La Policía de Acción Táctica fue presentada en septiembre de 2014 como la nueva apuesta del gobierno provincial en el marco del "Plan de Seguridad Democrática" para intentar paliar la violencia en Rosario y la ciudad de Santa Fe. En el ámbito local, los 264 homicidios en 2013 y los 248 en 2014, fueron las cifras que ilustraron el resultado del crecimiento del tráfico de drogas y armas de fuego como íconos de los negocios ilegales de la región. Los primeros meses del 2015, con casi un crimen por día, dan cuenta de que la creación de jefaturas policiales no incidió directamente en la disminución de delitos y mucho menos de homicidios. Sin embargo el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, arriesgó con las PAT, enviando en un principio 350 efectivos a Rosario para cubrir el hueco dejado por la retirada de Gendarmería en diciembre pasado. Pero los cuestionamientos a la flamante fuerza no tardaron en llegar. Más allá del discurso oficial que garantiza el actuar de la nueva policía "mediante acciones de disuasión y neutralización", el crimen por gatillo fácil de Jonathan Herrera de 23 años y las denuncias públicas por procedimientos ilegales se anotan como principales críticas en su corto tiempo de existencia.

Ludueña, Santa Lucía, Villa Banana, La Cerámica y 7 de Septiembre son barrios de la ciudad donde sus angostas calles de tierra o la falta de alumbrado público permiten que los servicios de emergencia de salud se nieguen a ingresar. "Acá si te pasa algo buscá alguien que te lleve en auto porque una ambulancia no entra", dice Carina de Santa Lucía mientras pone ejemplos con nombres propios y anécdotas recientes. Pero estos barrios también son los considerados por la agenda de seguridad del gobierno provincial y municipal como los territorios con "mayor grado de conflicto y de violencia", y por eso es que allí, entre otros barrios, fueron destinados los agentes de las PAT para patrullar sus calles en tríos y a pie. Y de estos barrios están surgiendo recientemente, y con muchos puntos en común, las decenas de denuncias públicas por el abuso de autoridad por parte de los agentes de la fuerza. Son prácticas que coinciden más allá de la distancia entre cada zona y descartan de plano la posibilidad de que se trate de hechos aislados, como comúnmente se consideran este tipo de actividades de las fuerzas de seguridad.

En Ludueña, las doñas se reúnen y comentan sus inquietudes, porque los blancos de las agresiones son siempre los mismos: sus hijos e hijas, pibes jóvenes, muchos de ellos menores de edad, objetos de agresiones físicas y verbales. "A los chicos no sólo los requisan, les tiran el celular contra el suelo, les quiebran las viseras, los golpean con los palos en las rodillas, los manosean, les tiran la gaseosa que están tomando, les dicen que no pueden estar en la esquina, que tienen que estar en la casa, cuando a lo mejor están preparados para jugar a la pelota", dice una de las madres. Sus preocupaciones van más allá de las agresiones puntuales y se enfocan también en la gravedad de que sus hijos no puedan circular libremente. En Santa Lucía la situación es similar y así lo cuenta Carina: "El feriado de Semana Santa mis hijos estaban jugando al fútbol y les tiraron itakazos. Ahora no se quedan más acá a jugar. Se tienen que ir a circunvalación y Mendoza".

La palabra de estas madres por el momento son sólo la reconstrucción de hechos que protagonizaron y vieron, pero también rumores de otros aspectos de estas fuerzas que lejos están de conocerse oficialmente. "Andan con la lista de pibes, nombres, apellidos, apodos y edad. En el pasillo de mi casa agarraron a un chico, lo encerraron y con una varilla le pegaban y le preguntaban por un nombre y un apellido", cuenta una mujer de Ludueña. El resultado de la agresión se ve en un video filmado por los vecinos donde los relieves rojos sobre la piel del pibe resaltan dejando ver la inflamación. Otro video que circula, muestra a oficiales agrediendo verbalmente y amenazando a un joven mientras su madre le pide que pare aduciendo la minoría de edad del chico. "Vos no mirés, callate, te vamos a pegar todo lo que queremos, yo si quiero te llevo, a mí no me importa que esté tu mamá", son, entre otras, las palabras que salen de uno de los oficiales en el video de dos minutos.

Tanto en Santa Lucía como en Ludueña, los testimonios están acompañados de distintas reflexiones que imprimen en los vecinos de las barriadas populares un presente similar a otros momentos de la historia argentina. "Eso se hacía en la época de los militares, que porque uno era negrito o no era de su agrado te cagaban a palos y te llevaban por donde ellos querían. ¿Para qué queremos esto? Como mamá, a mí no me gusta lo que pasa", cuenta una de las doñas. "Antes te mataban por pensar distinto y ahora por ser villero", agrega otra. La crueldad de los procedimientos, la violencia verbal y física, las amenazas, pero también el miedo a denunciar y el temor a las represalias, son aspectos que permiten la validez de esta comparación. "Si a mí me echan te mato", fue la respuesta de un oficial a uno de los pibes que cuestionó la ilegalidad del accionar policial. Pero hay una diferencia sustancial entre ambas épocas, que es la Constitución Nacional y todos sus estatutos que garantizan los Derechos Humanos, prohíben torturas y todo tipo de práctica que ataque la integridad de las personas. Amparados en la ley es que los vecinos del barrio, junto a organizaciones sociales, intentarán controlar esta situación.

Cómo si fuera poco esta relación, en barrio Ludueña la organización entre vecinos está dando los primeros pasos en búsqueda de soluciones. Las madres vienen juntándose desde hace un tiempo una vez por semana para registrar los distintos hechos de abuso de autoridad que sufren los pibes de los barrios, y junto a organizaciones sociales están planeando distintas estrategias para comenzar a denunciar a nivel estatal esta situación. Incluso comenzaron a tejerse lazos con madres de otros barrios y se realizará una actividad en conjunto para el próximo martes 21 de abril en la plaza Pocho Lepratti de Ludueña (Liniers y Vélez Sarsfield). Bajo el nombre de "Primer Encuentro Interbarrial contra la Violencia Institucional", consistirá en una charla debate sobre el accionar de las PAT en los barrios rosarinos. Participarán referentes de organizaciones sociales y gremiales, Elsa Godoy (madre de Franco Casco), María Elena Herrera (madre de Jonathan Herrera), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, y Norma Vermeulen junto a Pablo Alvarez como representantes de las Madres de la Plaza 25 de Mayo de Rosario.

Convencidos de que la falta de conocimientos a nivel público sobre esta situación es producto de la desinformación y no de la inverosimilitud de los hechos, las madres de los barrios buscarán generar el impacto necesario para que sus pibes puedan vivir sin peligros. "Yo no voy a dejar que les peguen a mis hijos porque a ellos se les ocurre, porque son negritos o usan gorrita. Me van a pegar a mí pero yo no voy a dejar que les peguen", comenta una de ellas.