Desde Santa Fe

El diputado del Frente Progresista, Marcelo Brignoni volvió a presentar -por segunda vez- un proyecto de ley que acepta la responsabilidad del gobierno de la provincia en la catástrofe del río Salado y reconoce a las víctimas el derecho a percibir "una indemnización integral" por los daños y perjuicios que sufrieron aquel fatídico 29 de abril de 2003. La gran inundación dejó 23 muertos directos, decenas de colaterales y más 100 mil personas en el desamparo. El legislador fundamentó la iniciativa en una revelación del ministro de Asuntos Hídricos, Alberto Joaquín en la Cámara de Diputados, donde admitió que si la defensa del cordón oeste no hubiera estado cerrada -en la zona del hipódromo de Las Flores- "se hubiera inundado la ciudad de Santa Fe", en la emergencia hídrica del 29 de marzo. Brignoni interpretó que esa definición de Joaquín -ante una pregunta del jefe del bloque de diputados del PJ, Mario Lacava- no fue otra cosa que aceptar "la responsabilidad oficial por lo sucedido en 2003, cuando el río ingresó a la ciudad por el tramo inconcluso del terraplén oeste" y por lo tanto, le corresponde a la provincia indemnizar a los damnificados. "Es hora de terminar con la injusticia, concebida desde la impunidad", agregó.

Brignoni ya había presentado un proyecto similar hace dos años, en 2005, acompañado por otros seis colegas del Frente Progresista: los diputados del ARI, Antonio Riestra y Aldo Strada, los socialistas Antonio Bonfatti y Alfredo Cecchi y los radicales Santiago Mascheroni y Daniela Quuesta. Pero la ley durmió el sueño de los justos en algún cajón de la Legislatura y perdió estado parlamentario.

Pero ahora, ante un hecho nuevo: las afirmaciones del ingeniero Joaquín en la propia Cámara de Diputados, Brignoni insistió con el proyecto para indemnizar a los inundados santafesinos. Y como fundamento de la responsabilidad oficial acompañó "la versión taquigráfica de la entrevista con el ministro de Asuntos Hídricos en la Presidencia de la Cámara de Diputados, el 3 de mayo último (página 19)".

Se trata de un diálogo entre el diputado Lacava y el ministro Joaquín. "Cuando asume el gobernador (Jorge) Obeid, ¿cuál era la demanda y la exigencia de la ciudad de Santa Fe respecto al tema inundaciones? Con la defensa oeste de la ciudad ¿qué se hizo?", preguntó el legislador del PJ.

-Se terminó y aún falta la conclusión -respondió Joaquín.

-Ese tramo 3, construido y sin entregar, con la altura actual del río Salado y del río Paraná ¿qué hubiera pasado si no hubiera estado? -insistió Lacava.

-¡Se hubiera inundado la ciudad! -se despachó el ministro de Obeid.

-Gracias -saludó Lacava.

Brignoni dijo que a confesión de parte, relevo de pruebas. "El gobierno provincial admitió, por medio de expresiones del diputado Lacava y del ministro Joaquín, en su reciente visita a la Legislatura, que el tramo inconcluso del terraplén oeste de Santa Fe, determinó el ingreso masivo de las aguas del río Salado a la ciudad, en el año 2003, ratificando la responsabilidad oficial en lo sucedido".

Por lo tanto -añadió- "resulta imprescindible que la provincia asuma el justo reclamo de los damnificados y comience a reconocer responsabilidades y saldar los daños y perjuicios. Este es un viejo y reiterado reclamo de las víctimas de la catástrofe que nos volvieron a plantear la necesidad de la sanción de una ley el último 29 de abril y es una de las exigencias de reparación que los inundados de Santa Fe le reclaman a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA"

"Nuestra provincia y particularmente la ciudad de Santa Fe han sufrido enormes daños con consecuencias humanas, materiales, laborales y familiares de las que aún no se han podido recuperar plenamente. El criterio del gobierno (de Carlos Reutemann, ratificado luego por el de Obeid) fue impulsar la sanción de la ley 12.183 de reparación económica basado en no admitir su responsabilidad en la inundación de 2003 para no involucrar a los funcionarios responsables de ese "incumplimiento", muchos de los cuales también son funcionarios del actual gobierno provincial", agregó.

"El concepto del gobierno fue que si no hay responsabilidad del Estado no hay funcionarios responsables y por ende sólo dispuso 'ayudas sociales' o 'subsidios' de la misma naturaleza que cualquier ayuda discrecional, sujetas a la decisión 'voluntaria' del gobernante de turno. Es decir, el Estado Provincial decidió libremente brindar o no ayuda justificada en cuestiones de interés social como la inundación y no asumió ninguna obligación legal de reparar daños que se han causado por acción u omisión de sus funcionarios. Este es la naturaleza de ley 12.183 que solo votaron los legisladores del PJ. Creemos que es hora de terminar con esa injusticia, concebida desde la impunidad", apuntó Brignoni. Y agregó que "nosotros siempre sostuvimos que hubo responsabilidad por acción u omisión del Estado en lo sucedido en abril-mayo de 2003 ante el desborde del río Salado. Y a partir de allí, hemos bregado desde entonces por una ley que asuma esa responsabilidad y reconozca el derecho de las víctimas a un resarcimiento de los daños sufridos. La ley debe ser indemnizatoria".