Desde Santa Fe

"La Casita" es uno de los centros clandestinos de la dictadura que aún falta encontrar en Santa Fe. Mañana, debía comenzar el juicio a la patota que operaba en el chupadero con la expectativa de que alguno de los imputados revele el secreto que guardan desde hace 40 años y que iban a ser juzgados por la privación ilegal de la libertad y torturas de otros doce militantes que pasaron por ese centro clandestino. Pero el debate se postergó hasta el año que viene por problemas de agenda de los jueces, así que se realizará entre el 2 de febrero de 2017 y fines de marzo.

El Tribunal Oral de Santa Fe estará integrado por los jueces de Rosario, Beatriz Caballero de Barabani, Omar Digerónimo y Ricardo Vásquez, los mismos que intervinieron en el juicio de la megacausa, que concluyó en abril con una sentencia histórica. Uno de los condenados es el ex juez de Menores, Luis María Vera Candioti, a 15 años de prisión por borrarle la identidad a Paula Cortassa (María Carolina Guallane), quien sobrevivió a la masacre de su familia, el 11 de febrero de 1977.

En el juicio a los represores de La Casita se juzgarán varios crímenes. Y uno de ellos está vinculado a la caída de los Cortassa: el homicidio del responsable de Montoneros en la zona Santa Fe-Paraná, Emilio Feresín, quien fue secuestrado el 10 de febrero de 1977 y asesinado posiblemente un mes después. Más, la privación ilegal de la libertad y torturas de otros doce militantes que pasaron por ese centro clandestino.

Los imputados son el ex juez federal Víctor Brusa (por dos casos de apremios ilegales) y cuatro policías: el ex oficial del Departamento Informaciones (D-2), Eduardo Ramos (por el homicidio de Feresín), el ex jefe de la comisaría 4ª, comisario Ricardo Silvio Ferreyra; el ex coordinador del Area 212, comisario Juan Calixto Perizotti y su ex secretaria, María Eva Aebi. Todos ellos ya cumplen condenas por delitos de lesa humanidad, excepto Ferreyra que será juzgado por primera vez.

La integración del Tribunal se complicó cuando uno de los jueces, Ricardo Vásquez, anunció a sus colegas que no podía participar en el juicio -previsto para mañana- por problemas de agenda y solicitó ser reemplazado. Vásquez recordó que en los últimos dos años participó "como juez subrogante en causas por crímenes de lesa humanidad en Santa Fe" y eso generó una "importante acumulación de juicios que exigen la realización de las respectivas audiencias de debate" en el Tribunal Oral de Rosario.

Así que ante la imposibilidad de Vásquez de integrar el Tribunal de Santa Fe y las dificultades para reemplazarlo con otro juez, Barabani de Caballero y Digerónimo resolvieron por mayoría postergar el juicio hasta el 2 de febrero de 2017 y comunicaron la decisión a la Cámara Federal de Casación Penal.