Los desequilibrios institucionales que acusó la dirigencia de Central a lo largo del año derivaron en la exclusión --presentada bajo el eufemismo de "licencia"-- de Pablo Scarabino de la presidencia y provocaron, entre dirigentes de la oposición, evidentes preocupaciones sobre la situación económica-financiera de la entidad. Pero otros actores de la vida auriazul, como los profesionales que asesoraron a la institución en la denuncia penal sobre los ex dirigentes, aún reclaman el esclarecimiento judicial respecto a lo que soportó el club en manos de la anterior comisión directiva que encabezaba el escribano Víctor Vesco. Antes de apartarse de la conducción, el presidente de licencia Scarabino recibió por escrito un informe donde los patrocinantes no sólo presentaron un suscinto repaso de lo sucedido, sino que además sugirieron los pasos a seguir para llegar a la verdad. Pero Scarabino nada hizo.

Sabido es que la causa 1065/03 que investiga a Vesco y compañía por "administración fraudulenta" estuvo a cargo del juez en lo Penal de la 10º Nominación, Alfredo Ivaldi Artacho, hasta que el propio magistrado se excusó de seguir con las pesquisas argumentando una nota de este diario, siendo la Sala III la que luego debió resolver respecto a su curiosa petición. Pero antes de eso, el propio juez fue recusado por el abogado de uno de los ex dirigentes.

Al quedar la pelota en la Cámara de Apelaciones, apareció una recusación sobre uno de sus miembros (Dr. Otto Crippa) que fue aceptada, llevando la composición del tribunal a nueve jueces, quienes a la postre aceptaron el pedido de Artacho para dejar de atender la causa. Lo grave fue que la misma Cámara Penal Nº 10 había firmado un "acuerdo pleno" el 23 de diciembre de 2003 donde se convino no aceptar la causal de recuperación por "enemistad" de un abogado de las partes para con el juez (en este caso Artacho), tal cual como sucedió durante el transcurso de las investigaciones. Porque los mismos jueces que se comprometieron en el "acuerdo de Cámara", luego aceptaron la recusación planteada sobre Artacho, que se sumó a su propio excusación posterior, permitiendo así el cambio de juzgado, como finalmente sucedió.

"He quedado perplejo por lo sucedido", afirmó uno de los profesionales que representan al club en el informe presentado a Scarabino. En el mismo, además, se recuerda: "Cuando requirió de nuestros servicios profesionales, lo hizo con la firme convicción de que se condene a los que saquearon las arcas de la prestigiosa institución que usted preside y esto no se puede lograr si además de todos los avatares propios de la Justicia quienes son perseguidos por ella desplazan a su antojo a los jueces en sus distintas jerarquías".

Por tal motivo, los profesionales acercan una sugerencia para que las investigaciones recobren vida: "La recusación no ha pasado desapercibida en todo el Fuero Penal. El fiscal se encuentra obligado a exigir la regularidad de todo el proceso y el respeto indeclinable debiendo denunciar la violación a la ley vigente. Aconsejo una presentación de su parte exigiendo el estricto cumplimiento de la ley". Scarabino hizo caso omiso al asesoramiento. Ahora la oportunidad de reencausar la denuncia penal está en manos del presidente en ejercicio, Juan Dalbes.