Los ex dirigentes de Central imputados por "estafas reiteradas" se presentaron en el juzgado para responder a la citación a indagatoria librada por el juez, Eldo Juárez. Quienes fueron removidos de sus cargos por la Justicia presentaron un escrito como defensa que "no aportó nada relevante a la investigación", según consignó una fuente judicial. Hoy será el turno del ex secretario de actas Carlos Casati.

El martes por la mañana el juez de Instrucción en lo Penal Nº 4, Eldo Juárez, le tomó indagatoria a Juan Dalbes (ex presidente de Central), Mauricio Salvo (ex tesorero), Gonzalo Estévez (ex secretario) y el inversor Wilfredo Scarpello, en el marco de la causa penal que investiga a ex directivos e inversores por "estafas reiteradas". Los cuatro sospechados de defraudación contra Central respondieron a las inquietudes del magistrado con la presentación de un escrito, descartando así la posibilidad de defenderse ante un cuestionario puntual por parte de Juárez.

"El escrito es muy superficial, no precisa sobre aspectos puntuales de la causa. Lo que presentaron no aporta nada a la investigación", aseguró una fuente judicial a este diario. Esta mañana será el turno de Carlos Casati (ex secretario de actas), quien seguramente mostrará una estrategia legal similar a la presentada por sus ex compañeros de Comisión Directiva.

Al concluir con la indagatoria Juárez comenzará a evaluar la situación de los imputados en el expediente. Será determinante para la causa resolver si los procesa o no. Pero la situación de los mismos sigue siendo muy comprometida. Debido a las irregularidades detectadas la Justicia los removió de sus cargos en el club, luego les prohibió abandonar el país y por último los inhibió a cada uno de ellos por cinco millones de pesos.

Por otra parte, Casati peticionó ante la jueza Liliana Giorgetti, a cargo del concurso preventivo, la remoción del club de Pablo Scarabino, junto a otros cinco dirigentes, quienes son los que actualmente componen la Comisión Directiva canaya. Para ello Casati denunció irregularidades en la administración, las cuales ahora deberán ser investigadas por la Justicia.