Desde Santa Fe.

Luis María Vera Candioti es el segundo juez de la dictadura en Santa Fe acusado por delitos de lesa humanidad. El jueves 28, el Tribunal Oral que lo juzga dará su veredicto por los tres cargos que le reprochan en el juicio: "retener y ocultar" a una hija de desaparecidos, María Carolina Guallane, cuando era una pequeña de 14 meses, "alterar y suprimir su estado civil" que era Paula Cortassa y "prevaricato". El fiscal Martín Suárez Faisal y los abogados de las Abuelas de Plaza de Mayo, Natalia Moyano y Santiago Bereciartúa, ya le pidieron una condena de "15 años de cárcel" -que es la máxima de la escala por aquellos delitos- y de "cumplimiento efectivo", mientras el defensor oficial Martín Gesino -que lo patrocina en el debate- solicitó su "absolución" y delegó la supuesta responsabilidad por el operativo que borró la historia de Paula en una ex asistente social del Juzgado de Menores ya fallecida, Blanca Soria. Según el fiscal, Vera Candioti fue el "primer eslabón" de un "engranaje criminal" que despojó a la niña de su familia biológica "bajo la macabra concepción de que si sus abuelos no habían sabido educar a sus hijos, que la dictadura se dedicaba a eliminar, tampoco esos abuelos iban a poder educar a sus nietos". Por lo tanto, Carolina fue entregada a sus adoptantes de buena fe, en Venado Tuerto, a más de 200 kilómetros de Santa Fe.

Vera Candioti es uno de los cuatro imputados en el juicio por la megacausa al terrorismo de estado que arrancó en abril del año pasado y finalizará en dos semanas. El viernes, cuando concluyeron los alegatos de las defensas, el presidente del Tribunal, Ricardo Vásquez, anunció que el 21 seguirán las réplicas y el jueves 28, se conocerá la sentencia.

Los otros imputados son el teniente coronel Carlos Enrique Pavón, el comisario Juan Calixto Perizzotti -a quienes reprochan los mismos cargos que a Vera Candioti en el caso Carolina- y el teniente coronel Domingo Morales. Los abogados de Abuelas le pidieron a Pavón y Perizzotti 15 años de prisión, pero el fiscal solicitó 13 años para el primero y 25 años para Perizzotti porque a éste le atribuye también los "homicidios" de 16 montoneros, entre ellos Enrique Cortassa y Blanca Zapata, los padres biológicos de Paula; más, cuatro casos de secuestros y torturas. A Morales, Suárez Faisal le solicitó 22 años de prisión por "asociación ilícita" y los "homicidios" de otros tres militantes.

En su alegato, el fiscal repasó la "carrera" de Vera Candioti, su paso por la Policía santafesina, cómo se convirtió en el único juez de Menores de Santa Fe con competencia en doce departamentos y su rol en el terrorismo de estado. "Era el juez de confianza", un "anillo al dedo del accionar de las Fuerzas Armadas", explicó.

Y en esa línea, recordó a los mentores del juez. Lo propuso para el cargo el entonces interventor del Poder Judicial, general Víctor Latella Frías y lo designó el gobernador de facto, vicealmirante Jorge Aníbal Desimoni, el 21 de octubre de 1976. El fiscal mencionó el decreto de designación (3390/76) porque el último artículo obligaba a Vera Candioti a jurar "acatamiento" a los "objetivos básicos fijados por la junta militar" de Videla y "el estatuto del proceso". "Claramente, necesitaban una persona de confianza" porque "el plan sistemático del terrorismo de estado, incluía la supresión de identidad de los hijos" de aquellos que las "fuerzas policiales y militares" llamaban "delincuentes subversivos".

Antes de ser juez, Vera Candioti fue oficial de la Policía de Santa Fe, donde estuvo doce años, desde 1958 a 1970. Precisamente, en el Onganiato, en abril de 1970, asumió como fiscal del fuero ordinario y en octubre de 1976, siete meses después del golpe, como juez de Menores. "Vera Candioti no era ajeno al aparato institucional de las Fuerzas Armadas, al contrario, en la época de los hechos, su hermano Alberto era médico de la Policía", dijo el fiscal. Y señaló las "dos pruebas" que lo vinculan "con el aparato represivo, que va más allá de su función como juez de Menores: su trabajo en la Policía durante más de doce años, previo al ingreso a la justicia y la presencia de su hermano en la institución policial". "Estos factores han sido fundamentales" en "su accionar, que terminó con la apropiación" de la nena, agregó.

"El rol de este juez de Menores que había hecho carrera en los gobiernos militares fue crucial" en el operativo que borró la historia de Paula Cortassa. Según el fiscal, Vera Candioti "se constituyó en el primer eslabón que permitió desencadenar el engranaje criminal para consumar la entrega de la niña a una familia distinta de la biológica, bajo la macabra concepción que guió a éstos perpetradores": si "los abuelos no habían sabido educar a sus hijos, que la dictadura se dedicaba a eliminar, tampoco esos abuelos iban a poder educar a sus nietos". El rol de Vera Candioti fue el "anillo al dedo del accionar de las Fuerzas Armadas".

El fiscal reprochó a Vera Candioti "todo lo que debería haber hecho y no hizo" para preservar la identidad de Paula, quien sobrevivió al secuestro de sus padres, Blanca y Enrique Cortassa, el 11 de febrero de 1977, en la masacre de la calle Castelli al 4500. "Lo que hizo Vera Candioti fue alejar a Paula de cualquier posibilidad de ser identificada por su familia biológica", acusó.

En 1980, en un sumario que la Corte Suprema de la provincia ordenó en el Juzgado de Menores a su cargo, Vera Candioti "se dio el lujo de compararse con un 'buen padre de familia'", recordó el fiscal. El sabía que Paula era sobreviviente de un "procedimiento" del Ejército y conocía su "débil estado de salud". Entonces," ¿podemos calificar su accionar como el de un buen padre de familia?", se preguntó Suárez Faisal.

Vera Candioti estaba ante "una niña en condiciones de extrema vulnerabilidad, no sólo por su edad, ya que un bebé no puede siquiera pedir auxilio, sino por su grave estado de salud". "Ese proceder desvirtuó por completo su autocalificación como 'buen padre de familia'" y "revela un total desprecio por la condición de la niña y sus padecimientos".