CORREO
La impunidad continúa
Van 16 años de impunidad del brutal asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, que en 1997 trabajaba para la revista Noticias y fue quien mostró el rostro de uno de los empresarios más fuertes, poderosos y mafiosos de la Argentina, Alfredo Yabrán. Para nuestra institución (como para la mayoría de quienes consideran que la justicia lenta, tardía, pesada y muchas veces corrupta, no es Justicia), recordar a Cabezas supone hacerlo con un hecho bisagra, emblemático y que pretendió ser aleccionador, no sólo para los trabajadores de prensa sino para la sociedad toda. José Luis Cabezas fue asesinado en Pinamar el 25 de enero de 1997 y de allí en más el errático accionar policial y judicial derivó en la casi total impunidad del crimen. Los argentinos debimos vivir luego otros hechos con derivaciones semejantes que pusieron en el lugar de aquél de quien se duda a la misma Justicia, tal el femicidio de Sandra Cabrera -en Rosario, un 27 de enero de 2004-, de la desaparición de Jorge Julio López, testigo en el juicio que condenó a perpetua al torturador Miguel Etchecolatz, en La Plata; del crimen de la ex detenida de la dictadura militar, testigo y querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad Silvia Suppo; del caso de la desaparición de Marita Verón, ligado a la trata de personas; los crímenes del 2001 y tantos otros que en situaciones vinculadas al gatillo fácil y al narcotráfico conmueven a la sociedad. Hace 16 años, en una cava de Pinamar se encontró calcinado el cuerpo del fotógrafo José Luis Cabezas. El SPR junto a muchas otras organizaciones del país reclamaron desde entonces para que sus asesinos cumplieran con las condenas que les correspondían. El jueves, Gladys Cabezas, hermana de José Luis, dijo al SPR: "Ninguno de los imputados, aún a quienes se les aplicó el beneficio del 2x1, terminó de cumplir la condena. Necesitamos que la Justicia cambie porque esta es, justamente, la negación de justicia, tal como ocurrió de manera reciente con el caso de Marita Verón". El injusto y desequilibrado comportamiento judicial se verifica en los casos mencionados y en muchísimos otros que no tienen vuelta atrás ni retorno porque en ellos se perdieron vidas. Pero la parcialidad y la corrupción se ven en tantos otros hechos de la cotidianeidad social que determina que las mayores aplicaciones del Código Penal sean para pobres y excluidos, que haya jueces dependientes de negocios varios y que leyes votadas por el Congreso nacional no puedan aplicarse en su totalidad (o que se miren con lupa acerca de su posible 'inconstitucionalidad'), como en el caso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuya completa aplicación aportará a una mayor democracia informativa.
Comisión de Libertad de Expresión y Formación Profesional. Sindicato de Prensa Rosario
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