La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad en la causa por la tragedia del colegio Ecos -en la que murieron diez personas durante un siniestro vial cuando regresaban de una misión solidaria en Chaco-, y la causa quedó prescripta definitivamente en la provincia. Ahora, los familiares de los alumnos apelarán en el máximo tribunal de la Nación. Una serie de irregularidades a lo largo del expediente realizado en los Tribunales de Reconquista llevó a que la Corte ordenara una investigación administrativa contra los funcionarios, que tiene a cargo el procurador general, Jorge Barraguirre. Sobre todo, con respecto al juez (jubilado) Virgilio Palud, quien nunca llamó a indagatoria al acusado, lo que resultó fundamental para la caída de la causa.

La colisión ocurrió la noche del 8 de octubre de 2006 entre un micro con 50 estudiantes de un colegio privado de Capital Federal y un camión cargado con cueros en la localidad de Margarita, conducido por una persona alcoholizada. El colectivero fue acusado por los familiares de no evitar el hecho. A casi diez años, la causa no avanzó: "Para la justicia, nadie chocó, nadie tomó alcohol, nadie condujo mal, pero murieron 9 chicos y una docente", dijo Sergio Levín, padre de una de las víctimas.

Según el expediente judicial, el camión de la empresa Sarita circulaba en zig-zag a la altura de Margarita porque su conductor, Angel Soto, quien falleció luego del choque, estaba "altamente alcoholizado". Sin embargo, según Levin, el chofer del micro podría haber evitado la tragedia.

A fines de 2014, la Cámara Penal dictó el sobreseimiento del colectivero por entender que la causa estaba prescripta "por errores que ellos mismos cometieron, pero a su vez condenaron civilmente al chofer", recordó Levín. Cuando el expediente pasó al juez Palud, éste dictó una condena contra Oscar Eduardo Atamañuk de tres años de prisión, pero al no haber indagado al imputado la sentencia fue anulada y la causa volvió a foja cero. Luego, la alzada de Rafaela sobreseyó a Atamañuk, a fines de 2014, "por haberse operado la extinción de la acción penal por prescripción".

Tras la presentación del recurso de inconstitucionalidad, la Corte consideró que "hubo demoras injustificadas, por parte de diversos operadores del sistema penal". Por ello, se inició un sumario administrativo.