agentes bancarios, seis mil de inundados; y después para un control y asistencia permanente".

En declaraciones a Radio Dos Barraguirre aclaró que "por todo eso se contrata a un estudio externo", y aclaró que no es "necesario" tomar ese camino pero sí "es una cuestión de conveniencia, si usted quiere tener determinado tipo de calidad de asesoramiento". Entonces reconoció que

"se pagó un adelanto, de 40 mil pesos mensuales durante dos años"

y dijo que no se hizo por licitación ("rara vez se hace", definió) y que no tuvo observaciones en contra del Tribunal de Cuentas.

Además de defender la transparencia de aquella decisión, el procurador negó que se haya establecido un porcentaje del total a cobrar por Santa Fe para pagarle a los dos estudios privados: el de Gil Lavedra y el de Bouzat. "Eso no está en absoluto previsto en la contratación, debe ser un error de interpretación o vaya saber de donde sale", afirmó en relación a las versiones difundidas este jueves y la denuncia del diputado Eduardo Toniolli.