Miguel Lifschitz y su ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, se reunirán hoy con el jefe de la Fiscalía Regional de Rosario, Jorge Baclini, y algunos de sus colaboradores, con un clima crispado por delitos violentos y estridentes ocurridos en los últimos días, y el recurrente contrapunto de reproches cruzados entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. El propio ministro reveló ayer que pidió a su par nacional, Patricia Bullrich, "mayor coordinación" con los 400 gendarmes que permanecen en la ciudad. Pero ayer la Corte exigió al gobernador que tome medidas ante lo que interpretan como un ataque del ministro de Seguridad.

Pullaro aflojó ayer la pimienta verbal contra los jueces, y hasta se disculpó de haber dicho que nadie "debe hacerse el boludo" ante la inseguridad. Sin embargo, luego trascendió que armó para hoy a última hora de la tarde una reunión con el gobernador y los fiscales rosarinos. "Cuando llamamos, los fiscales vienen, pero los jueces nunca", soltaron desde el gobierno.

El gobierno querrá demostrar voluntad de trabajo y sintonía con el Poder Judicial, al menos en lo que respecta al Ministerio Público de la Acusación, y dejar en evidencia la ausencia de magistrados en esa mesa.

El jefe de la Fiscalía Regional, Baclini, celebró que Lifschitz quiera escucharlos personalmente sobre sus planteos y reclamo de mayores recursos, en cuanto a personal y a infraestructura. "No puede ser que sigamos teniendo que enviar muestras de laboratorio forense a Buenos Aires, y falta el Organismo de Investigación (policía judicial) que el año pasado se creó por ley, pero que aún no se implementó", recordó Baclini.

El titular de la Corte Suprema provincial, Rafael Gutiérrez, dijo que Pullaro "se equivoca continuamente, opina de cosas sobre las que no tiene ningún conocimiento", y que "la seguridad es responsabilidad del Poder Ejecutivo", según el portal Conclusión. Ayer firmaron una Acordada de la Corte para exigirle a Lifschitz que "tome medidas" ante lo que interpretan como "un ataque del ministro Pullaro".

El radical, luego de una aparición en TV, se llamó a silencio, pero a su alrededor abonaron su posición. "Cuando hablamos de trabajar de lunes a lunes primero todos están de acuerdo pero luego quedamos solos; el problema es con los intocables, esos jueces que dicen que sólo hablan por sus fallos, los que se van al mediodía y no se los puede molestar hasta el día siguiente. Esta vez los incomodamos", interpretó una fuente del gobierno.

El reproche apunta al criterio adoptado en algunos fallos sobre criminales reincidentes, como sería el caso de Andrés Soza Bernard, presunto instigador del crimen de Fabricio Zulatto, que había sido condenado a 13 años de prisión por asesinar a una chica y estaba en libertad condicional. "En otros fallos, por el mismo delito, las penas han estado entre 18 y 23 años", citó esa fuente.