CORREO
Desde el Directorio estamos alcanzando los consensos necesarios en el Foro para que el Colegio de Abogados de Rosario, reclame en forma permanente y constante, su derecho a emitir opinión y ser tenido en cuenta a la hora de producirse designaciones trascendentes en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo. En esa prédica ya contamos con el acompañamiento y adhesión de diversas entidades integrantes de la sociedad civil y de todos los colegios de abogados de la provincia. Nos preocupa la ausencia de una política universitaria o estatal que revierta la evidente saturación que sufre nuestra profesión. Lo hemos dicho en numerosas oportunidades y lo repetimos ahora, no existe hasta el momento, un volumen de trabajo profesional necesario, en el que puedan ocuparse todos los letrados que se reciben. La situación se agrava por cuanto el estado no genera ámbitos ocupacionales para paliar este problema, como podría ser la exigencia de contar con el título de abogado para ingresar en determinados cargos de la administración pública y del Poder Judicial. Todo este cuadro se complica con la noticia de que se dispone a abrir sus puertas la cuarta facultad de derecho de la ciudad de Rosario, incrementando de esa forma, el elenco ya de por sí numeroso de facultades de derecho en la región y la oferta universitaria. Se insinúa, débilmente por el momento, una tendencia al menos en nuestro foro, de tomar cierta injerencia en el tema. Estimamos que en poco tiempo se suscitará en el seno del Colegio y se extenderá a las Facultades de derecho de la ciudad, un serio, profundo y mesurado debate sobre el tema, a partir del convencimiento generalizado, de que no se puede seguir callando a los jóvenes que ingresan a la universidad y ocultando la realidad de la falta de trabajo para todos. El tercer tema, no menos grave, refiere a la proliferación, en este último tiempo, de ataques concretos, personales y directos hacia magistrados del Poder Judicial y hacia los abogados. La causa de una asociación civil sin fines de lucro o su proceso institucional han dado pie para que inadaptados descarguen su odio contra la Jueza que entiende en la causa y contra abogados de la profesión que han intervenido en distintos procesos judiciales. El Directorio en cada caso ha expresado, públicamente, su repudio por las agresiones y amenazas y solidaridad hacia el magistrado y letrados afectados. La gravedad de los hechos impone hacer una reflexión en este día y en este acto, para no dejar pasar el hecho, tomar conciencia y repudiar nuevamente este tipo de conductas que procuran, mediante la intimidación, amenazas y violencia, condicionar la justicia, quitarle independencia y entronizar la arbitrariedad. En este tiempo también hemos comprobado reiterados hechos de violencia física hacia abogados, caso de la bomba incendiaria que se arrojara contra el frente del domicilio familiar de un colega, lo que justificó la inmediata reacción del Directorio y de la FACA, es decir de toda la abogacía argentina, en su asamblea reciente celebrada en la ciudad de San Nicolás. Hemos repudiado todas aquellas acciones tendientes a criminalizar el ejercicio legítimo de la profesión. También la profesión ha sufrido presiones inaceptables e intimidaciones, en la persona de los doctores Luis Micó, Marcos Peyrano, Jorge Elizondo y Sergio Martyniuk, lo que nos da una pauta de los momentos críticos que vive la abogacía cuando se trata de la defensa de derechos extremadamente sensibles o que afectan a determinados intereses. Reafirmamos nuestro compromiso permanente y continuo de participar, brindando nuestra opinión, en la conformación del Poder Judicial y en la cobertura de los cargos del Poder Ejecutivo que guardan directa relación con nuestra actividad.
Arturo Ignacio Araujo
Presidente del Colegio de Abogados de Rosario
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