"Hay una distancia abismal entre lo que se dice y proclaman y lo que efectivamente pasa en la vida cotidiana de cada uno de los pibes que deberíamos estar resguardando y cuidando", lanzó Andrea Labartete, médica integrante de la Comisión de Monitoreo de Políticas de Alojamiento para Niños/as y Adolescentes sin cuidados parentales. Esa comisión, creada por resolución ministerial de marzo de 2013, publicó una durísima declaración la semana pasada en la que cuestiona las políticas de Niñez provincial y municipal. En diálogo con Rosario/12, algunas de sus integrantes aseguraron que estas falencias hacen "estragos" en la vida de las niñas y niños que deberían proteger. "Uno ya sabe que es crónica de una muerte anunciada y nosotros las vemos, las padecemos y las lloramos permanentemente", expresó Labartete. La acefalía de la Dirección de Niñez, en la que renunciaron primero Lautaro D'Anna y luego Geraldine Gahn, también expresa, para estas especialistas, el lugar que el área ocupa en la gestión. Como así también la precarización laboral de quienes deben intervenir en situaciones extremas de vulneración de derechos.

"Acá no hay una decisión política en jerarquizar y cuidar a estos trabajadores porque justamente están trabajando con esta población. No se cumple con el sistema integral y sin lugar a dudas la responsabilidad es de la Subsecretaría de Niñez", apuntó Melina Arrieta, trabajadora social que también integra la Comisión. Incluso, Labartete consideró que "los pobres directores han intentado manotazos de ahogado y la Subsecretaría no baja una línea política clara". Otra de las integrantes, la abogada Jorgelina Rumene asegura que "también hay dificultades para la conformación de los equipos".

Las falencias agravan las condiciones de vidas concretas. "Se está corroborando que niños cada vez de menor edad y sin circuitos previos de calle hoy están en la calle con todos los riesgos que implica. Hoy es un recurso más", agrega Labartete. La comisión está integrada también por las trabajadoras sociales Delia Gauna y Fernanda Facciano; como así también por el abogado Gustavo Lorenzo, y las psicólogas Marcela Lapenna y Silvia Lampugnani. Fueron convocados originalmente para acompañar la intervención "que terminó con el cierre" del Hogar del Huérfano. Más tarde, se transformó en otra comisión, creada por la propia ministra de Desarrollo Social Mónica Bifarello, para monitorear los lugares donde eran derivados los niños y las niñas sobre los que se tomaban medidas excepcionales de separación de su familia, previstas por la ley provincial de infancia 12.967. "En un sistema de protección integral, hay que pensar en toda la población infantil. La mayoría de la población infantil de los niños de sectores con vulneración de derechos estructurales no tiene garantizados los derechos que la ley establece. Partiendo de ahí, tenemos naturalizada la vida de los niños en la calle", dio un marco general Labartete, quien consideró que "un sistema de protección integral debería estar interviniendo desde mucho antes que la toma de una medida excepcional. Cuando uno dice que hay que tomar una medida excepcional es porque las políticas del estado fracasaron".

Para Gauna, desde el estado "se reparten papelitos de colores anunciando y mostrando, inaugurando continuamente cosas que después en la práctica concreta no existen, no existen para cambiar ni modificar la vida de los chicos".

Las especialistas entrevistadas coincidieron en señalar que desde la Subsecretaría de Niñez se desestiman situaciones "todo el tiempo". "Todo es no. Hay una política de filtro sobre lo que es urgente y lo que irrumpe como un riesgo extremo para un niño. Por lo general, los equipos de Niñez lo retrabajan de manera tal que parece que esa urgencia no es tan así y vuelven la pelota al primer nivel territorial", contó Rumene. Es decir, dejan al niño en la misma situación. Y relató que la manera de desestimar, a veces, "ni siquiera es por escrito. Si vos, como institución, estás presentando en el equipo de admisión un pedido de medida de protección excepcional respecto de un niño en situación de calle que ni siquiera se afilia a su familia de origen, siempre tenés como la primera respuesta el no". En ese punto intervino Facciano, quien apuntó que los equipos territoriales tienen el trabajo adicional de "ir a convencer a los profesionales de lo que vos estás diciendo es verdad".

Los mismos funcionarios han dejado al descubierto esta decisión. "El director anterior Lautaro D"Anna había explicado que de cien pedidos que les llegaban de las instituciones barriales, en sólo 10 o 15 prosperaban las medidas de protección excepcional, y el chico se alojaba en una institución", señaló Rumene. Los funcionarios lo tomaban "como algo beneficioso para la dirección, porque consideraban que en realidad la situación no había estado trabajada acabadamente, no se habían agotado las medidas de protección. Pero el problema está en que las situaciones que rebotan es muy difícil volver a trabajarlas en terreno. Tampoco hay una política de trabajo ni políticas públicas claras que fortalezcan todo lo que no es medida excepcional".

Para Facciano, tiene una explicación concreta. "Hay un estado que se ha desmembrado, porque había muchas cuestiones que se trabajaban en el territorio. Estaban los centros crecer, los operadores de calle, que hoy tienen la orden de de trabajar sólo con adultos", relató.

Porque la medida excepcional no es el final del trabajo con un niño, sino que supone una continuidad. "Cuando el equipo territorial encuentra una situación de vulneración de derechos que pone en riesgo la vida de un niño, y se requieren de medidas de protección integral o excepcional, que hay que transmitir claramente que no implican"más allá de que haya que separar al niño de su centro de vida" desafiliarlo de su vida. Ahí se debería instalar el trabajo permanente y sostenido con la mamá, con los hermanos, con la familia, para garantizar una revinculación en condiciones adecuadas", apuntó Labartete.

Para las profesionales, la política integral parte, justamente, de un abordaje múltiple. "Tampoco hay una relación interministerial, esto de la vulneración no les compete sólo a quienes trabajan en Niñez. Hay que ver qué pasa con Educación, con Salud, con Vivienda, con Cultura", apuntó Arrieta, y Rumene agregó: "está previsto en la ley que confluyan los ministerios vinculados a infancia". Labartete aportó "que se supone que se representa y confluye en el Consejo Provincial de Infancia, pero se reúne cada tres meses".

En enero, la comisión tuvo una reunión con la ministra de Desarrollo Social y obtuvieron la promesa de reunir a las áreas de salud mental, discapacidad, niñez, adicciones y educación y cultura, es decir "una mesa chica para armar una política de infancia", dijo Labartete. Nunca ocurrió

Aunque no se solazan en situaciones específicas, Labartete contó: "Hay niños que han estado alojados en instituciones a las que la propia Dirección no les renovó convenios por no tener las condiciones para alojar niños".

Labartete expuso otras críticas concretas. "La dirección ha llegado a situaciones tan esquizoides como tomar una medida de adoptabilidad para un hermano y a otro dejárselo a la madre. La última denuncia que recibió esta comisión es la de dos hermanas que quieren estar juntas, pero la Dirección no acepta a una que estuvo viviendo casi nueve meses a una sala pediátrica de un hospital sustituyendo un lugar de alojamiento porque los hogares no la recibían. Las niñas quieren verse y la Dirección no le permite a una de ellas entrar a un hogar del estado".

Ese estado de cosas tiene, según planteó Labartete, efectos concretos en los trabajadores del área. "Los compañeros, por el estado de caos, que no hay una política, una planificación estratégica, intervenciones articuladas, al no haber acciones que les permitan verificar que están al servicio del cuidado de un niño, los propios trabajadores o los acompañantes personalizados no quieren ser más testigos impotentizados de cómo se estraga la vida de un chico", señaló la médica del área de Salud Mental del Hospital Vilela.

Gauna sumó en el mismo sentido. "En el Centro de Asistencia a la Víctima están llamando profesionales de centros de salud para derivar casos y preguntar qué hacer porque cuando piden una medida excepcional les dicen que ellos criminalizan la pobreza", contó.

Las críticas se multiplican. "Hay que imaginarse a un chiquito está en su centro de vida. Se toma una medida excepcional, ingresa en la institución. Para la cabeza de este niño, de pronto su mundo de adultos son 25 desconocidos que se pelean entre ellos y le dicen cosas distintas. Sigue siendo terrible porque es la intervención que más objetaliza al niño, que lo fragmenta. En el territorio quedó un equipo que se desvincula, el equipo de la dirección que tomó la decisión, prácticamente, después se olvida de ese pibe y aparece el equipo de la institución", es el descarnado relato de Labartete. Después, señalan las profesionales, "ese chico no cree más en nadie", sobre todo cuando sus condiciones de vida empeoran.

Tras la declaración pública de la Comisión, recibieron adhesión de distintos profesionales y trabajadores. Qué respuesta esperan de las autoridades" "Que se arme la mesa chica prometida, que se defina una política integral de infancia real, que se generen condiciones de laburo para la gente y precisiones para establecer cuáles son los derechos prioritarios que deben garantizarse a los pibes", enumeró Labartete y Facciano agregó "que se nombre un Director de Niñez idóneo, eso es fundamental".