Miguel Lifschitz reunió ayer a la mayoría de los fiscales penales de Rosario, y conversó con ellos hasta entrada la noche en la sede local de Gobernación, en procura de apuntalar el vínculo del gobierno con el Poder Judicial, al menos en lo que refiere al Ministerio Público de la Acusación, en días en los que la relación con la corporación de magistrados está bien áspera y el clima social, muy espeso por los últimos hechos de violencia urbana. Unos 65 fiscales, encabezados por el titular del MPA, Julio De Olazábal, y el fiscal regional Jorge Baclini, aprovecharon para explicar su requerimiento de contar con mejor infraestructura tecnológica para investigar delitos y cubrir los cargos que faltan.

Ni el gobernador ni el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, aceptaron realizar declaraciones al término del encuentro. Lo llamaron "charla sobre metodología y evaluación de estrategias de trabajo", le bajaron expectativas a la cita diciendo que fue "una reunión de trabajo más", pero reconocieron que el horno no está para bollos y que el contexto esta vez, al menos en la gestión Lifschitz, es especial. Nunca habían acudido tantos fiscales a una cita de estas: de a uno o de a grupos de 3 o 4 fueron llegando, titulares y adjuntos, de las unidades de homicidios, flagrancia, los que investigan corrupción y violencia policial, los de delitos sexuales, de violencia de género, los que toman las causas de asaltos y entraderas. Todo el ámbito fiscal de la región, incluidas las fiscalías de San Lorenzo, Casilda, Cañada de Gómez y Villa Constitución.

El fiscal Baclini valoró la ocasión de dialogar con el titular del Ejecutivo, y resumió el contenido del mitin en los planteos y reclamos que viven en el MPA a diario. Se refirió a la necesidad de completar la plantilla de fiscales con los concursos que faltan, y de incorporar más y mejor tecnología investigativa. "Hoy para hacer una comparación facial digital de sospechosos tenemos que encargarlo a un laboratorio de Buenos Aires, y deficiencias como esas inciden luego en los resultados", señaló.

Mientras tanto, en la calle, frente a la puerta principal de Gobernación, un grupo de personas -mujeres en su mayoría, familiares de víctimas de la inseguridad- plantó un tendal de cruces blancas sobre la escalinata y le puso sonido ambiente a la reunión del primer piso con la sirena de un megáfono y la letanía clamorosa de quienes exigen justicia por hechos delictivos sufridos en carne propia y que consideran impunes.

"Venimos para hacer ver y oír nuestro dolor, porque al gobierno, a los jueces y fiscales les parecemos invisibles, como si no hubiera muertes por robo, como si el narcotráfico hubiera desaparecido. Los jueces no aplican las leyes para proteger a los ciudadanos, y favorecen a los reincidentes", dijo Adriana Abaca, vecina de barrio Godoy que ha denunciado más de una vez el accionar delictivo en esas calles, con complicidad policial. Los nombres de víctimas de muertes violentas, voceados con el megáfono, habrán resonado en el salón del gobernador y los fiscales, pero la reunión continuaba hasta el cierre de esta edición. Unos y otros tenían mucho para decirse.