"No se ha podido determinar la causa de la obligación", apuntan los ex interventores de Central al describir la situación de una deuda que se le exige al club. En esa frase se refleja nítidamente las irregularidades con que fue administrada la institución en los últimos años. Pero mucho más preocupante es saber que en la gran mayoría de la demandas que afronta la entidad la conclusión de los profesionales se repite: "No se ha...". Esto se desprende del informe final elevado por los profesionales nombrados por la Justicia que tuvieron un efímero paso por el club. Y poco más. Porque el documento confeccionado carece de profundización contable, no echa luz sobre las engorrosas causas judiciales y se omite llegar a una conclusión profesional. A pesar de ello, Central tiene cuentas en rojo por el orden de los 55 millones de pesos, monto que podrá reducirse, según estimaciones optimistas, a 40 millones.

Al tomar protagonismo la jueza del concurso Liliana Giorgetti sobre la situación institucional de Central, la Justicia logró desnudar los maltratos que padecía la entidad canaya por parte de la conducción desplazada. Este diario a dado conocer los casos más graves, y también los más insólitos. Se le puso nombre y apellido a los famosos "inversores", como así también a los personajes que en la vida privada se distinguían por su austeridad, como Juan Carlos Alvarez, de residencia en un Fonavi y categoría fiscal monotributista de menor facturación, pero que al pisar la sede de Central se transformó en exitoso hombre de negocios exigiéndole al club una deuda millonaria en dólares.

Luego se conoció el caso del abogado Juan José Ubieta, que pisó suelo auriazul para defender los intereses del club en el ámbito judicial bajo promesa de no pedir peso alguno a cambio de sus servicios, y repentinamente elevó juicios contra Central bajo aspiración de percibir honorarios por más de 6 millones de pesos.

El informe de los interventores, presentado el último día hábil en Tribunales, no es más que un reseña de estos casos judiciales y los otros centenares, que trepan a los 475 litigios. Allí se dejó constancia de las falencias administrativas que identificaron a la dirigencia presidida por Pablo Scarabino y luego continuada por Estevez y Cía. Pero nada más que eso. Porque no se profundizó en ninguna de las situaciones más comprometidas, siendo nula las decisiones que tomaron como profesionales, tanto el abogado Arturo Araujo como el contador Ricardo Schneir, a su paso por Arroyito.

Es por ello que de las 80 carillas que compone el documento no aparece ningún dato que no haya sido descubierto por los últimos abogados que tuvo la institución, quienes fueron los que dieron con el pagaré del Real Madrid desaparecido, se encontraron con el insólito caso de Alvarez y advirtieron de las planes que Ubieta tenía para el club.

A pesar de que los ex interventores asumieron en el informe el protagónico de simples observadores, su mirada dio con la caótica situación contable que soportó Central en los últimos años. Es que al hacer repaso de las acreencias que le reclaman a la entidad, en la mayoría de los casos los profesionales debieron resaltar que "no se ha podido determinar la causa de la obligación", es decir que no saben por qué Central debe lo que dicen que debe. Esto se explica por la evidente ausencia de documentación, producto esto de mucho más que una circunstancial desprolijidad administrativa, que impidió reconstruir el camino financiero que transitó la institución en los últimos años. Y es allí, en el desconocimiento, donde se creó el caldo de cultivo para crear un acreedor en cada operación contable.

La hemorragia financiera, además, era sostenida por otra conducta que tampoco tiene rostro de accidental: "No se ha podido determinar la causa de la liberación del pagaré", se repite, sin temor a la redundancia, en cada una de demandas detalladas donde el rojo se generó por la liberación de un documento no saldado, acción que, obviamente, carece de respaldo contable en los libros que eran del cuidado del ex tesorero Mauricio Salvo. "De una deuda cero se saltó a una cifra impagable", afirman los ex interventores, que tomaron como punto de partida la homologación del concurso preventivo, acuerdo que tenía como fin congelar y reducir heredada de Víctor Vesco.