Cuando una mujer pobre interrumpe un embarazo no deseado con métodos que ponen en riesgo su vida, el hospital público es el único lugar al que puede recurrir. Y aunque buena parte de las camas de las maternidades están ocupadas por pacientes -la mayoría jóvenes- que pasan por ese trance, el Estado no tenía hasta el año pasado ninguna premisa para atenderlas. Quedaba al arbitrio de los trabajadores y profesionales de la salud, que muchas veces las maltrataban e incluso podían denunciarlas por violar el artículo 86 del Código Penal. Pero desde agosto del año pasado, existe a nivel nacional una Guía para el Mejoramiento de la atención post-aborto, incorporada al Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica. La diputada provincial Alicia Gutiérrez (ARI) presentó un proyecto en Legislatura para que la provincia adhiera e implemente esa resolución del Ministerio de Salud de la Nación, que data de agosto pasado, y garantice la aplicación de las normas en el marco del plan de Salud de la provincia.

El proyecto, presentado hace pocos días en la Cámara de Diputados, deberá ser tratado por las comisiones de Salud y de Asuntos Constitucionales. "Espero que tenga un tratamiento rápido, porque muchos de nuestros proyectos referidos a derechos de las mujeres no son tratados, directamente. Y de lo que se trata es de que terminen de morir mujeres por causas de abortos", explicó Alicia Gutiérrez, quien había presentado un proyecto para mejorar la atención de mujeres que llegan a los hospitales públicos con consecuencias de aborto, antes de la firma de esta resolución nacional. Pero nunca fue tratado en las comisiones.

En los fundamentos, el proyecto sostiene que "se basa en los derechos humanos". Convencida de que el aborto es un problema de salud pública antes que moral o religioso, la diputada provincial que preside la Comisión Nacional de Salud del ARI considera: "Si frente a un embarazo no deseado, ser pobre es una carga, ser niña adolescente es casi una tragedia. La situación de temor, de vergüenza, instala como única salida el aborto clandestino. La consecuencia práctica de éste arroja resultados que van desde la muerte a la esterilidad". En ese punto, es esencial que las mujeres más vulnerables, esto es, las que no pudieron pagar la interrupción de su embarazo en las condiciones seguras que brinda una clínica privada, sean protegidas por el Estado. En cambio, en febrero de 2005 una joven mujer fue denunciada a la Justicia, en el hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo.

"Las condiciones en las que llegan las pacientes al hospital son variables que contemplan el legrado post-aborto, y junto con esto la probabilidad de secuelas que inciden de manera negativa en una instancia de reproducción posterior", indica Gutiérrez en su proyecto, donde se señala también que "la intervención oportuna y la atención humanizada instalan la urgencia de la aplicación de esta guía, para elevar la calidad de la atención, al igual que una buena atención médica en situaciones de aborto".

Para garantizar esa atención, la legisladora pide que el protocolo firmado el año pasado por el ministro de Salud Ginés González García "sea repartido en los Centros de Salud, Maternidades, Hospitales y demás efectores públicos en el territorio de la provincia". Para eso, indica que el proyecto se funda "a partir de una perspectiva global del derecho a la salud y a la atención médica". Por eso, la guía establece la capacitación del personal que trabaja en el sistema de salud.