"¿Qué falta en política para las mujeres?...Casi todo". La pregunta y respuesta es formulada y compartida casi por completo por las tres integrantes de organizaciones que trabajan en la problemática de género y a quienes consultó Rosario/12 acerca de las expectativas que genera la renovación de cargos ejecutivos y legislativos en la política santafesina. Mabel Gabarra de Indeso Mujer, Liliana Pauluzzi de Casa de la Mujer y Susana Chiarotti del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo, plantean cuáles son las deudas que, fundamentalmente el Estado provincial, tiene para con las santafesinas. En primer término señalan que es necesario que se apliquen las leyes que ya existen y que se generen las políticas públicas para la prevención de la violencia familiar y la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos. Un renglón aparte merece la no aplicación de la ley de educación sexual aprobada en 1992 y la falta de espacio y presupuesto, ambos importantes, destinados a la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. Sin duda, dicen, el próximo gobierno deberá mostrar mayor voluntad política que los que hubo hasta ahora.

Mabel Gabarra señaló un aspecto en el que la provincia tiene una deuda a la que califica de "enorme" para con las mujeres. Se trata de la ley 11.529 sobre violencia familiar que se aprobó en 1998, se reglamentó en el 2001 y contiene varios artículos sobre la generación de políticas públicas. Esas políticas tienen que incluir intervenciones de difusión para la prevención y también la capacitación de funcionarios de los ministerios de Salud, Educación y Gobierno para que se cumpla con la norma. "Todo se hace con mucha deficiencia", dijo. Por eso tanto desde Indeso como desde Casa de la Mujer a través de Liliana Pauluzzi mencionan el relevamiento realizado en varias ciudades y localidades del sur santafesino: Venado Tuerto, Villa Constitución, Cañada de Gómez, San Lorenzo, Rosario, Carcarañá, Capitán Bermúdez, Alcorta y Fighiera. En todas ellas se vio, "con excepción de Rosario", dicen, que hay fuerte desconocimiento de la ley y una cantidad de problemas que tienen que ver con la actuación de los ministerios. Las expectativas se renuevan ante el cambio de gobierno: "Se debe trabajar sin más demoras porque los casos de violencia se multiplican, los servicios no puedan dar respuesta a todos y en general los funcionarios, agentes e integrantes de la Justicia no están capacitados en el tema", acuerdan Gabarra y Pauluzzi.

La deuda incluye la no aplicación por parte del gobierno provincial del programa nacional en salud sexual y reproductiva. El trabajo de prevención, educación sexual y el funcionamiento de las consejerías "es muy pobre", dice Gabarra, al tiempo que señala que se dieron directivas desde la Nación sobre el reparto de anticonceptivos "y la provincia no las cumple". Desde Indeso se espera además que el próximo Ejecutivo y Legislativo instrumenten un protocolo de atención para los casos de abortos no punibles de acuerdo a lo que señala el artículo 86º del Código Penal."Y si hay médicos que quieren recurrir a la objeción de conciencia deben plantearlo con la suficiente anticipación para que estén otros que cubran la atención hacia las pacientes", opina.

Pauluzzi marca como Gabarra la necesidad porque se cumplan las leyes. Además de la que trata de prevenir y actuar sobre la violencia familiar, la de salud sexual y reproductiva y la de educación sexual. "Me preocupa en especial que en noviembre pasado estábamos muy contentas porque a través de la diputada Lucrecia Aranda se había presentado" una modificación al CPP en cuanto al abuso sexual de niñas y niños que se había aprobado en la Legislatura y después de dos años de trabajo, en la modificación de la ley "no existe nada".

Desde Casa de la Mujer también se señala que en los hechos que tienen que ver con el abuso sexual infantil "lo que siempre vemos es el sobreseimiento de los agresores...El tema es que existe una impunidad tan grande que es casi seguro que van a reincidir porque si la sociedad y la justicia no repudian estos hechos no hay castigo y se deja en la vulnerabilidad total a niñas y niños".

La psicóloga Liliana Pauluzzi dice que la ley de educación sexual "ya es adolescente pero nunca tuvo vida" y recordó que durante el ministerio de Juan Sylvestre Begnis en Salud y de Carola Nin en Educación se pidió al Consejo Asesor un proyecto de capacitación en la materia que involucrara a 2000 docentes. "Para esa iniciativa estaban los fondos" explica para seguir con que después cambiaron los funcionarios y el proyecto de capacitación "se cajoneó sin tener en cuenta que trabajar el tema de la educación sexual desde los grados iniciales es prevenir el abuso sexual infantil".

-¿Qué expectativas crea la llegada de un nuevo gobierno?

-Sólo que todo dependerá de la voluntad política que exista por brindar los conocimientos y las herramientas a la gente más carenciada. Esa sería una forma de desestructurar las grandes mafias que lucran con la ignorancia. Si las mujeres logran apropiarse de su sexualidad se pondría una gran traba para el tráfico de niños y niñas y la explotación sexual infantil.

Susana Chiarotti preside el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo, es coordinadora del comité de Expertas en Violencia contra la Mujer de la OEA y responsable del monitoreo del Estado en el Comité de América latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Ella plantea su preocupación central que tiene que ver con que "nuestros decisores políticos no tomaron la igualdad entre varones y mujeres como una prioridad y una cuestión de Estado".

La fundamental crítica de Chiarotti es la inexistencia en los presupuestos nacionales, provinciales y municipales, de espacios y recursos específicos e importantes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres porque "siempre se está con dos pesos tratando de transformar roles y estereotipos que requieren de campañas masivas".