SANTA FE
La secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe acompañó ayer la presentación de la Nación ante el juez de San Nicolás, por las causas de Cambiaso-Pereira Rossi y el ex obispo de León.
El subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, Alfredo Vivono, acompañó ayer la presentación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ante el juzgado federal Nº 2 de San Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzzo, que investiga las causa Cambiaso-Pereira Rossi, y del sacerdote Ponce de León, por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en esa jurisdicción. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, representada por el Jefe de Gabinete de esa repartición, Luis Alén, se constituyó como querellante en las mencionadas causas. Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi, fueron capturados por un grupo de tareas en Rosario el 14 de mayo de 1983 y posteriormente asesinados. En tanto, el ex obispo de San Nicolás Carlos Ponce de León, falleció en un sospechoso accidente de tránsito en julio de 1977.
Tras realizar el trámite en dependencia judicial, Vivono, Alén y la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Sara Dorotier de Cobacho, reseñaron las actuaciones realizadas y expresaron la necesidad de que los jueces sigan adelante con las causas que investigan crímenes de lesa humanidad hasta las últimas consecuencias.
En este sentido, Vivono se refirió al acompañamiento del gobierno de la provincia de Santa Fe y a la necesidad de lograr encarcelar a los genocidas. "La provincia de Santa Fe está acompañando la presentación de la nación aportando todo lo que tenga a su alcance para la investigación", señaló el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia. "No hay que olvidar que el caso CambiasoPereira Rossi comenzó con el secuestro en Rosario", agregó Vivono.
"Esperamos que todas las pruebas que se están presentando sirvan para avanzar en las investigaciones. Aspiramos a que los jueces federales que tienen las causas actúen de acuerdo a la democracia que estamos viviendo y a lo que está requiriendo la sociedad. Esperamos que se pongan a la altura de las circunstancias y que de una vez por todas a los responsables de crímenes de lesa humanidad los veamos detenidos en cárceles comunes", concluyó Vivono.
Por su parte, Alén se refirió a los detalles legales de la presentación y enmarcó estas acciones en la decisión del gobierno nacional de buscar la verdad y la justicia en estas causas. "Las causas están en trámite y esperamos que los jueces actúen. En la causa CambiassoPereira Rossi pedimos la detención de Patti y el resto de los responsables; y en el caso de la muerte de Ponce de León solicitamos la detención del coronel (R) Manuel Fernando Saint Amant. En el caso Patti consideramos que hay pruebas suficientes para su detención", aseguró Alén.
El nombre de Patti recién cobró estado público a partir del secuestro y posterior asesinato de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi. El sábado 14 de mayo de 1983, a las 10:30, en el bar Magnun, ubicado en Córdoba 2787, se produjo la detención de dos personas. Tras rápidas averiguaciones, la familia Cambiaso confirmó el domingo 15 que uno de los secuestrados era Osvaldo.
El martes 17, al anochecer, el gobierno de facto del general Reynaldo Bignone anunció la muerte "en un enfrentamiento" de los dos dirigentes peronistas secuestrados.
La policía rosarina diluyó las pruebas y los testigos del secuestro (un mozo del bar Magnun, dos bomberos y otras cinco personas, por lo menos) fueron silenciados. El juez Federal de San Nicolás Luis Milesi, intervino en la causa paralela por el "enfrentamiento" en la localidad de Lima, partido de Zárate, donde aparecieron los cadáveres. El magistrado hizo un trabajo similar. Con posterioridad fueron procesados por falsificación de documento público y falso testimonio el médico policial que hizo la primera autopsia.
Tiempo después el juez penal de San Nicolás Juan Carlos Marchetti tomó la causa desplazando a Milesi. Entonces dictó la preventiva de los tres policías involucrados, Patti, Juan Amadeo Spataro y Rodolfo Diéguez. El juez determinó "la existencia de indicios vehementes adversos a los encausados".
La Cámara de Apelaciones de San Nicolás sostuvo que "aun más se acentúa la contradicción" de los dichos de Patti con la realidad, en el informe pericial firmado por el doctor Eduardo Pedace. Allí se constató "la existencia (en el cuerpo de Pereira Rossi) de gramos de pólvora, lo que estaría indicando una distancia de tiro aún inferior a aquellos dos metros".
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