La baja en la edad de imputabilidad de los adolescentes en conflicto con la ley penal, de 16 a 14 años, es agitada o propuesta de manera recurrente como la llave que abriría la puerta hacia una sociedad "sin delito". En algunos casos el pedido surge desde los sectores que no se cansan de pedir mano dura y que tuvieron un "adalid" en aquel falso ingeniero Juan Carlos Blumberg que consiguió - mediante una conducta vergonzoza de muchos legisladores- algunos de sus propósitos. Pero también hay representes del llamado "progresismo" que impulsan cambios. En una y otra situación, con las abismales diferencias que existen en las intencionalidades de quienes sostienen las respectivas argumentaciones, se desconocen derechos convencionales firmados por la Argentina y que adquieren rango constitucional. Los involucrados, esos niños adolescentes tienen una única pertenencia de clase: se trata de los más pobres, de los hijos de segundas o terceras generaciones sin trabajo, de quienes fueron empujados al abismo de la exclusión. La abogada penalista, defensora pública en el Tribunal Federal Oral Nº 2 de Rosario, Matilde Bruera, quien también es directora del Centro de Derechos Humanos "Juan Carlos Gardella" de la Facultad de Derecho de la UNR y el ex director de Minoridad y Familia durante el gobierno de Carlos Reutemann, entre 1993 y fines de 1995, Néstor Ciarniello, también fue asistente técnico en la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia durante el último gobierno de Jorge Obeid y asesor del Ministerio de Desarrollo Social , se pronuncian contrarios a la baja de la edad.

Bruera lamenta que en la Argentina cada vez que aparece la discusión acerca de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, en relación con el sistema penal, "se ponga el carro delante del caballo y aparezca como que todo se centra en la edad de imputabilidad penal, para lo cual se agitan estentóreamente hechos de inseguridad". Y luego señala como un "gran avance" la sanción de la ley 26.061, de Protección Integral de Niñas. Niños y Adolescentes, que derogó la Ley de Patronato, la Nº 10.903, que como ella explica fue el pilar del llamado sistema tutelar, "por el cual el Estado se hacía cargo de los niños pobres mediante el encierro llamado eufemísticamente "disposición" " y que no termina de ser desterrado".

Cuando como en este tiempo la baja en la edad de la imputabilidad de los chicos se invoca de manera recurrente, Bruera dice que "parece no advertirse que hay un estándar de derechos humanos, vigente a partir del derecho convencional, que reconoce a los niños los mismos derechos humanos que a los adultos, y aun más, según la Opinión Consultiva 17/02 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y plantea con la categoría de "increíble" que los jueces sigan utilizando el decreto de la dictadura (decreto"ley del año 1980 22.278/22.803) "para intervenir discrecionalmente adoptando medidas violatorias de los más elementales derechos como son las garantías que tiene toda persona frente al poder punitivo del Estado".

Sobre los niños, y con independencia de su edad, la defensora pública del Tribunal Federal Oral Nº 2 explica que son "dispuestos y mandados a instituciones de encierro" por el sólo hecho de estar abandonados, o en una situación que se vea como irregular. Luego aborda, como más abajo lo hará Ciarniello, la criminalización de la pobreza que por lo especialmente peligrosa en esta franja etárea, fue otra vez "descalificada" por los estudios hechos públicos por el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Raúl Eugenio Zaffaroni, "en estos días, en los que evidencia que la incidencia de niños en hechos delictivos graves es casi nula".

"Las políticas públicas vinculadas a la niñez parecen indicar una tendencia nueva", considera Matilde Bruera cuando se refiere a la asignación universal por hijo, "que quedará lejos de resultar positiva si no se frena la corriente de exclusión social que desde hace varias generaciones viene expulsando a los más jóvenes a la indigencia y la culpabilización social".

La también directora del Centro de Derechos Humanos "Juan Carlos Gardella" de la Facultad de Derecho recuerda que en 1976, a poco de iniciada la dictadura, se promulgó la ley 21.338 que modificaba el Código Penal, al endurecer escalas y medidas, "y entre ellas, se bajó la edad de imputabilidad de los menores a 14 años, retrocediendo en relación al Código Penal de 1922". Luego enumera que en 1980 se publicó el decreto 22.278 que mantiene ese tope, y que fue en vísperas del período democrático, en 1983, "cuando la última junta militar repuso los 16 años como límite de imputabilidad penal. La recuperación de ese tope, formó parte de la lucha de los sectores más democráticos contra la dictadura y la mano dura, y esta mirada no puede soslayarse en la discusión".

Buera está a favor de la elaboración de una legislación de Responsabilidad Penal Juvenil que, dice, "podría saldar esta tendencia intermitente si derogara el decreto de la dictadura y terminara con la arbitrariedad reinante en la materia", pero "aclara , "que esa legislación no tiene porqué armarse negociando el bajar la edad de imputabilidad". Sobre el mismo aspecto la abogada Matilde Bruera explica que es importante diferenciar "el discurso de los que arremeten contra la vulnerabilidad en pos de sus campañas políticas de ley y orden, del de aquéllos que discuten en el marco de posibilitar el reconocimiento del niño como sujeto de derecho pleno".

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reincidencia

El ex director provincial Néstor Ciarniello coincide con Bruera en que la baja en la edad a partir de la cual se imputa a los adolescentes aparece en la discusión social, y más de una vez, agitada por los posicionamientos mediáticos favorables a ese reclamo, cuando ocurre algún hecho que se ubica de manera genérica en el rubro de la inseguridad. "¿Por qué ese reclamo, esa idea?", se interroga Ciarniello y una primera respuesta es la de que no existe la voluntad de pensar en cuál es el problema. "Claro que hay una sociedad autoritaria que pide por represión, pero también tengo que reconocer que cuando las personas pueden escuchar un razonamiento distinto, cuando se puede reconocer cuál es el conflicto central, hay muchos que pueden tener otra comprensión y aún cambiar la visión de la represión por la de la formación". La reflexión de Ciarniello que en la actualidad trabaja en el centro comunitario situado en calle Barra y las vías del Ferrocarril, que lleva el nombre de Padre Mujica, está referida a los proyectos y discursos oficiales, para el caso el del gobernador bonaerense Daniel Scioli en cuanto a situar el punto de la imputabilidad en los 14 años: "Lo único que hacen es favorecer la represión porque se cambia la figura del juez tutelar que está en la ley 22.278 por la de un juez penal que sirve para incriminar y finalmente condenar con la privación de libertad". Así el chico "que está en edad de formación, de educación, ¿qué recibe": la represión vía policial y vía derecho penal. Yo lamento "continúa , que el integrante de la CSJ de la Nación, Raúl Zaffaroni, esté en una posición ambigua.Yo aprendí de su Manual de Derecho Penal que la sanción es totalmente penal y no tiene nada que ver con una medida socioeducativa. Y si fueran de la calidad de estas últimas, se tienen que dar en un ambiente de formación y de libertad, de lo contrario no tienen los efectos deseados".

Otra idea que Ciarniello expresa como parte de su pensamiento contrario a la aludida represión es el nivel de reincidencia que existe en los adolescentes que están en conflicto con la ley penal más allá de que hayan sido reprimidos y encerrados: "La realidad dice una verdad y es que los chicos que tienen varios hechos cometidos, dos tres, diez, veinte, vuelven a reincidir en un ochenta u ochenta y cinco por ciento según las estadísticas. Este es el gran fracaso de las políticas públicas, de toda la sociedad y de todas las instituciones. Entonces ¿por qué se repite lo mismo" Los chicos no pueden construir su proyecto de vida, es el más terrible fracaso, eso es la nada y frente a la nada ¿qué ocurre": "las náuseas" de la que hablaba (Jean Paul) Sartre. Frente a las náuseas, la depresión y por allí se pegan un tiro, como Sergio". Néstor Ciarniello se refiere al joven de 16 años que se suicido en Ludueña el 1º de enero pasado con la foto de su beba en su pecho "por la impotencia que da la falta de un proyecto de vida. Entonces uno se dice que también 'se suicidan cuando van a robar, por las condiciones en que lo hacen y a veces, en algunas oportunidades matan, pero siempre salen perdiendo".

Cuando el ex director de Minoridad y Familia que es autor del libro "El taller del diablo El régimen de responsabilidad juvenil ¿Propuesta liberadora o alucinación mortal" habla de que todas las instituciones fracasan se refiere también al Instituto de Rehabilitación del Adolescente Rosario (IRAR) ya que sostiene que a él no le caben dudas acerca de que hay "buenos programas y gente interesada en trabajar puertas adentros del instituto cerrado, pero dice , qué pasa cuando el chico sale"¿El gobierno lo prepara", ¿le ayuda a construir un proyecto de vida" No, el Estado está ausente y esos proyectos que se hacen 'en nombre de los chicos' los de la baja de la imputabilidad , señalan que tienen derecho a tener abogados defensores pero también que tienen fiscales que los acusan y jueces que los condenan".