Al agotarse toda instancia judicial que tenga como efecto secundario la dilación de la sentencia, la Sala II de la Cámara de Apelaciones quedó obligada a dictar resolución respecto a la causa judicial que privó del voto a los hinchas de Ñuls en diciembre de 2004, y que tiene en el juez Eduardo Oroño como el responsable público de ello, aunque en rigor dicho expediente salta de cajón en cajón en un tribunal superior al que preside el titular del juzgado de la 10ª Nominación en lo Civil y Comercial. De esto se hizo eco Fiscalía de Estado, que ya remitió a los camaristas una "petición de resolución", con su consecuente posterior "reitero de pedido" ante la falta de respuestas. Y de acuerdo a voces judiciales autorizadas, se espera por Tribunales un fallo al respecto para "el mes próximo" que abriría garantías de cara a los comicios de fin de año.

La suerte legal de Ñuls está, desde hace tres años, en manos de la Sala II de la Cámara de Apelaciones, la cual se ha mostrado extrañamente indiferente por la causa, tanto que el pasado 21 de noviembre el apoderado legal de Fiscalía de Estado, Guillermo Peyrano, debió recordar del expediente Nº 656/04 (demanda que el gobierno le inició al club rojinegro por medio de Inspección General de Personas Jurídicas) a los propios camaristas. "Vengo por la presente a peticionar se dicte resolución en la causa", reclamó Peyrano por escrito. Pero el representante Fiscalía debió volver a Tribunales el 27 de noviembre para "reiterar pedido de resolución" a los vocales.

El organismo provincial instó a recuperar la memoria de los integrantes de la Sala II, compuesta por cinco miembros, una vez que se agotaron todos los desvíos judiciales que podían postergar la hora del dictamen por parte del Tribunal. Eso sucedió a fin de año pasado, cuando quedó constituida la Cámara para comenzar a evaluar el expediente leproso. Pero, casualmente, un acontecimiento imprevisto volvió a postergar las deliberaciones: el 4 de febrero último la "Sala quedó desintegrada por jubilación del vocal Dr. José María Serralunga". Esta nueva instancia quedó zanjada recién el 27 de marzo, "habiendo sido integrado el Tribunal" con la designación en reemplazado de Serralunga de Edgar Baracat, quien es el primero que debe votar el respecto del litigio. Así, la Sala II quedó compuesta, además del vocal nombrado, por Avelino Rodil, María del Carmen Alvarez, Ariel Arizza y Ricardo Silvestri. Y está en ellos la última palabra.

"La Sala debe expedirse. Ya no hay más excusas. No sé quién tiene razón ni de quién es la culpa de la situación de Ñuls, aunque hay cosas que huelen mal. Pero más allá de eso, los camaristas ya deben resolver y creo que esto termina con elecciones a fin de año", pronosticó un alto funcionario judicial, que anticipa para "15 o 30 días" el tiempo que necesitan los camaristas para dictaminar sobre un litigio que tuvo lógicos visos de "urgencia" por los magistrados intervinientes (se acercaba la fecha de las elecciones, pautadas originalmente para el 12 de diciembre de 2004) pero que ya navega rumbo a su cuarto año de incertidumbre.

Pero el que quedó con peor imagen pública de la injusticia que padecen los socios de Ñuls no es ningún vocal de la Cámara, sino el juez Eduardo Oroño, quien oportunamente autorizó el acto electoral, oponiéndose a un fallo antagónico de su colega María Mercedes Serra. El magistrado cuestionado quedó mucho más expuesto por los tres años de inacción que lleva la Sala II para expedirse, que por sus resoluciones, lo que disparó días atrás un duro descargo (publicado en la edición del 16 de abril) ante quienes apuntan contra su figura. En la oportunidad Oroño calificó de "inescrupulosos" a los abogados de las listas opositoras, entre otras consideraciones de elevado tono, a las que ahora se arrepiente. "La reflexión y el consejo amistoso me convencieron de la necesidad de rectificar públicamente mi actitud. Me han permitido advertir que, al manifestar mi repudio contra aquellos que han optado por expresar su encono por medio de afiches y mails para criticar mi desempeño en la causa, había violado un principio rector de la conducta de los jueces: aquel que dice que `los jueces sólo hablan a través de sus sentencias'", reconsideró Oroño en diálogo con Rosario/12. "Creo necesario pedir disculpas a la ciudadanía en general, y a los protagonistas del quehacer judicial en particular, por no haber mantenido la templanza inherente al cargo, y en especial a todo aquel que, sin estar relacionado con las intimidaciones que sufriera, hubiera podido sentirse comprendido, directo o indirectamente, en mis conceptos", recapacitó el magistrado.