Cartas de porte

Desde 1991, época en que se disolvió la Junta Nacional de Granos, tanto la Federación Agraria Argentina como la Federación de Centros de Acopiadores han venido prestando un servicio que puede calificarse como óptimo, ya que, a través del mismo, los usuarios cuentan con puntos de venta en todo el país, hasta en los lugares mßs alejados, con atención diaria como corresponde a un servicio que debe atender la periodicidad de las cosechas y la extensión del territorio productivo. Sin embargo, el presidente de la ONCCA, Ricardo Echegaray, confirmó que el Estado se harß cargo de ahora en mßs de la emisión y venta de cartas de porte, el documento obligatorio para cada traslado de granos dentro del país. Echegaray ante una pregunta de representantes de la Federación de Acopiadores ﷓la otra entidad privada que distribuye cartas de porte﷓, respondió que las mismas "van a pasar a manos del Estado". El funcionario kirchnerista, según fuentes oficiales, tiene casi listo un proyecto de resolución para producir esa modificación.

Por todo ello es que no existen motivos de índole técnica o administrativa que justifiquen la decisión de prescindir de los servicios de las dos entidades que desde hace diecisiete años los viene prestando adecuadamente. Por el contrario, la decisión del titular de la ONCCA, lejos de favorecer a los usuarios, los perjudicaría y provocaría un deficiente control estatal. Aún más, los perjuicios se extenderían a la masa de trabajadores que desempeñan actualmente las tareas concernientes a la emisión y control de las cartas de porte, trabajadores que se encuentran diseminados por todo el país y fundamentalmente en nuestra provincia, una de las mayores productoras agropecuarias. Muchos de estos trabajadores prestan sus servicios en pequeñas poblaciones, con lo que la pérdida de la fuente de trabajo significaría un serio problema para los mismos, ya que la oferta laboral es escasa, sobre todo en esos pequeños lugares.

Es por todo ello que solicito al Poder Ejecutivo Provincial adopte las medidas conducentes para requerir al Poder Ejecutivo Nacional que desestime la decisión cuestionada en aras de evitar graves perjuicios.

Alejandra Vucasovich

Diputada provincial peronista