SANTA FE
Pidieron a la justicia pruebas sobre el paso por la dictadura militar del ahora funcionario provincial para entregárselas a Roberto Rosúa.
Desde Santa Fe
Dos de los querellantes en la causa que investiga el terrorismo de estado en Santa Fe, Daniel García y su esposa Alba Sánchez, solicitaron al juez federal Reinaldo Rodríguez una copia del legajo del ex subsecretario de Seguridad y hoy de Emergencia, teniente coronel (RE) José Bernhardt, para llevárselo al ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, quien les pidió pruebas sobre el pasado de su dependiente. "Bernhardt fue siempre un oficial de Inteligencia. Y ningún oficial de Inteligencia del Ejército, en los años de plomo, fue ajeno a la represión", dijo García. El militar fue acusado de integrar el Batallón de Inteligencia 601 en 1982 y haber designado como su número dos en la Subsecretaría de Seguridad Pública en el primer gobierno de Jorge Obeid, al ex suboficial del Destacamento de Inteligencia Militar 122, Nicolás Correa, que hoy está preso por delitos de lesa humanidad.
Hace dos semanas, denunciantes de violaciones a los derechos humanos entre ellos los esposos García, el abogado Jorge Pedraza, Anatilde Bugna y Stella Maris Vallejos le entregaron a Rosúa un petitorio que reclamó el relevo de Bernhardt, entre otras cosas.
Después del encuentro, el ministro dijo en público que le había pedido a sus entrevistados que le arrimen pruebas sobre el pasado del funcionario, pero tanto García como Pedraza dijeron que eso no fue lo que había dicho puertas adentro.
El lunes último Rosúa volvió a respaldar a Bernhardt, dijo que éste había reconocido el "error" (sic) de haber designado a Correa en la Casa Gris y hasta intentó poner un punto final al entredicho. "La actuación de Bernhardt ha sido de lealtad al gobierno y de eficiencia en la función. De manera que para nosotros esto es asunto terminado, salvo que aparezcan denuncias concretas que yo he pedido que me las hagan llegar, pero que no han llegado", desafió el ministro.
Ahora, García en un escrito con patrocinio legal solicitó al juez Rodríguez una copia del legajo de Bernhardt que está agregado a la causa que investiga la represión en Santa Fe, para entregársela a Rosúa. "Cuando el juez nos entregue el legajo se lo vamos a llevar al ministro", afirmó el querellante. "Vamos a demostrar que lo que denunciamos a Rosúa es cierto.
El ministro salió a decir que nosotros debíamos aportar las pruebas, bueno vamos a presentarle ese legajo como prueba (de que Bernhardt pasó por el Batallón de Inteligencia 601). Y la otra, la tendrá que completar el doctor Rosúa, en la Dirección de Personal de su Ministerio, donde seguramente figura que Correa era asesor categoría A, en el período anterior" de Obeid, afirmó García.
-En esa reunión con Rosúa, ¿él le pidió pruebas sobre el pasado de Bernhardt?-, preguntó Rosario/12.
-No. Lo que le dijo a la prensa que nos había pedido pruebas no fue lo dijo adentro de la reunión. Cuando nosotros le hicimos el planteo sobre Bernhardt, él expresó textualmente: 'Esto se trata de un problema demasiado importante, tengo que conversarlo con el señor gobernador'.
-¿Y por qué dijo en público que les había pedido pruebas?
-Quizás porque el compromiso político del ministro es lo suficientemente grande como para tratar de esquivar esta situación. Esto es lo que explica que Bernhardt esté en el gabinete provincial desde el primer gobierno de Obeid, cumpliendo distintas funciones. Parece que sirve para todo, porque sigue teniendo dinero, movilidad, comunicaciones y poder para moverse , señaló García.
"La cosa es así explicó García. Bernhardt fue siempre un oficial de Inteligencia. Y yo puedo asegurar que ningún oficial de Inteligencia del Ejército, en los años de plomo, fue ajeno a la represión. Y en 1982, Bernhardt fue asignado al Batallón 601, el centro neurálgico de la inteligencia que se hacía en el país. Desde allí emanaron las órdenes de asesinato de todos los militantes de Montoneros que volvían a la Argentina, en lo que llamaron la Contraofensiva".
-¿La reunión con Rosúa fue tensa?
-Sí, fue una reunión tensa. Fuimos con cierta expectativa. El doctor Rosúa nos había llamado para ofrecer seguridad a testigos y querellantes en las causas del terrorismo de estado. Pero cuando le planteamos que no queríamos un policía que camine un metro detrás nuestro, sino que haga inteligencia sobre aquellos que son capaces de producir alguna depredación, aparentemente esa no era la idea de la seguridad que estaba dispuesto a brindarnos. Bueno, el ministro de Gobierno se mantuvo en una posición un tanto terca de ofrecer las fuerzas de seguridad y nosotros insistimos que antes de ponerla a nuestra disposición, las limpie -, concluyó García.
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