Con la auditoría como respaldo de las irregularidades contables y financieras detectadas, la dirigencia de Ñuls presentó ayer una denuncia penal por "administración fraudulenta" contra las autoridades que dirigieron las riendas del club en el período comprendido entre 1994 a 2008, tiempo donde el presidente leproso fue Eduardo López. La denuncia, donde Ñuls se constituyó como querellante para agilizar las pesquisas de la Justicia, consta de 125 carillas, está ilustrada con un pormenorizado detalle de lo hallado en la entidad por la nueva conducción y en ella se señala como responsables, además de López, a otras 39 personas, entre directivos y autoridades que asumieron cargos en diferentes órganos de la institución.

La fiscalía Nº 1 a cargo Lucía Araoz fue la receptora de la denuncia presentada por la directiva que lidera Guillermo Lorente en Ñuls, quien le dio instrucción al juzgado de turno, en este caso el de 9ª Nominación, con titularidad de Javier Betramone.

La imputación fue patrocinada por el estudio Vico Gimena, y en ella se hace un detallado relato de lo sucedido en la entidad del parque Independencia en los últimos 14 años, dejando incluso constancia de los problemas que sufrió la entidad en períodos electorales, donde no se omitió señalar las responsabilidades del propio Poder Judicial ante la inacción en las deliberadas suspensiones de los comicios por parte de López.

La denuncia

A López y Cía se los acusa de "administración fraudulenta", debido a que la documentación reunida da señales concretas de los perjuicios que acarreó la entidad rojinegra bajo la administración de la anterior conducción. Entre los delitos más graves, se destacan las singulares relaciones financieras de López con Elio Pérez (un prestamista que se encuentra procesado por su ilegal conducta), Luis Andreuchi (ver edición del 3 de marzo), Climafin S.A. (la financiera de Carlos Dávola, presidente de Tiro Federal, quien dice haber cedido más de siete millones de pesos), como así también la "manipulación de los estatutos societarios y el reglamento vigente de la Inspección General de Personas Jurídicas".

El recorrido de la investigación comienza cronológicamente de atrás para adelante, es decir de lo que sucedió el 14 de diciembre último, donde de Ñuls desapareció la recaudación por las cuotas societarias cobradas para el acto electoral de dicho día, malversación que incluso fue nutrida con el testimonio judicial presentado por un empleado del club que precisó el modus operandi practicado por "Nudemberg (vicepresidente), `Pimpi' (Roberto Camino, ex barrabrava) y Daniel Cáceres (ex barra y empleado del club) el día de la elecciones, quienes entregaban cuotas truchas, y Cáceres lo hacía estando armado".

Los números

Entre la escasa información oficial a la que tuvo acceso la administración de Lorente se encuentra el último balance contable, donde allí López afirmó que los números del club arrojan un superávit de 15 millones de pesos. Cuando se le preguntó vía carta documento a López dónde está dicha plata, el ex presidente omitió responder al interrogante. Algo que ahora deberá decirle a la Justicia, complicando su situación si se niega a devolver el dinero que es de Ñuls.

La auditoría arrojó un pasivo de 86.012.114 pesos, teniendo como principal acreedor a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y la Asociación del Fútbol Argentino, la cual espera percibir de Ñuls, 23.222.271 pesos (ver edición del 9 de febrero), monto al que se llegó por cheques sin fondos cedidos por López a Julio Grondona. La singular relación financiera entre el presidente de la AFA y López dilucidó, además, que el ex presidente rojinegro endosaba valores en su calidad de titular del club del parque Independencia y al mismo tiempo de la S.R.L. que ostenta a su nombre. "Un pasivo de dudosa procedencia y exigibilidad, contraída maliciosamente", diagnosticaron los pratrocinantes en la denuncia, concluyendo que "Ñuls fue objeto de una terrible agresión a su capital humano y patrimonial".

Los reclamos

"López no le paga a nadie", se decía hasta el cansancio en el ambiente deportivo. Esa conducta puede señalarse como literal, al menos para sus últimos años de gobierno, donde no le saldaba compromisos a la AFA, a jugadores, empleados, y ni siquiera a quienes le prestaban dinero. Prueba de ello son las diversas demandas que padece el club. Por citar algunos casos, el delantero Luis Escala (ni siquiera jugó un minuto en el primer equipo) exige 171.920 pesos, Rubén Capria 954.232,80, Juan Carlos Ferreyra 74.200, Claudio Husain 744.000, el Hotel Riviera 701.308,69 y Dodici S.A. 2.257.741 dólares. Al tiempo que por los pases de Pablo Aguilar, Juan Quiroga, Juan Manuel Insaurralde, Gastón Machín y Mauro Cejas a la entidad la intimaron a abonar 9.281.628 pesos.

Lo que viene

El expediente está en manos de Beltramone, quien lo derivará al juzgado de Alejandra Rodenas, donde se acumulan las causas penales sobre la ex dirigencia leprosa. Rodenas no esclareció ninguno de esos expedientes, negando además medidas tendientes a dilucidar las diferentes denuncias. Es por esto que se espera que la magistrada se excuse a llevar adelante la demanda presentada ayer, que tiene por característica estar acompañada de las pruebas que sostienen el pedido de condena por "administración fraudulenta".