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Con profunda preocupación observamos la subsistencia del conflicto en el que involuntariamente se encuentran inmersos trabajadores que bajo una figura cuasi contractual llevaban adelante tareas de promoción en jurisdicción de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia.
Estuvieron durante casi cuatro años cumpliendo una tarea de profundo contenido; entendiendo que la promoción cultural de los valores inherentes a los Derechos Humanos se deben dar en la cotidianeidad de la vida en los sectores mas vulnerables. Lamentablemente, la anterior administración, por diversas circunstancias prefirieron la designación de personal en planta permanente sin esos antecedentes. Así llegaron al final de la gestión cumpliendo funciones a través de una tercerización de contratos, que si bien en su momento llenaron un vacío funcional nunca justifica la falta de normalización contractual a diciembre de 2007. De allí deviene nuestra especial preocupación de dar un ámbito laboral propicio, aprovechando la preparación en recursos humanos a un puñado de jóvenes que a rajatabla cumplieron principios fundamentales de promoción y difusión de Derechos y Garantías personalísimos común a la posesión de ciudadanía. El requerimiento a la actual administración, teniendo en cuenta la responsabilidad de continuidad en tanto figura y gestión del Estado, es reentablar una ordenada y coherente relación contractual con el personal en conflicto, y la prosecución de sus tareas en consonancia con lo ya realizado, y dentro de similares parámetros.
Con gran pesar escuchamos opiniones prejuzgando la actividad, y la condición de cada uno de los ex contratados en conflicto. En buen romance, la orden del Ministerio rector fue solucionar la cuestión laboral pero sin dependencia de la Secretaría de Derechos Humanos. Estamos totalmente en desacuerdo con diluir una experiencia de trabajo, que por la profundidad de su tratamiento y duración en el tiempo sería difícil reeditar en jurisdicción de la Secretaría de DD HH. No obstante, debemos tener en cuenta a todos y cada uno de los trabajadores que cesaron en sus tareas, y allí el problema principal, que es lo que debemos solucionar ya que dilatarlo atenta contra el salario, correlato de la tarea que cumplen. Si bien la Cámara de Diputados de la provincia demostró su compromiso de monitorear el cumplimiento oficial de lo pactado con estos trabajadores los plazos establecidos no se cumplieron satisfactoriamente y estamos a las puertas de proseguir con este conflicto. Por todo ello, solicito a las áreas pertinentes la satisfactoria resolución de los contratos o designación pactados con el personal en conflicto y que dependiera de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, teniendo en cuenta: primero el carácter alimentario (salarial) de la consecuencia contractual que cesó hace más de cuatro meses. La característica de la tarea y antecedentes de lo realizado por este equipo en el Programa que oportunamente fuera acogido por dicha Secretaría.
Gerardo Rico
Diputado Provincial
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