La política de apoyo de los Estados Unidos a las dictaduras latinoamericanas, la complicidad que hizo caer a gobiernos constitucionales como el del chileno Salvador Allende y el saldo de torturas, asesinatos y muertes en el continente han salido a la luz, aunque tan sólo en una porción. Todo, a partir de la llamada desclasificación de documentos de los organismos de Estado y Seguridad y de la existencia de una ley de acceso a la información pública, la ley FOIA (Freedom of Information Act). Quien habla sobre ello es el periodista e investigador del National Security Archive, Carlos Osorio, quien estuvo en Rosario invitado por el realizador Francisco Mattiozi Molinas, quien con la producción de Ana Passaro y Luciana Condito trabaja en el largometraje documental que llevará por título el de Operación Méjico. Osorio, nacido en Chile, vivió muchos años en el Salvador y está a cargo desde la ONG que integra, NSA, del proyecto que trata de reconstruir lo ocurrido durante las dictaduras militares en la Argentina, Uruguay y Paraguay "aunque el centro del trabajo está en Argentina, el lugar más fuerte de construcción de la memoria", dice a Rosario/12. A esta organización el NSA pertenece también la periodista mejicana Susana Zavala que encontró documentación relacionada con la actuación de la dictadura argentina cuando se abrió el archivo de la Dirección Federal de Seguridad de Méjico, entre ella la que tienen que ver con causas por crímenes de lesa humanidad. Osorio narra cómo se encontró la documentación que da cuenta de la misión que llevaban tres agentes de inteligencia del Batallón de Comunicaciones 121, Rubén Fariña, Daniel Amelong y Jorge Cabrera -que salieron del país con dos supuestos 'montoneros arrepentidos', uno de ellos Tulio Valenzuela que luego denunció el objetivo ante la prensa mejicana-, para matar a la dirigencia montonera en aquel país. Se trata de los mismos represores que actuaron en distintos centros clandestinos de detención, entre ellos en la Quinta de Funes, sobre la que se centrará buena parte del documental Operación Méjico. La luz verde del ex secretario de Estado Henry Kissinger para la represión en la Argentina y la falta de una ley que permita acceder a los archivos de la Policía Federal y del Servicio de Informaciones del Estado (SIDE).

-¿Qué fue lo que encontró la periodista Susana Zavala?

-Cuando comenzamos la investigación para encontrar documentos sobre la guerra sucia en Méjico, nuestra investigadora Susana Zavala revisaba y revisaba el archivo de la desmantelada Dirección Federal de Seguridad -parecida a la Policía Federal Argentina- y en ese proceso se encontró con mucha documentación relacionada con argentinos refugiados allí, Montoneros, gente del PRT, con actividades de solidaridad y me informó que estaba apareciendo información sobre militares argentinos. Allí estaban los interrogatorios, las fotografías y los documentos de expulsión de un grupo de agentes de inteligencia del Destacamento 121 que en 1978 habían ido a Méjico con dos 'supuestamente montoneros conversos o volteados' y con la intención de matar a la conducción que estaba en el exterior. Subimos esa documentación a la red, nos contactamos con gente del Ministerio Público en Argentina, con organismos de derechos humanos en Buenos Aires y llamamos a los abogados que trabajan en los casos que sucedieron en Rosario y sus alrededores, particularmente en la causa conocida como Quinta de Funes. Cabe recordar que en el marco de la conocida como Operación Méjico los militares ordenaron a 3 de sus agentes de inteligencia pertenecientes al Batallón de Comunicaciones 121 eliminar a la cúpula montonera. El 14 de enero de 1978 viajaron los represores Rubén Fariña, Daniel Amelong y Jorge Cabrera junto a dos militantes supuestamente arrepentidos, se trataba de Tulio Valenzuela y de Carlos Laluf. El grupo viajaba con los nombres ficticios de Eduardo Ferrer, Pablo Funes, Carlos Carabetta, Miguel Vila y Jorge Cattone respectivamente

Carlos Osorio publicó en la web de la National Security Archive una nota que da cuenta del hallazgo en los archivos de la DFS de las fotografías de Funes y Vila al momento de ser interrogados y registrados el 19 de enero de 1978. Allí mismo señaló que una vez en la capital azteca, Tulio Valenzuela escapó del control del escuadrón de inteligencia argentino y denunció la maniobra en conferencia de prensa, un día antes, el 18 de enero. Las autoridades mexicanas capturaron a Amelong y Laluf cuyas fotos se reproducen en el portal con sus nombres falsos y el 21 de enero los expulsan junto a Fariña y Cabrera. El DFS registra que "El día de hoy en el vuelo 621 de la compañía Aeroperú que salió del Aeropuerto Internacional 'Benito Juárez' de la Ciudad de México salieron los siguientes pasajeros de nacionalidad argentina: Manuel Augusto Pablo Funes, Miguel Vila, Eduardo Mario Ferrer Márquez y Carlos Alberto Carabetta".

El investigador de la NSA también recuerda que lo que se conoce como Operación Méjico fue contado por primera vez en el libro Recuerdo de la Muerte del periodista Miguel Bonasso, quien se nutrió de los relatos de Tulio Valenzuela y del único sobreviviente del campo de prisioneros conocido como Quinta de Funes, Jaime Dri.

-¿Por qué el nombre de Nacional Security Archive que tanto escozor causa en la Argentina y en toda Latinoamérica, víctima justamente de las dictaduras que basaron su accionar en la Doctrina de la Seguridad Nacional?

-Es cierto el nombre de nuestra ong. que tiene sede en Washington, precisamente en la Universidad George Washington, asusta. Pero es que nació con un grupo de periodistas críticos que en 1985, después de haber hecho mucho uso de la Ley FOIA (Freedom of Information Act), es decir la ley de libre acceso a la información y de haber recopilado miles de documentos desclasificados de la política de Ronald Reagan hacia Centroamérica, Afganistán y otros puntos, decidieron hacer un 'repositorio' donde todo el mundo tuviera acceso a esa documentación. De allí que se decidió que fuera como una especie de biblioteca y se le dio el nombre de NSA. El archivo oficial sobre la seguridad no sería accesible al público. Se decidió, entonces, conseguir más información y poner a investigadores a estudiar episodios de la seguridad nacional en EEUU. Por ejemplo acerca de cuál fue el rol de los Estados Unidos en la Bahía de Cochinos. La idea es que estos materiales estén a disposición de todos aquellos interesados y también que los ciudadanos estadounidenses conozcan qué se hizo, de manera secreta, con su dinero. El NSA creció e hizo investigaciones sobre distintas hechos de los últimos 25 años. Hemos estudiado la política de Estados Unidos hacia El Salvador, Nicaragua Guatemala Chile, Filipinas, Sudáfrica pero también temáticas diversas, por ejemplo la militarización del espacio. Irak es un proyecto inmenso que está comenzando, también Afganistán. La gente trabaja por unos 4 años haciendo peticiones de información, recolectando miles de documentos, 10.000, a veces 20.000. Se hace luego una selección, se catalogan, se indexan con glosarios, todo para tener una colección de crema y nata que sirva a un investigador para darse cuenta de lo que fue la política. Nosotros no hacemos el análisis, el investigador puede venir a nuestra sala y revisar todo lo que recogimos. Tenemos más de 1.500.000 de documentos en papel. Es el repositorio más grande fuera del de gobierno.

-¿Sobre qué períodos históricos solicitan información?

-En general es desde el año '50 hasta el presente. Hay más de 100.000 documentos catalogados en todas estas temáticas, además del millón y medio que antes mencioné. Por otra parte tenemos la misión de responder a un público predilecto integrado por congresistas, periodistas e investigadores universitarios, ya sean estudiantes o profesores. Estas personas son multiplicadoras en la tarea de divulgar información y también orientamos sobre cómo pueden hacer las peticiones si no lo ha hecho el NSA.. Internet nos permite alcanzar un público masivo con pequeñas selecciones. Así fue, por ejemplo, cuando descubrimos las reuniones del ex secretario de Estado Henry Kissinger con el almirante argentino César Augusto Guzzetti quienes se reunieron dos veces durante 1976, una vez fue en Santiago, Chile, y la otra en Estados Unidos. Los investigadores decían que en la reunión de Santiago, Kissinger le dio luz verde a Guzzetti para la represión en la Argentina La represión ya había empezado pero fue el guiño de aprobación.. 'Cualquier cosa que estén haciendo háganla rápido pero vuelvan pronto a los procedimientos normales', dijo Kissinger. En octubre Guzzetti fue a EEUU a una reunión de Naciones. Unidas y allí retomaron el hilo de la conversación. Cuando el secretario de Estado le preguntó acerca de cómo iban las cosas, el militar argentino le informó que 'ya casi estaban triunfando'. A ello Kissinger le respondió que terminaran rápido y antes del mes de enero del año siguiente donde el Congreso de EE.UU iba a comenzar a revisar la política hacia la Argentina y también todo lo relacionado con los fondos y la cuestión económica.

-¿Qué ocurrió luego de la información encontrada por Zavala y respecto de la documentación sobre la política de Estados Unidos hacia Latinoamérica?

-La administración Clinton había decidido sacar colecciones grandes de documentos que se referían a episodios controvertidos de la política de EE.UU. hacia Guatemala, donde hubo una gran intervención, tal como en Chile. La CIA contra Jacobo Arbernz, contra Salvador Allende y también respecto de El Salvador. Hicieron desclasificaciones masivas y se montó el Consejo de Seguridad Nacional. Así le dijeron a la CIA, al Pentágono y al Departamento de Estado que hicieran públicos esos documentos. Era una manera de comunicación hacia los latinoamericanos, de expresarles que les tendían la mano, que reconocían el pasado y que proponían iniciar una nueva relación. En el gobierno de Clinton había politólogos y cientistas sociales que habían estado en la administración de James Carter y además se trató de un golpe histórico a los sectores conservadores. Fue como decirles ¡miren lo que hicieron! Y tratar así de zanjar la cuestión de quién tuvo la culpa de que EE. UU sea tan mal visto en América latina. Así es como sacaron primero 12.000 documentos en respuesta a una petición de la Comisión de La Verdad de El Salvador y cerca de 30.000 sobre Chile en respuesta a solicitudes de jueces. Sobre Guatemala desclasificaron otros 30.000. Cuando salen los documentos sobre Chile, los jueces en la Argentina se dieron cuenta que allí había información sobre el país , como en el tema de la Operación Cóndor, y empezaron a realizar exhortos basados en el tratado de asistencia legal mutua a los EE.UU para pedir documentación autenticada sobre lo que venía de Chile y sobre otros temas Fue en 1998, 1999 cuando se quería extraditar a Augusto Pinochet.

-¿Y la desclasificación, en especial, sobre hechos ocurridos en la Argentina?

-Hubo una movida política, no conozco bien los detalles, pero el presidente Carlos Menem hizo, hacia el final de su mandato, una carta secreta por la que le pidió a su par de EE.UU. que desclasifique información que pueda esclarecer el paradero de los 30.000 desaparecidos y de los niños apropiados. Tal vez actuaron los jueces, las Abuelas que son tan dinámicas y sofisticadas. Han movido a fuerzas políticas, han hecho presión. Es para sacarse el sombrero ante el trabajo de ellas. Es importante una carta presidencial porque derrumba una de las objeciones principales que tienen las agencias de información para dar a conocer documentos, la seguridad nacional y que también se refiere a que puede afectar las relaciones diplomáticas. Una vez que la pide el presidente ya no hay posibilidades de dañar esas relaciones. Eso fue en 1999. De manera coincidente llegó Estela de Carlotto en una gira al Congreso apoyada por la embajada Argentina. Se reunió también con nosotros (National Security Archive) y tratamos de asesorarla sobre cómo conseguir documentación. A principios del 2.000 llegó otra delegación encabezada por Edgardo Binstock ﷓se refiere a quien fue integrante de Montoneros, sufrió la desaparición de su hermano y luego de su esposa y ya en democracia fue secretario de Derechos Humanos del gobierno de Felipe Solá, en Buenos Aires﷓, pero la administración Clinton estaba en su final. La CIA decidió no responder a los jueces, el Pentágono resolvió no desclasificar pero la secretaria de Estado Madeleine Allright llegó a la Argentina en el 2000, recibió la formal petición del Madres, de Abuelas y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para que el Departamento de Estado desclasifique lo que tenía en su poder. Se encontraron en esa órbita 4.700 documentos que harían públicos en septiembre de 2001, pero vino el ataque a las Torres Gemelas, todo se pospuso. Luego los iban a sacar en diciembre pero en la Argentina había un colapso total y la publicidad se pospuso nuevamente. En el 2002 nos enteramos que querían reducir la cantidad, la paranoia era muy grande. Finalmente salieron a la luz en agosto de 2002. Hay en ellos información bastante buena. En el caso de la esposa de Binstock, Mónica Pinus, se conoció cómo la secuestraron junto al dirigente montonero Campiglia y los trasladaron a ambos desde Ríos de Janeiro a Campo de Mayo. Habían recibido la información de la inteligencia argentina. En realidad los documentos claves en término de dilucidar responsabilidades andan en las 3 docenas. Pero son sólo del Departamento de Estado. Como el gobierno entregó un número reducido de copias hicimos una versión digital -cuando pudimos obtenerla-, que entregamos en Córdoba, en La Plata, a la Universidad de Buenos Aires en la cátedra de Historia Política y también en Rosario al colectivo de sobrevivientes de El Pozo. Con nuestro trabajo conseguimos unos 1.500 documentos más. Para dar un ejemplo, los papeles sobre los encuentros de Kissinger y Guzzetti, fueron obtenidos con el trabajo de petición de nuestra ong. National Security Archive.

-¿Cuál fue el motivo de su reunión con el Fuero Federal de Rosario?

-Se trató de conocer la problemática de la autenticación de documentos para que puedan ser incorporados al expediente y a la vez informar sobre nuestro trabajo y las posibilidades de que se hagan exhortos judiciales para obtener mayor documentación que haya en Estados Unidos. De todos modos siempre se trata de la información que hay allá, porque falta mucho por hacer en Argentina sobre acceso a la información y desclasificación de documentos. En ese sentido en Paraguay tienen el Archivo del Terror, algo muy importante del que en Argentina no existe un equivalente. Existe el archivo de La Plata, de la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires que fue descubierta, pero la escala del Archivo del Terror es como si se desclasificasen los archivos de la Policía Federal. Y eso no ocurre, tampoco de las FF.AA, o del Servicio de Inteligencia del Estado.

Tengo entendido que basados en el decreto de acceso a la información pública del ex presidente Néstor Kirchner, la SIDE se autoexcluyó.