"Habría que preguntarle a las autoridades de la provincia por qué no se instrumenta la ley de educación sexual cuando existe desde 1992". La afirmación corresponde a la jurista danesa Marianne Mollmann, investigadora de la División de Derechos de las Mujeres de Human Rights Watch, ong con sede Estados Unidos y autora de una investigación realizada entre septiembre y octubre de 2004 en el país. Esa investigación que será presentada hoy en Rosario con el título de Decisión prohibida: acceso de las mujeres a la anticoncepción y al aborto en la Argentina tiene distintos capítulos en los que hay referencia a la situación en Santa Fe. Mollmann dice que esta provincia tiene una estructura sanitaria más importante que otras pero que la "mujer es reducida a situaciones de infantilización, como cuando se le exige la 'portación' de marido para la ligadura de trompas". La investigación incluye el testimonio del coordinador del programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, Horacio de la Torre, quien expresó que "la ley se fue al cajón... No se implementó nunca por razones eclesiásticas".

Mollmann estará hoy en Rosario para presentar Decisión prohibida..., la investigación que condujo entre septiembre y octubre de 2004 y en la que incluyó entrevistas con más de 100 mujeres y niñas, representantes de agencias gubernamentales, de Naciones Unidas, ongs especializadas, con intelectuales que trabajan sobre el tema y funcionarios y funcionarias públicas.

El trabajo que presentará esta tarde en el anfiteatro de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR incluye testimonios recogidos en la provincia de Santa Fe, en la ciudad capital y en Rosario. A partir de esas entrevistas el primer comentario de Mollmann en conversación telefónica con Rosario/12 tuvo que ver con la ley de educación sexual. "Habría que preguntarle a las autoridades de la provincia por qué no instrumentan la ley que ya existe y que ayudaría tanto para evitar los embarazos no deseados sobre todos en adolescentes y niñas".

Sobre la oposición a la educación sexual, Mollmann cita en la página 21 y 22 de la publicación de Human Rights Watch el testimonio de Horacio de la Torre coordinador del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable del gobierno de la provincia en el que da cuenta que desde 1992 la ley en la materia exige que se dé educación sexual tanto en las escuelas públicas como en las privadas. Esa ley nunca fue instrumentada. "Se fue al cajón -dijo de la Torre-, no se implementó nunca por razones eclesiásticas".

Mollmann hace otra observación sobre la provincia y plantea que en relación con Tucumán -otro de los territorios en los que hizo entrevistas- tiene una infraestructura hospitalaria de mucho mayor desarrollo pero a la vez discriminatorio. Aclara que si bien existen varios programas de línea "progresista" que están en funcionamiento "como el de Rosario que significa un plus, un beneficio para la ciudad", de todas formas "las mujeres siguen enfrentando de manera más institucionalizada las limitaciones hacia derechos y leyes como la ligadura de trompas".

Y agregó: "Es una forma de 'infantilización' de la mujer y se la trata como si no fuera responsable de su cuerpo y de tomar decisiones en relación consigo misma... Por ello tiene que portar y aportar un marido que le dé el consentimiento, porque de los contrario suele haber negación del servicio. Esos son requerimientos discriminatorios".

Las decisiones de la mujer tienen la exigencia del consentimiento marital pero aún así se registraron casos en los que el veto médico arbitrario impuso una decisión en contrario. El testimonio de una mujer de 32 años figura en la página 41 del informe. Romina Redondo estaba embarazada de su décimo hijo cuando Human Rights habló con ella y explicó que cuando quedó embarazada del octavo había cumplido con todo lo requerido para obtener la ligadura tubaria en el Hospital José María Cullen de Santa Fe. A última hora su médico se negó y dijo que tenía que volver a planificación familiar y colocarse un DIU. "Yo no quería eso, no quería un DIU", dice.

Un capítulo aparte lo ocupa el de la Violencia doméstica y sexual como una barrera para las mujeres que quieren acceder a anticonceptivos y tomar el control de sus cuerpos y su salud reproductiva. Allí dice que en 1999 se estimaba que el 25 por ciento de las mujeres en Argentina sufrían violencia doméstica de manera regular, mientras que el 50 por ciento de las mujeres habían sufrido algún tipo de violencia de género en algún momento de sus vidas. Así cita el testimonio de Mabel Busaniche, organizadora comunitaria en la ciudad de Santa Fe que habló con H.R. sobre la carencia de respuesta del Estado a la violencia. Esa ausencia se manifiesta en la falta de albergues para las mujeres víctimas de la violencia sexual y doméstica. "Son dos instituciones del Estado en la ciudad de Santa Fe que trabajan el tema pero no saben donde mandarlas para que no las maten... Porque las matan", afirmó Busaniche.