Detenidos

Requiriendo que se cumplan sus derechos, 65 internos del pabellón 4 de la unidad número 11 de la provincia de Santa Fe (Piñero) se cocieron la boca y los ojos, al tiempo que elevaron a las autoridades sus reclamos.

Es una medida pacífica, por lo tanto jueces, juezas, defensores y defensoras, principalmente los que están a cargo en distintos sistemas y los jueces de ejecución penal deben velar por la seguridad de las personas privadas de la libertad. El retraso en estos juzgados viola los derechos humanos de las personas encarceladas y extienden la pena a sus familiares. Las personas privadas de la libertad, en un reclamo conjunto, se declararon en huelga de hambre, después de muchas solicitudes, reclamos y huelgas a lo largo de estos meses manifiestan la mora del juzgado de ejecución pena de Rosario.

Piden que no se trasladen a los delegados como viene ocurriendo cuando los presos toman una medida para que se aceleren los trámites judiciales. Hay una clara violación a los derechos humanos, tratos crueles y degradantes que se expresan de manera taxativa. Las condiciones en que entran las visitas fueron una de las situaciones que generaron conflictos. La comida es de baja calidad y muchas veces en mal estado, se han visto gusanos, a esto se agrega que no dejan entrar la comida que con tanto esfuerzo traen sus familiares.

En esta situación, algunos jueces niegan las salidas otorgadas. Una presión clara a las personas que no tienen otro modo de reclamo que la autoflagelación.

Atento a los derechos que les asisten, a vulnerabilidad de esta población y la medida que llevan con determinación, solicitamos que desde el poder judicial, se tomen las medidas para resguardar los derechos de estas personas aisladas y depositadas en la cárcel.

Desde la Coordinadora de Trabajo Carcelario, en diálogo con la personas privadas de la libertad, reclamamos que los jueces, defensores y miembros del poder ejecutivo actúen para garantizar la vida y la seguridad.

La jueza que oficia que ante una medida de reclamo para que se quiten los derechos ya adquiridos, en la medida que su cargo la responsabiliza a reguardar los derechos contemplados en la legislación nacional e internacional e imponiendo arbitrariamente y de manera irresponsable la posibilidad que una medida pacífica, se convierta en un conflicto. Lo mismo ocurre, más allá del atraso estructural del Juzgado de Ejecución Penal de Prunotto Laborde.

Lilian Echegoy. CTC