El gobernador Jorge Obeid firmó ayer el decreto de creación del programa de protección y atención de testigos destinado a aquellas personas que por sus declaraciones ante la Justicia Federal en las causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos; se consideran en grado de exposición. Esa consideración puede surgir de manera personal o a través de la fiscal Griselda Tessio quien es titular de la Unidad Especial de Asistencia por Causa de Violaciones a los Derechos Humanos por el terrorismo de Estado. El ministro de Gobierno Roberto Rosúa explicó que los encargados de la protección dependerán del jefe de Policía de la provincia y que se trata de personal seleccionado "por su capacidad y antecedentes". Habrá intervenciones interdisciplinarias por parte de la subsecretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de Derechos Humanos. Se piensa en instrumentar el servicio de control de georeferencia con alerta de pánico o la conexión a través de la telefonía celular para establecer con rapidez el nexo entre el testigo y el centro de monitoreo. El ministro Rosúa también reconoció que el programa no será de aplicación simple porque los mismos testigos son reacios a la custodia personal.

Obeid firmó el decreto Nº 0076 que crea el Programa de Protección y Atención de Testigos en grado de exposición y riesgo, propuesto por el Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto. Ese programa tiene como objetivo limitar la exposición de habitantes santafesinos, testigos en causas federales, que en razón de la importancia de sus declaraciones como prueba relevante de cargo en procesos penales en que son investigados o juzgados ex represores, puedan encontrarse en una situación de riesgo o peligro.

Con esa finalidad se habló ayer, en la sede local de la Gobernación, de la formación de una unidad especial que funcionará en el ámbito de la policía y dependerá del jefe provincial, con personal entrenado y capacitado en la misión de custodia de testigos. Esa unidad deberá estar disponible en un plazo no mayor de 10 días en todos los sitios en que se la requiera.

El ministro Rosúa explicó que la unidad creada estará formada por quienes fueron seleccionados por su capacidad y antecedentes y también aclaró que en pocas horas se puede contar con ese recurso porque "está todo armado y se trabajó desde hace tiempo en la selección del personal". De todos modos para Rosúa no será una tarea simple "porque muchas veces los propios testigos se resisten a la custodia de tipo personal".

También se resolvió constituir equipos de trabajo interdisciplinarios en el ámbito de la Subsecretaría de Seguridad Pública. Esos equipos estarán integrados por profesionales que brinden atención personalizada en caso de ser solicitada.

El gobernador instruyó al Ministerio Coordinador para que la Dirección Provincial de Técnica Logística analice y estudie la factibilidad técnica de la provisión de un servicio de control de geo-referencia (GPS) con alerta de pánico, y de telefonía celular que permita la comunicación permanente del beneficiario con la unidad de custodia o centro de monitoreo. También se indicó al Ministerio de Gobierno que establezca comunicación con las autoridades del Ministerio del Interior de la Nación para fortalecer el financiamiento de los sistemas a implementar y de compatibilizar las medidas de seguridad de los testigos en el territorio provincial, por medio del Consejo de Complementación correspondiente al sistema de seguridad interior.

Será el ministro de Gobierno Roberto Rosúa quien solicitará a la fiscal Griselda Tessio, a cargo de la Unidad de Asistencia por Causa de Violaciones a los DDHH durante el terrorismo de estado, un calendario de los juicios orales previstos en los juzgados federales de Santa Fe, Rosario y Reconquista. Además se sistematizará la totalidad de los datos personales y de localización de los testigos propuestos o convocados en esos juicios, cualquiera sea la etapa procesal en que se encuentren. Además se incorporará la información que corresponda a otros testigos que ya hayan brindado su testimonio y que a juicio de la fiscal Tessio hayan dado una declaración cuyo resultado puede ser "crítico o relevante o estime que necesita especial protección del Estado", se explicó en Gobernación.

La Secretaría de Estado de Derechos Humanos tendrá a su cargo el asesoramiento integral de los destinatarios de la prevención y de su grupo familiar. También ayer se señaló que el gobierno provincial "está empeñado en la política de plena vigencia de los derechos humanos y en la persecución penal de quienes los violaron".