"Casi todos los delitos que dan alguna rentabilidad económica tienen, a la vez, cobertura policial" y "cuando se observan los procedimientos policiales se advierte la irregularidad, la liviandad con que se realizan y la ausencia de investigaciones que, por otro lado, siempre terminan con la imputación al último eslabón y nunca llegan a quienes manejan algunos negocios, como el de los estupefacientes". El concepto pertenece a la abogada Matilde Bruera, defensora federal en los Tribunales rosarinos y presidenta del Centro de Estudios en Derechos Humanos "Juan Carlos Gardella" de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. La reflexión de Bruera partió de la consulta de Rosario/12 sobre la realidad social, la queja y condena por los hechos de corrupción y, en este caso, por el trabajo del policía asesinado en el prostíbulo de calle Mendoza al 900, Emanuel Del Maestro, mientras custodiaba el lugar. También por el permanente pedido a la institución policial -que en el imaginario colectivo está registrada como corrupta-, para que esa misma fuerza la proteja de situaciones de inseguridad. Bruera sostiene que Del Mastro fue una víctima de la propia estructura de la fuerza, de los bajos sueldos, y de la sanción que siempre se ejerce sobre los eslabones más débiles o vulnerables, mientras nunca se llega a los verdaderos responsables de los negocios que cuentan con protección policial. Además habló de la hipocresía social.

"El caso trágico del asesinato de este joven policía puso en evidencia, una vez más, la que es una situación estructural de la fuerza, la corrupción. Esto no lo digo yo, sino quienes investigaron el tema policial", dijo Matilde Bruera que agregó acerca del asesinato de Del Maestro que también dejó en claro "que lo que se hace visible es la parte más débil o el último eslabón de la estructura corrupta. No hay duda de que el joven asesinado es una víctima de cómo funciona la fuerza y de la hipocresía social al mismo tiempo. Esta vinculación de algunas actividades ilegales con la institución es de vieja data, es conocida, y no por casualidad los funcionarios del gobierno de la provincia han comenzado a investigar a los superiores de este joven"

-Usted habla de la hipocresía que pretende que los sitios, como en el que estaba de custodio el policía Emanuel Del Mastro, no existen, no se ven...

-Sí, porque este tipo de actividades ilegales están publicitadas en los medios de mayor llegada de la ciudad, de la provincia y del país, por cuanto decir que se descubren esos sitios, los prostíbulos, supuestamente tolerados, es una hipocresía. Que son tolerados es obvio, no hay que realizar ninguna investigación para saber donde están, basta abrir algunos diarios y recorrer los avisos.

-Hubo una cierta condena social por el trabajo en un sitio 'ilegal', pero además hubo un corrimiento de la fuerza, una sanción post-mortem, como si este fuera un caso único de participación policial en actividades ilícitas.

-Los sueldos policiales son bajos. Lo era el salario de este joven con lo que estaba obligado a realizar tareas 'en negro'. Lo que sucedió no es nada más ni nada menos que la descalificación del eslabón más débil de la cadena y la estructura de corrupción. Si este policía ganaba alrededor de $ 1.700, no hay dudas de que ése no es un sueldo para nadie, pero en especial para quien desarrolla esa tarea que es, además, un trabajo de riesgo. Algunas críticas que se hicieron a la víctima, porque trabajaba en un lugar que no era legal, creo que pueden asimilarse a las que se podrían hacer a otro trabajador, endilgándole la responsabilidad por la extrema precarización laboral. El fue una víctima, no sólo de la corrupción sino de los bajos sueldos, de la situación laboral precaria que tenía y que no le permitía sustentar a su familia. De ahí que, como tantos otros, recurría a los aumentos de sueldo que pudiera conseguir. Esto no justifica que quien gana poco tenga que realizar actividades ilegales, pero hay que explicar que no se puede descalificar a la víctima, al eslabón más débil y más vulnerable en toda la estructura de corrupción. Creo que Emanuel Del Mastro, asesinado, no era más que un empleado trabajando en negro.

-La corrupción policial no está únicamente en la coima que se pide en la calle...

-Cuando se habla de corrupción policial, en general distintos sectores sociales la representan con el pedido de coimas en la calle, es cierto. Obviamente, esa es una corrupción inaceptable, pero hay que decir que se trata del último eslabón de una cadena de prácticas mayores. Las cadenas más grandes son las que constituyen estructuras policiales que están vinculadas a organizaciones criminales, o bien a actividades económicas ilegales. Casi todo los delitos que tienen rentabilidad económica tienen cobertura policial y esto se evidencia en los juicios. Por eso es muy bueno el juicio oral, porque es un escenario donde se exponen los procedimientos policiales y entonces se advierte la irregularidad, la liviandad con que se realizan, la ausencia de investigación de muchos hechos. Queda en claro, además, que cualquier investigación siempre termina con la imputación al ultimo eslabón, o al más insignificante de toda la estructura delictiva, pero nunca se llega a quien es el responsable o a quienes manejan algunos negocios. Me puedo referir, concretamente, a los casos de narcotráfico, pero si hablamos de este último caso, el del policía Del Mastro, podríamos detenernos en la explotación de mujeres, en el ejercicio del proxenetismo, hasta de la trata de mujeres.

-El mismo día en que fue asesinado Emanuel Del Mastro, Elena Reynaga, secretaria general del gremio de las meretrices recordaba que siguen sin derogarse los artículos del Código de Faltas de la provincia de Santa Fe que sancionan la prostitución callejera y la ofensa al pudor, textos que alientan y permiten la persecución policial hacia las trabajadoras sexuales...

-Comparto la posición de Reynaga en cuanto a derogar los artículos del Código de Faltas, además porque esos mismos artículos forman parte de la hipocresía general, porque lo que se persigue mediante ese código es la penalización de la prostitución callejera, pero hoy en día, el negocio no está en esa forma de prostitución, sino en este tipo de casas, departamentos y locales que son anunciados en los medios para el ejercicio de la actividad ilegal que es la explotación de mujeres. La ley de faltas es la criminalización primaria de las mujeres más pobres.

-¿Qué es lo que se ve habitualmente en los procedimientos policiales?

-Los procedimientos tienen una rutina. Todos, absolutamente todos comienzan por denunciantes anónimos y nunca por investigaciones policiales. Me refiero al ámbito que hace a mi trabajo como defensora federal y en el terreno de los estupefacientes. Las investigaciones por tráfico de drogas, en todos los procedimientos, se inician por denuncias anónimas y nunca la policía investiga el origen de esas denuncias. Esto ya es una pauta de un origen sospechoso, porque nunca se sabe si hay alguien que la formuló o si es la propia policía que justifica su intervención. Por otra parte, las investigaciones policiales están siempre dirigidas al mismo sector, al igual que en el tema de la prostitución, cuando se trata de estupefacientes, están direccionadas a los consumidores o a pequeños vendedores barriales. Nunca, cuando se investiga a un vendedor al menudeo, se lo hace con quien es el proveedor y, mucho menos, con los grandes proveedores. La cadena se corta siempre en el kioskito. Además, la mayoría de los allanamientos son ilegales, las detenciones se hacen del mismo modo y el gran problema es que creo que aquí, el Poder Judicial, no cumple su rol en cuanto a controlar los procedimientos policiales. Y pasa lo mismo en el ámbito federal que en el provincial, al que conozco por el ejercicio profesional. En los juzgados de instrucción provinciales sucede lo mismo respecto de los procedimientos de la fuerza, no hay verdaderas investigaciones y siempre se persigue a los eslabones más vulnerables.

-Se puede hablar de un perfil social de la policía, ¿quiénes quieren serlo y llegan a esa meta, en términos generales?

-Sin la pretensión de un análisis sociológico, puede decirse que en general suelen ser jóvenes de extracciones sociales humildes, de clase media hacia abajo, sin la suficiente preparación, sin el necesario sueldo y sin la indispensable formación en lo que es la cultura del respeto por las garantías. En relación con el imaginario social que se advierte en relación con la policía, se perfila como muy contradictorio, ya que por un lado no se le tiene confianza a la institución y permanentemente se habla de los circuitos de corrupción, de coima. Es decir, se rechaza y se advierte sobre esa corrupción, pero por otro lado, cada vez que se reclama seguridad, se plantea a los gobiernos que amplíen el espacio policial para ser protegidos. No se puede pedir seguridad a los mismos que se acusa de corrupción, se trata de una gran contradicción y una de las expresiones más grandes y más patéticas de lo que es la falta de confianza de la sociedad en la policía se ve, por ejemplo, en que en los Tribunales Federales hayan instalado buzones para recibir denuncias anónimas. Además de que la denuncia anónima es un acción ilegal, no debería tenerse en cuenta como procedimiento, porque como mínimo, quien denuncia, debe ser un testigo al que se pueda interrogar.