El ex Personal Civil de Inteligencia del Ejército, José Luis Troncoso, detenido hace 48 horas en el marco de la causa Guerrieri, fue indagado ayer por el juez federal Marcelo Bailaque y el fiscal Gonzalo Stara. Según pudo reconstruir Rosario/12 Troncoso se negó a contestar preguntas, aunque reconoció que fue suboficial del Ejército desde 1973 a 1976, hasta que solicitó la baja voluntaria para ingresar en

enero de 1977 al Destacamento de Inteligencia 121 en calidad de Personal Civil.

En este rol, dijeron las fuentes consultadas, manifestó que "trabajó en el archivo para luego ocuparse de la parte gremial, afirmando que en ese momento el cordón industrial estaba conflictivo".

Por otro lado afirmó que "de todas las personas que se le nombró, solo reconoce a sus jefes, mientras del resto no recordó a nadie".

En rigor el fiscal Stara le imputó a Troncoso haber intervenido, bajo el pseudónimo de Javier Leonardo Torres o el apodo de Negrito Torres, como PCI del Destacamento de Inteligencia 121, dependiente del Segundo Cuerpo de Ejército, junto con Luciano Jauregui, Juan Daniel Amelong, Rodolfo Costanzo, Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Walter Pagano, Ariel Porra, Alberto Pelliza, Oscar Marino González, Juan Cabrera, Tomás Gurrera, Ariel López, Walter Roscoe, Carlos y Gabriel Isaach, Adolfo Scilabra y Vera, entre otros en el marco del plan clandestino y sistemático de persecución, secuestro, torturas y desaparición física. Concretamente se le imputa haber intervenido en la privación ilegítima de la libertad de Luis Megías y Viviana Nardoni, Rafael Bielsa, Mercedes Domínguez, Adriana Quaranta, Elena Sarnari y Susana Citta, Santiago Mac Guire, Juan Rivero, Ramón Aquiles Verón, Adriana Arce, Tito Messiez, y todas las víctimas de la Quinta de Funes, entre otras muchas víctimas que llegan a 65.

Luego de la indagatoria, el juez Bailaque decidió mantenerlo detenido hasta que se resuelva su situación procesal.

Troncoso fue capturado el martes en Rosario, nueve días después de haber sido incluido en el listado de terroristas de estado buscados con recompensas de hasta 500 mil pesos del Ministerio de Justicia de la Nación.