El ministro de Gobierno Roberto Rosúa intentó ayer aclarar la actuación policial en el piquete de 27 de Febrero y Circunvalación, en el que fueron detenidas nueve personas, y varios manifestantes terminaron heridos. "No reprimimos manifestaciones sociales, pero estamos obligados a actuar ante denuncias de hechos delictivos, que no es el corte de la vía pública, sino el robo y las roturas y daños intencionales de autos particulares", señaló en LT 8.

El titular de la cartera política apuntó que "así como están los testimonios respetables de los manifestantes están las afirmaciones de algún personal policial hechas en consultorios médicos cuando eran curados de las contusiones, además de los móviles rotos. Por eso digo que se trató de un acto de fuerza, en el que queremos dejar a salvo el derecho a manifestarse, pero tampoco que no sea esto aprovechado por infiltrados o aprovechadores del barrio que más allá del reclamo saturado de justicia, algunos lo usen para robar autos y camiones".

"Esto generó un enfrentamiento que vamos a seguir investigando, y que ya está en manos de una juez de instrucción. Asi que confiamos en la justicia", aseguro Rosúa.

Ayer en tanto la jueza de instrucción María Luisa Pérez Vara les tomó declaración indagatoria a las nueve personas que fueron detenidas en la protesta. La magistrada les imputó los delitos de resistencia a la autoridad y daño calificado, por las roturas que sufrieron algunos móviles policiales.

Varios de los imputados que estuvieron presos durante varias horas en las comisarías 32ª y 33ª, aprovecharon para denunciar que habían sido golpeados y maltratados por la policía. La jueza los envió al consultorio forense, excepto a un joven de 23 años que fue directamente al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca), porque presentaba graves heridas en una pierna.